quinta jornada del juicio sobre el 'caso castor'
"La gente tenía miedo de que le cayera un edificio"
26/10/2021 -
CASTELLÓ (EFE). La quinta sesión del juicio sobre el caso Castor ha acogido este martes varios testimonios sobre los efectos de los sismos que causaron la inyección de gas en la planta situada frente a Vinaròs, y ha mostrado los diferentes puntos de vista de las partes en litigio sobre la base médica y pericial de la "ola de pánico" que los afectados sufrieron. No en vano, según algunos de ellos, "la gente tenía miedo de que se cayera un edificio".
La jornada de este martes ha girado en torno a esa “ola de pánico” que, según la asociación de afectados Aplaca, se produjo a causa de los cientos de seísmos detectados entre septiembre y octubre de 2013, y por la que 123 miembros de esa entidad reclaman 15.000 euros cada uno a la empresa Escal UGS en concepto de indemnización.
El presidente de Aplaca -denominada hasta 2015 Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia- ha relatado ante el juez de la sección primera de la Audiencia de Castellón la trayectoria de la plataforma, que desde que se anunció el proyecto del almacén Castor en agosto de 2007 se opuso al mismo.
"Escal UGS conocía el riesgo de sismicidad"
“Los responsables de Escal UGS conocían el riesgo de sismicidad en la medida en que nosotros mismos le hablamos de ello en una reunión en Alcanar (Tarragona), celebrada en octubre de 2007”, ha explicado el portavoz de los afectados, que ha añadido que la respuesta de los representantes de la empresa fue que, “como ciudadanos", no tenían "conocimientos científicos" y que adoptaban "una posición alarmante”.
A preguntas de la defensa sobre la reclamación de la plataforma, el presidente de la asociación ha respondido que la cifra solicitada como indemnización se ha calculado tomando como referencia “la sentencia de la Justicia italiana ante el caso Costa Concordia”, sin valorar cada caso de forma particular. Los letrados defensores también han cuestionado el hecho de que la plataforma no impusiera ningún tipo de “restricción geográfica” a la hora de admitir miembros que no se encontraran en la zona cuando se produjeron los temblores.
Tras el presidente han declarado otros tres miembros de Aplaca, dos con domicilio en Vinaròs y uno en Sant Carles (Tarragona), para relatar cómo vivieron los sismos. Una vecina de Vinaròs ha testificado ante el juez el “miedo y la incertidumbre” que vivieron ella y sus dos hijas menores -de 3 y 6 años en aquel momento- tras el primer seísmo y los posteriores simulacros que se hicieron en las escuelas.
"Mis hijas fueron a terapia"
“Mi hija no quería ir a clase, no dormían solas, no iban a ningún lado de la casa solas, hacían pipí en el jardín”, ha relatado esta madre, que afirma que llevó a sus hijas a terapia psicológica, reflexología y acupuntura, entre otros remedios, pese a no poseer ningún informe que lo acredite.
“La gente tenía miedo de que se cayera un edificio. Los que tenían residencia fuera se marcharon. No se hablaba de otra cosa”, ha declarado otra vecina de Vinaròs, que asegura que vivió “con miedo hasta que dejaron de inyectar gas” y que se llegó a “plantear cambiar de residencia”.
Por su parte, el vecino de Sant Carles ha relatado su “miedo y angustia” durante esos dos meses, en los que “hubo gente del municipio que llevaba mudas en el coche por si tenía que salir corriendo”.
Pericial psicológica
Los testimonios de los afectados han dado paso a la declaración pericial psicológica requerida por Aplaca: Rocío Darias y Luis Torres, ambos psicólogos clínicos especialistas en diagnóstico en Madrid, han explicado el objeto y resultado del informe solicitado por Aplaca y que toma como referencia estudios psicológicos realizados a partir de terremotos donde se produjeron víctimas mortales en El Salvador y Nueva Zelanda.
Los especialistas elevaron una encuesta a los 123 afectados en la que tan solo participaron 63 personas finalmente, y cuyo objetivo era recoger información para evaluar si a partir de “la vivencia del hecho traumático” apareció sintomatología de “indefensión y miedo” en el momento mismo en el que se produjo el movimiento, y “malestar, hiperactivación y recuerdos desagradables” más tarde.
De los datos extraídos del cuestionario —no se realizaron evaluaciones clínicas ni se tuvieron en cuenta los antecedentes médicos de los encuestados—, el informe pericial resuelve que el 81 % de los 63 participantes mostró “afectación emocional grave o extrema en el momento de los seísmos”, mientras que "un 99,8 % muestra sintomatología de reactivación y revivencia” posteriormente.
Ese informe ha sido después cuestionado por el doctor en Medicina y especialista en Psiquiatría Javier Ladrón de Guevara, propuesto por la defensa, quien ha declarado ante el juez que “es interesante pero no prueba nada” en cuanto “no se ha evaluado al paciente, no se ha emitido un diagnóstico ni se han tenido en cuenta los antecedentes de cada persona” y, además, entiende que una muestra de 63 personas en este contexto “no es representativa”.
El experto, a petición de los letrados, ha hablado ante la sala de las enfermedades sociogénicas y de los cuadros de sugestión inducida, explicando que “a cualquier persona, si le anuncias que se avecina un riesgo, se preocupa”.
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