Aitana Mas, durante una rueda de prensa del pleno del Consell. Foto: ANTONIO PRADASVALÈNCIA. La Fiscalía de Menores supervisará a partir de ahora el expediente de posible desprotección del hijo mayor de la joven abusada por el exmarido de Mónica Oltra. Así figura en el último escrito remitido por el Ministerio Público a la Conselleria de Igualdad, con fecha del pasado 2 de julio.
Como ha informado Valencia Plaza, el departamento que ahora dirige Aitana Mas remitió a la Fiscalía diversos informes sobre la situación de la chica, que tiene 20 años, para que decidiera si adoptar medidas. Ésta abrió expediente, pero ahora lo ha devuelto a la dirección territorial de la Conselleria. En la comunicación, ordena que informe periódicamente sobre la situación del niño, de alrededor de un año, y de las medidas acordadas respecto del mismo. Además, le hace saber que no corresponde al Ministerio Público la valoración y adopción de decisiones, sino que es una competencia de Igualdad.
El desarrollo de los actuales acontecimientos, que han generado un importante embrollo sobre cómo gestionarlos, parte de diversos informes que recibió Igualdad tras el aviso de los servicios sociales de Atención Primaria de una mancomunidad de La Ribera Alta. Entre ellos figuran los de una matrona y la Guardia Civil.
Según ha podido saber Valencia Plaza, se relata que el pasado enero una persona vinculada a Teresa, la chica que sufrió los abusos sexuales, acudió a un centro de salud con el hijo de ésta. Allí, al parecer, informó de las circunstancias de ambos y de que dormían en la calle. Los servicios sociales comenzaron entonces a realizar un seguimiento sanitario a la familia y, posteriormente, dieron aviso a la Conselleria que, todavía en ese momento, dirigía Oltra.
Así, comunicaron los problemas que estaba atravesando la joven, quien el pasado martes dio a luz a su segundo hijo. La carencia de ingresos y de vivienda, residencias itinerantes en varios municipios, descuido de los controles de embarazo, sustancias tóxicas o conflictos son algunos de los aspectos que figuran en los informes.
Una vez recibidos en mayo por la Conselleria comenzó el recorrido administrativo. Primero llegaron a la dirección territorial de Valencia que encabeza Carmen Fenollosa. Y de ahí pasaron a la dirección general que ocupa Rosa Molero. Ambas se encuentran imputadas por el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia y el magistrado cree que tanto ellas como una decena más de cargos trataron de obstaculizar la investigación de los abusos e, incluso, de ocultarlos.
La situación judicial condicionó la toma de decisiones sobre el hijo de la víctima. Pese a que el proceder habitual tras ese tipo de informes –que llegan con asiduidad a la Conselleria– habría sido el de establecer medidas, optaron por evitar el pronunciamiento y remitirlo todo a la Fiscalía de Menores –algo que ocurrió pocos días antes de que Oltra abandonara su cargo–. Un comportamiento que da cuenta del temor que genera firmar cualquier documento relacionado con este asunto y de las dificultades que está provocando la investigación sobre lo sucedido en la gestión diaria.
El Ministerio Público abrió entonces, el pasado 17 de junio, un expediente de protección de menores (y dio cuenta al juzgado que instruye la causa contra los cargos de Igualdad). Esa intervención se realiza cuando se detecta una situación de riesgo y existe la posibilidad de que dure hasta que el niño sea mayor de edad. Aunque puede derivar, en última instancia, en una retirada de la patria potestad, no tiene por qué suceder y tampoco supone directamente desamparo o desprotección del bebé.
Ahora lo ha devuelto a Igualdad, que tendrá que ser la que tome las medidas oportunas. Fuentes de la Conselleria explican que se encuentran ampliando las averiguaciones sobre la situación familiar y han pedido distintos oficios tanto a la Guardia Civil como a los servicios sociales. Si se llegara finalmente a proclamar una propuesta de desamparo por parte de servicios sociales, se trasladaría a la Comisión de Protección de la Dirección Territorial y a la Fiscalía para que tengan conocimiento.
La Conselleria explican que se encuentra ampliando las averiguaciones sobre la situación familiar y han pedido distintos oficios tanto a la Guardia Civil como a los servicios sociales
En el caso de que la mencionada propuesta fuera procedente, se declara como tal, se tutela, se decide forma de guarda (acogimiento familiar o residencial), se elabora un Plan de Protección y se informa de nuevo al Ministerio Público. Este, sin embargo, es el último paso.
Una de las cuestiones que destacan sobre la víctima es la falta de ayudas públicas. La prestación de la Renta Valenciana de Inclusión normalmente puede ser recibida por extutelados por la Generalitat debido a que suelen reunir todos los requisitos para optar a ella al tratarse de personas muy vulnerables. De hecho, existe un procedimiento especial que les habilita para reclamarla seis meses antes de su salida de los centros de menores.
En el caso de Teresa no ha ocurrido. Según fuentes de la Conselleria, en 2021 acudió al Ayuntamiento de Torrent a solicitarla, pero posteriormente no presentó la documentación necesaria. Posteriormente, en 2022, se le propuso una tramitación extraordinaria, pero al parecer tampoco se realizó finalmente debido a que los ingresos que recibe de particulares superaban el mínimo para reclamar la Renta Valenciana de Inclusión.
