Foto: VPVALÈNCIA. La gestión de la empresa pública de bomberos que se encarga de la gestión de las emergencias continúa siendo un desastre. Así lo refleja el informe de cumplimiento y operativa de la Sociedad de Gestión Integral de Servicios de Emergencia, matriz que iba a albergar la futura Unitat Valenciana d’Emergències (UVE), que figura en la Cuenta General de la Generalitat Valenciana de 2022.
La entidad tiene un rosario de amonestaciones por la gestión de personal que realizó el año pasado que le valen para recibir una valoración desfavorable del órgano fiscalizador de la Generalitat. En concreto, el informe realizado por la Intervención alerta de que la gestión económico-financiera en el área de personal no se ajusta a la normativa aplicable por diferentes motivos: porque no tiene convenio colectivo propio ni está tampoco adherido a alguno ya existente o porque contrató personal antes de que lo autorizara la Dirección General de Presupuestos -el permiso se concedió en agosto de 2022 y la empresa fichó personal el mes de febrero- y superó el máximo permitido: la autorización les dejaba contratar a 80 personas y la empresa de bomberos contrató 181.
Pero no son los únicos reparos sobre los que la Intervención pone el foco. El informe también advierte que la entidad abonó complementos salariales a los trabajadores con conceptos tales como "Plus Ayuda Comedor" que se encuentran fuera de las previsiones que contenía la Ley de Presupuestos de la Generalitat. Es decir, que la norma no permitía que se pagaran ayudas de este tipo a su plantilla y, sin embargo, la empresa las concedió igualmente.
El documento también subraya que la entidad satisfizo "en concepto de primas de seguros de vida y accidentes la cantidad de 16.654 euros" o que las indemnizaciones por razón de servicio que Sgise ha pagado a sus empleados, tales como gastos de kilometraje, no se encuentran en los expedientes analizados ni tampoco previamente se habían autorizado. Por lo que concluye que ha infringido "el decreto 24/1997 de indemnizaciones por razón del servicio aplicable al personal del sector público instrumental de la Generalitat".
El listado de enmiendas a la gestión es lago. Tras reseñar que la entidad "no tiene masa salarial autorizada por la Dirección General de Presupuestos, la Intervención de la Generalitat concluye que no puede emitir una opinión sobre la adecuación a la legalidad de las retribuciones satisfechas" por la Sgise.
Tampoco la política de contratación de Sgise se salva de la amonestación del interventor de la Generalitat, pues también ha recibido una valoración desfavorable (el peor de los estados). Así, el informe censura que la empresa pública de bomberos haya realizado "contratos directos para cubrir necesidades que superan el umbral máximo de valor estimado permitido por la ley para la adjudicación directa" según la Ley de Contratos del Sector Público. Según el órgano, para algunos de los contratos firmados, debería haber realizado un concurso público. Además, superaron el tiempo de duración máximo que permite la ley. Dos cuestiones que ya se dieron en el pasado y sobre las que la Intervención ya alertó y que la entidad no ha corregido.
"De forma generalizada, en los expedientes de contratación menor no existe informe justificativo suscrito por el órgano de contratación en el que se argumente de forma motivada que efectivamente no se está alterando el objeto del contrato con el fin de evitar el umbral máximo previsto para la adjudicación directa", reza el documento para, acto seguido añadir que existen facturas en las que el interventor no ha podido verificar "si se ha ordenado el pago por la persona con competencia para ello" o no, dado que "se ha omitido la identificación del firmante".
Por último, los encargos realizados por la Sgise es otro de los puntos negros de la empresa pública. El órgano fiscalizador asegura que no se ajusta a la normativa aplicable y que los servicios objeto de encargos "se vienen ejecutando por TRAGSA desde el 1 de abril de 2019, a través de sucesivos encargos, argumentando la Sgise una serie de circunstancias que justifican el recurso al medio propio y que esta Viceintervención no considera justificadas". "Con este último encargo, las actividades que constituyen su objeto se extenderán hasta el 30 de noviembre de 2023, por lo que habrán transcurrido 4 años y 7 meses sin que la Sgise haya adoptado los medios para asumir las competencias del Servicio de Bomberos Forestales (SBF) desarrolladas por TRAGSA mediante el encargo", subraya la auditoría.
Con estos miembros, el viceinterventor expone que la razón de ser de los encargos a medios propios no es otra que la de dar una respuesta "eficaz y eficiente" ante unas necesidades determinadas. Sin embargo, considera que la justificación que aduce la sociedad para recurrir a ello es la ausencia de personal y de tiempo para llevar a cabo la preparación de contratos y procesos de licitación, "lo que evidencia que estamos ante un déficit estructural de la Sociedad, teniendo en cuenta, por un lado, que la SGISE se creó en el último trimestre de 2018 y, por otro, el objeto tan amplio del encargo: colaboración logística, gestión complementaria y acompañamiento en la organización del servicio de bomberos forestales". Una conclusión por la que insta a no prolongar "en exceso su encargo".
