El empresario Francis Puig. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La Intervención de la Generalitat ha ampliado los requerimientos de documentación a las empresas investigadas en el caso Francis Puig que coordina el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia. El órgano de control tiene pendiente presentar un informe encargado por el magistrado, para lo cual necesita recabar toda la información pertinente. El pasado octubre ya realizó las primeras solicitudes, pero considera que se encuentran incompletas.
La causa se inició tras una querella del PPCV e indaga en la posible adjudicación fraudulenta de subvenciones de la Generalitat Valenciana, de la catalana y del Gobierno de Aragón a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B y Kriol Produccions entre los años 2015 y 2018. Todas ellas están vinculadas a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y los Adell Bover. Los populares denunciaron que no se cumplieron los requisitos exigidos.
Tras la declaración que prestó el pasado mes de mayo el hermano del presidente de la Generalitat ante el juez, su abogado insistió en que en este caso no hay fraude de subvenciones, entre otras cuestiones porque la suma de las cuantías supuestamente irregulares percibidas no alcanza los 120.000 euros que exige este tipo penal.
El magistrado acordó el pasado julio una nueva prórroga de la instrucción otros seis meses. El motivo es que está pendiente de recibir tres informes clave que todavía no han llegado: uno de la Guardia Civil, uno del Gobierno valenciano y otro del catalán. Este último comunicó que trabaja en ello, mientras que la Intervención de la Generalitat trasladó que se comprometía a presentar el dosier durante el próximo febrero (tres meses antes de las elecciones).
Se trata de una fecha, sin embargo, provisional y susceptible de cambiar puesto que se trata de una labor que parece que conllevará tiempo, como demuestra el hecho de que ahora el órgano pida ampliar los requerimientos de documentación. En un escrito dirigido al juzgado, solicita obtener información relativa a las subvenciones públicas percibidas por Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat y Kriol Produccions. Concretamente, la siguiente: contratos laborales de los trabajadores imputados, nóminas de los trabajadores imputados, acreditación del pago bancario de las nóminas, relación nominal de trabajadores, recibo de liquidación de cotizaciones y retenciones e ingresos a cuenta del IRPF.
También pide determinados gastos acreditados mediante facturas, como un desglose de la relación de facturas aportadas en las cuentas justificativas identificando las que se dedicaron a las diferentes modalidades (radio, televisión, etc.); y cualquier contrato suscrito con los proveedores de las facturas justificadas entre los años 2015 y 2018.
La Intervención solicita al juzgado en el escrito que, a fin de agilizar la labor investigadora, remita de nuevo la documentación íntegra de todas las cuentas justificativas de las subvenciones para la promoción del valenciano presentadas por las cuatro empresas a la Generalitat junto a toda la que el juez haya requerido a las citadas mercantiles y que figure en la instrucción.
