Francis Puig, el pasado lunes. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La Generalitat Valenciana ha solicitado el reintegro de diversas subvenciones percibidas por las empresas de Juan Enrique Adell Bover, investigado por un supuesto fraude en las ayudas concedidas por la citada Generalitat Valenciana, el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Cataluña. Una causa en la que también se encuentra investigado el empresario Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
Precisamente este miércoles le tocó el turno a Adell Bover declarar ante el Juzgado de Instrucción número 4 de València por esta causa, iniciada tras una denuncia del PP en 2019. Una sesión que duró tres horas y en la que, según fuentes conocedoras de la misma, el empresario castellonense admitió que tiene varios procedimientos -hasta siete- abiertos para el reintegro de subvenciones percibidas, si bien el investigado matizó que dichos expedientes de devolución están recurridos y se está aportando la documentación justificativa.
Una situación que contrasta con la de Francis Puig, quien en su declaración este lunes ante el juez, aseguró que desde la Generalitat nunca se les había abierto un proceso de reintegro ni se les había cuestionado ninguna factura. Durante la sesión, el empresario recalcó además que no había sido socio de las mercantiles de Adell Bover y calificó de meramente comercial su relación.
En este sentido, tal y como informó Valencia Plaza, una de las dos principales productoras de la familia Adell Bover, ha entrado recientemente en concurso de acreedores. Se trata de Canal Maestrat SL, que hace solo unos días solicitó el concurso voluntario, que ha sido aceptado y ya tramita el Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Castelló de la Plana.
Así, las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil recogen una evolución negativa de Canal Maestrat, con una caída de ingresos destacada en 2020. Una circunstancia en la que podría haber influido la solicitud por parte de la Conselleria de Educación de la devolución de unos 200.000 euros -la mayoría a Canal Maestrat- correspondientes a las subvenciones para la promoción del valenciano.
En sus declaraciones en la puerta del juzgado donde acudió a declarar este miércoles, Juan Enrique Adell Bover también puso distancia con Francis Puig, tal y como había hecho este último en su declaración del lunes. Así, negó formar parte de cualquier asociación ilícita ni de compartir ningún negocio fraudulento en relación con la adjudicación de subvenciones ni tampoco ningún vínculo societario con el citado empresario.
La existencia de una connivencia supuestamente ilícita entre Adell y Puig para la adjudicación de subvenciones fue apuntada en una declaración ante la Fiscalía por la exmujer del primero, con la que el empresario ha admitido que todavía mantiene desencuentros judiciales por la liquidación de sus bienes gananciales tras un proceso de divorcio.
Al igual que hizo este lunes Francis Puig, Adell Bover consideró "imposible" la existencia de un delito de fraude de subvenciones, porque según subrayó, los fondos obtenidos a partir de ayudas públicas no superaron los 120.000 euros en un único ejercicio.
Respecto a las dudas expuestas por la fiscal sobre el pago de determinadas facturas que sirvieron para justificar la solicitud y la concesión de subvenciones por parte de los gobiernos valencianos y catalán, Adell Bover se comprometió a presentar justificación de las mismas.
Al igual que Francis Puig el lunes, también apuntó la posibilidad de que algunas de esas facturas no se abonasen porque fueron "compensadas", es decir, que se prestaron o recibieron servicios por parte de otras compañías que eran, a la vez, cliente y proveedor. En cualquier caso, también se comprometió a presentar justificación documental de todo ello.
