VALÈNCIA. El modelo de asistencia gratuita en la Comunitat Valenciana que desde 2017 ha impulsado la Conselleria de Justicia incluye una nueva previsión para el próximo año articulada a través de los Presupuestos de la Generalitat. Se trata de un servicio de orientación y asistencia jurídica especializada en emergencia social y energética dirigido a familias y empresas. En definitiva, ofrecer asesoramiento gratuito en los casos de problemas con las eléctricas.
Desde el departamento que dirige Gabriela Bravo explican que, ante la situación de crisis energética, el objetivo es reducir las dificultades de los usuarios a la hora de acceder a la justicia gratuita. Mediante resolución, la Conselleria tiene capacidad de establecer servicios específicos de orientación que se crearán por los Colegios de la Abogacía en función de los medios materiales y personales de que dispongan (algo que, en todo caso, quedaría por ver).
Esto se traduce, indican, en que si una pyme, un autónomo, una empresa o un ciudadano de a pie tiene problemas con, por ejemplo, cortes de luz, pueda recibir un asesoramiento jurídico gratuito. Es decir, que un abogado le informe para garantizar que sus derechos están protegidos y le oriente sobre la posibilidad, en determinadas circunstancias, de iniciar procedimientos judiciales contra las eléctricas.
Bravo expuso este miércoles durante un desayuno informativo los principales ejes de las cuentas de 2023: la justicia gratuita, la inversión en infraestructuras y la atención a víctimas del delito (la mitad de las cuales son de violencia contra la mujer).
El Plan de Infraestructuras Judiciales, que ha sufrido notables retrasos a lo largo de esta legislatura, incluye para el próximo año 87 millones de euros. De ellos, 44,27 para obras nuevas y 21,61 para reformas. Entre los proyectos principales se encuentra la rehabilitación integral del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), cuyas obras ya han comenzado.
De acuerdo con la previsión, en 2023 habrán comenzado más del 70% de las obras de nueva construcción (Alicante, Alzira Llíria, Gandia y Torrent) y se habrán iniciado el 100% de las rehabilitaciones (TSJCV, Vinaròs y Torrevieja).
En la lucha contra la violencia de género, la inversión de la Conselleria se cuantifica en 23,6 millones de euros. Se destinarán mayoritariamente a los juzgados especializados en esta materia (hay un total de cinco en la Comunitat) y a la asistencia a las víctimas. Concretamente, a través de las oficinas de denuncias (hay dos abiertas, en Valencia y en Castellón, que hasta la fecha han atendido a 2.151 mujeres), de las oficinas de atención a las víctimas del delito y de la asistencia jurídica gratuita para las mujeres víctimas.