Casva se adjudica la vigilancia y seguridad de los edificios de la Generalitat en Castellón

El nuevo acuerdo marco para la contratación de estos servicios ha sido elaborado y tramitado a través de la Central de Compras y tiene un valor estimado de 131,9 millones de euros, con un plazo de vigencia de cuatro años sin posibilidad de prórroga, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Además de las consellerias y del sector público instrumental, también serán destinatarios del referido acuerdo marco el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell Valencià de Cultura, el Comité Económico y Social y la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, al haberse adherido al mismo de forma voluntaria.

La administración autonómica ha señalado que se ha incrementado el número de empresas que ha presentado oferta con respecto al anterior acuerdo marco de 2018 y que finalizó el pasado mes de agosto. En concreto, las empresas que han presentado oferta han sido quince.

La contratación se ha dividido en nueve lotes con el objetivo de favorecer la competencia y concurrencia de licitadores, que podían presentar oferta a los lotes que tuvieran por conveniente. No obstante y para favorecer una mayor concurrencia, cada licitador sólo podía ser adjudicatario de tres lotes como máximo, ha precisado la Generalitat.

Igualmente, ha añadido, los lotes se han configurado teniendo en cuenta el volumen de los servicios que comprende cada uno con el fin de conseguir mayor igualdad entre ellos.

Las empresas adjudicatarias han sido las siguientes: Med Seguridad SA, Clece Seguridad SAU, Fomento Valencia Seguridad SL y Casva Seguridad SL.

Criterios de adjudicación

Para analizar las proposiciones y seleccionar la mejor oferta se han contemplado criterios tanto económicos (personal y servicios de mantenimiento), como cualitativos (formación, inspecciones adicionales del servicio o tiempo de respuesta para suplir ausencias no previstas) y medioambientales (ropa y calzado de trabajo sostenibles).

La administración autonómica ha resaltado que con este nuevo acuerdo marco se persigue continuar con la prestación de este servicio "considerado indispensable para el buen funcionamiento de las distintas sedes administrativas" y ha asegurado que se garantiza la seguridad de las personas y los bienes e instalaciones de los diferentes edificios de las entidades vinculadas a él.