VALÈNCIA (EP). La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha cargado duramente contra el preacuerdo entre el PSC y ERC para que Cataluña salga del régimen común y recaude el cien por cien de los impuestos, según los repúblicanos, algo que califican como "una auténtica barbaridad y una verdadera vergüenza" y alertan de que supone "la ruptura total del sistema".
Así se ha pronunciado la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado en un apunte en la red social 'X', recogido por Europa Press, sobre el preacuerdo que anunció este lunes ERC para la investidura de Salvador Illa, que supondría un concierto económico en Cataluña similar al del País Vasco y Navarra.
A falta de conocer los detalles y la postura de los socialistas, los inspectores de Hacienda se han posicionado radicalmente en contra después de que hayan ido ya alertando en las últimas fechas de las consecuencias de que Cataluña recaude el cien por cien de los impuestos, así como de la fragmentación de la Agencia Tributaria.
En este sentido, la Asociación de Inspectores de Hacienda ha ido enumerado los diversos problemas que ello conllevaría: afectaría a la lucha contra el fraude fiscal, a la represión del narcotráfico y podría perjudicar a la 'caja única' de las pensiones y a la gestión de las retenciones, entre otras cosas.
Desde que se conoció la reivindicación independentista de una "soberanía fiscal" para Cataluña como la que ya tienen País Vasco y Navarra, los inspectores de Hacienda han realizado diversas declaraciones, informes e incluso han establecido unas líneas básicas en contra de esta propuesta planteada por el Gobierno catalán.
En cualquier caso, los inspectores de Hacienda presentaron hace unas semanas un informe en el que denunciaban la "inconstitucionalidad" del 'cupo catalán', insistían en que supondría la Agencia Tributaria en Cataluña y alertaban de que esto repercutiría en el fraude fiscal.
Sobre una Agencia Tributaria en Cataluña también se ha pronunciado en reiteradas ocasiones la Asociación de Inspectores de Hacienda, sosteniendo que la división de la Agencia Tributaria atentaría contra la "conculcación de los principios tributarios, fundamentalmente la generalidad, la capacidad económica, la igualdad, la justicia y la eficiencia tributaria".
En su documento de líneas maestras, los inspectores de Hacienda advierten las consecuencias del fragmentación de la Agencia Tribuaria en la gestión y recaudación de los impuestos, en la lucha contra el fraude fiscal y en su función de órgano vertebrador de determinadas ayudas sociales del Estado.
En este sentido, los inspectores señalan que la Agencia Tributaria también ejerce otras funciones, como las relativas a la gestión de otras prestaciones, ajenas al ámbito tributario, como las deducciones en el IRPF, las ayudas para madres trabajadoras o las destinadas a las familias numerosas, u otras como la bonificación en el gasóleo o la gestión del mínimo vital.
"El desafío de la creación de una Administración Tributaria fraccionada conlleva el traspaso de determinadas líneas rojas que ponen en un brete a la eficiencia en la gestión del sistema tributario, pudiendo generar desigualdades en su aplicación fruto de una ineficiente gestión", advierten.
De este modo, resultaría afectado el sistema de información tributaria, "que ha de ser único para todo el territorio a fin de garantizar su aplicación, ya que la lucha contra el fraude fiscal se fundamenta en disponer de un sistema de información tributaria unificado lo más amplio posible".
Por otra parte, los inspectores de Hacienda señalan que la necesidad de un sistema de caja única "también se vería afectada". "La gestión y el control de las retenciones y pagos fraccionados se deberían llevar a cabo por la Agencia Tributaria, con independencia del porcentaje de cesión de la recaudación que se ceda a cada comunidad", añaden.
Y esto, según precisan, conllevaría un "gran riesgo" en la gestión de las retenciones, que "deben de realizarse de forma integrada por la Agencia Tributaria, así como para el sistema de control de las actividades económicas, que debe ser de carácter integrado".
Del mismo modo, los inspectores de Hacienda alertan de los problemas en los planes de control aduanero y del contrabando, recordando que la Agencia Tributaria "viene prestando una especial atención a la represión del narcotráfico, así como a la evolución del contrabando de tabaco en general: "Los resultados más relevantes de estos planes difícilmente se podrían conseguir en una Administración tributaria independiente de Cataluña".
Esto también afectaría a la lucha contra las tramas del IVA, según un informe reciente de los Inspectores de Hacienda. "Los resultados obtenidos en los últimos años son consecuencia de largas investigaciones, en las que intervienen los diferentes equipos de Inspección de todo el territorio nacional, actuando como órgano coordinador la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. Estos planes no se podrían llevar a cabo en Cataluña si se fracciona la Agencia Tributaria", alertan.
También implicaría problemas en la lucha contra el fraude organizado, habida cuenta de que "el fraude fiscal más complejo y sofisticado se extiende por los más diversos territorios, utilizando frecuentemente sociedades domiciliadas en distintas Comunidades Autónomas". "Fragmentar la información disponible equivale en la práctica a no poder combatir en un plazo adecuado los fraudes más graves", añaden.
Otro de los problemas que identifican los inspectores de Hacienda en su informe respecto a este 'cupo catalán' también tiene que ver con la deslocalización de empresas si se fracciona la gestión de los impuestos sobre el consumo.
"Cualquier diferencia en la gestión de estos impuestos, incluidas las actuaciones de la Inspección, supondría un obstáculo para la libre circulación de mercancías y un aliciente para que se produjeran situaciones de deslocalización de empresas", señalan.
Con todo, también apuntan a "muchos problemas" en el caso de la cesión de la Inspección de los tributos soportados en Cataluña, especialmente en los contribuyentes con un tamaño mediano o grande, en la medida en que realizan operaciones en todo el territorio español, o incluso internacionalmente.
"El problema se agrava cuando nos referimos al control de las empresas multinacionales, ya que la explotación de la información y las actuaciones de control debe ser ejercida con carácter nacional", apostillan.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral