Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La licitación de obras de construcción por parte de las distintas administraciones públicas del estado (general, autonómica y local) alcanzó los 956 millones de euros durante el primer semestre del año en la Comunitat Valenciana, según la estadística mensual publicada este miércoles por el Ministerio de Agenda Urbana (antes Fomento). Una cifra récord que se acerca a los 1.000 millones de euros en el periodo y que no se veía desde el año 2009, cuando en plena inversión del Plan E y el Plan Confianza, la cifra rozó los 1.200 millones de euros entre enero y junio.
Pero, al contrario que en aquel contexto, en el que el Gobierno intentaba frenar el desplome del empleo por la crisis con una hiperlicitación de obras, no es la Administración Central la que tira del carro. Según la misma estadística, la aportación del Estado a la licitación de obras públicas en la Comunitat Valenciana en lo que va de 2022 no llega siquiera al 25%. Menos de uno de cada cuatro euros. Así, son la Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos de la Comunitat los que cargan con el grueso del incremento en la licitación, que supone un 40% más que en el mismo periodo de 2021 (678 millones de euros).
Con todo, son unas cifras muy halagüeñas, dado que al cierre del pasado año la licitación en obra pública en la Comunitat alcanzó los 1.900 millones de euros, gracias al importante empujón que experimentó el sector en el segundo semestre. Y a ello hay que sumar que muchas licitaciones se han quedado desiertas en los últimos meses por el incremento de los costes de los materiales y que, en la mayoría de los casos, volverán a salir a concurso con un presupuesto revisado al alza, lo que apunta a un año positivo también en 2022. El volumen licitado en la Comunitat no ha parado de crecer, pese a la poca implicación del Gobierno central, desde que el país empezó a dejar atrás la anterior crisis en 2014.
Por tipo de órgano licitador, como se decía, el Gobierno central aporta apenas un 24% del total licitado hasta el cierre del primer semestre, con 229 millones de euros. Eso sí, mejora su peso relativo, ya que en el primer semestre de 2021 la aportación estatal a la inversión total era de solo 129 millones de euros, un 19% del total. De la cantidad total, 223 millones de euros corresponden al Grupo Mitma (antes, Grupo Fomento), es decir, el Ministerio y las empresas públicas que penden del mismo. El resto, 6 millones, corresponde a otros ministerios y a la Seguridad Social.
En cuanto a las entidades territoriales (gobierno autonómico y entes locales), aportan más del 75% del total licitado en el primer semestre, con un total de 726 millones de euros. Una cantidad que también supone un incremento respecto al mismo periodo del pasado año, aunque más moderado. De enero a junio de 2021, administración autonómica y local licitaron en la Comunitat obras por valor de 569 millones de euros, de forma que el aumento es del 27,5%. Los ayuntamientos también han tenido problemas con licitaciones desiertas en los últimos meses, de forma que este volumen previsiblemente se verá incrementado en la segunda parte del año.
Comparada con el resto del país, la Comunitat Valenciana concentra el 8,5% del total del volumen licitado en toda España (incluyendo todas las administraciones), y es la cuarta autonomía con mayor volumen licitado, tras Cataluña (2 millones de euros), Madrid (1,7 millones) y Andalucía (1,35 millones de euros). En lo que respecta al peso del Gobierno, eso sí, el porcentaje de la Comunitat es algo menor, y supera por poco el 8% del total, que supera los 2.861 millones. El esfuerzo inversor local, así, compensa la diferencia para elevar el importe final.
La Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana (CCCV) denunciaba el pasado mes de mayo (con datos del primer trimestre) el "abandono" al que, a su juicio, sometía la Administración General del Estado a la Comunitat Valenciana. Así, con el histórico de los diez años anteriores (desde 2012), la CCCV lamentaba que la licitación del Estado en la Comunidad Valenciana "tan solo es el 6,25%, frente a una población del 10,73% y un PIB del 8,69 % sobre el nacional". "Dado que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada, deberían ser las inversiones de la AGE un incentivo obligado para activar nuestra econonomía, pero evidentemente tampoco esta situación ocurre".
