La incertidumbre en el sosiego de la enseñanza

El año escolar en curso se inició con una actualización de los modelos de enseñanza que busca un cambio de rumbo. La octava Ley de Educación entró en vigor a finales de 2020 con el claro propósito de revertir los cambios impulsados por la LOMCE (Ley Wert, 2013), y adaptar la legislación a los retos educativos actuales, de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020/2030.

La LOMLOE tiene como objetivo impulsar un cambio profundo en la forma en que se aprende en las escuelas para hacerla más competencial. Esto significa que la enseñanza se centra más en asegurarse que los alumnos sepan cómo  aplicar y relacionar lo que han aprendido, y desarrollar habilidades que les permitan desenvolverse en la vida, más que en solo saber hacerlo bien a la hora de aprobar los exámenes.

Las intenciones de esta nueva Ley están en consonancia con muchos países de la OCDE, que se esfuerzan por reducir los recursos que implica la repetición de cursos académicos; para actualizar y cambiar lo que se enseña, y para garantizar que los estudiantes aprendan a aplicar lo que aprenden. Además, se han introducido mecanismos para tratar de acabar con la segregación operativa entre redes públicas y privadas subvencionadas, así como otros cambios controvertidos relacionados con el cambio al aprendizaje basado en competencias, y las facilidades para hacer un curso y obtener el título.

Este ha sido un año escolar un tanto complicado para las familias y profesores por la implementación de esta nueva ley (para los cursos impares) ya que todo lo nuevo siempre genera incertidumbre, pero en este caso el problema va un paso más allá. La ley ya no está en manos de las administraciones autonómicas (siete de las cuales comenzaron el año escolar sin haber publicado sus currículos) sino, en manos de los centros educativos y de los docentes, quienes finalmente son los que tienen que implementar la enseñanza por competencias y las otras novedades de la nueva ley en sus aulas.

Se ha visto en lo que va de año escolar, como la comunidad docente trata de implementar la LOMLOE sin currículos definitivos, sin la formación docente necesaria y con un desproporcionado número de alumnos por aula. Algunos ciclos ya han comenzado a introducir los nuevos currículos en este curso escolar, pero su aplicación ha sido muy desigual, en función al criterio de cada Comunidad Autónoma.

Algunas de las modificaciones que se han de implementar, aunque son muy necesarias, están ejerciendo mucha presión y agobio entre los profesores. Tanto los sindicatos de educación como la comunidad docente, han destacado la excesiva burocracia y sobrecarga de trabajo experimentada. Además, critican que estando en medio del curso están siendo presionados por las autoridades administrativas, cuando muchos cursos organizaron sus clases en base a borradores y no a currículos definitivos, todo lo cual genera mucha incertidumbre dentro de la comunidad educativa.

El problema de esta reforma educativa no es la reforma como tal, sino, que si se quiere mejorar el aprendizaje, reducir la repetición, y realmente optimizar el sistema, es necesario reducir la ratio, y nadie se pone manos a la obra porque cuesta dinero. Una ratio adecuada es lo que permitirá la aplicación de los principios de la LOMLOE, en cuanto a la enseñanza por competencias, la atención a la diversidad, entre otros temas, que en teoría son aceptables, pero como dice el refrán: del dicho al hecho, hay un trecho.

Durante este curso escolar no se ha podido prever que, por ejemplo en diversas  comunidades autónomas, tengan tan sobrecargado al profesorado en cuanto a ratios y alta carga burocrática, encontrándose en malas condiciones laborales y profesionales, lo que entorpece los principios de exclusividad y atención a la diversidad que persigue la LOMLOE.

Frente a la carga burocrática  y la confusión los docentes deben impartir sus clases de la mejor manera posible, mientras luchan por adaptarse a una nueva ley que aun no es del todo, o por todos, bien comprendida, lo que ha generado gran incertidumbre.

La incertidumbre puede surgir por la falta de información, o por el desacuerdo sobre la información disponible. La incertidumbre implica un grado de desconocimiento. Se define como la falta de un conocimiento certero, duda o falta de certeza sobre algo en particular. Aunque todos los procesos de la vida llevan consigo algo de incertidumbre, el proceso educativo debe llevarse por parte de los profesores, de una manera más estable y calmada, debido a que son los que tienen en sus manos la gran responsabilidad de guiar en el proceso formativo y enseñanza por competencias.

En definitiva se le debe brindar todo el apoyo necesario a los profesores que realmente quieren enseñar, a esos alumnos que quieren aprender y convivir en armonía ayudando a los demás y dejándose ayudar. De allí que el objetivo sea siempre a mejorar todos un poco, para que toda la comunidad educativa (familias, alumnos y profesorado) pueda avanzar eficazmente. Los políticos por su parte, deben llegar a acuerdos consensuados que otorguen beneficios a la comunidad educativa y la población en general, ya que, a lo que se ha observado hasta ahora, se puede decir que existe una asertividad en la nueva ley, pero esta se encuentra a media luz. Para potenciarla hace falta la unión y el trabajo en equipo de todos los entes implicados.

Pedro Adalid es doctor en Educación y profesor universitario de Políticas de Calidad Educativa y Planes de Mejora