VALÈNCIA. La lista de espera para acceder a una vivienda pública se ha disparado en los dos últimos años. La crisis económica derivada de la pandemia ha agudizado la emergencia habitacional y son muchas las familias que han tenido que pedir auxilio a la Administración valenciana. No obstante, el actual parque público es insuficiente para poder atender la demanda existente, que ha ido en auge en los últimos años. Una circunstancia que ha provocado que el registro de demandantes de vivienda se haya incrementado sustancialmente en dos años y, por ende, las necesidades de conseguir un inmueble del parque de la Generalitat Valenciana.
Así, en estos momentos hay más de 27.000 solicitudes en el Registro de Demandantes de Vivienda de la Generalitat a través de la red InfoHabitatge, que tiene un mero carácter informativo. En él, se inscriben las personas interesadas en alquilar en el mercado libre, comprar una vivienda o acceder a un alquiler de promoción pública de la Generalitat Valenciana. En este último caso, los interesados deben registrarse en otro listado: el de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), encargada de gestionar el parque público, y que es la encargada de adjudicar las viviendas públicas a los demandantes.
Es, por tanto, este registro de la EVha el que dará una respuesta habitacional a los ciudadanos que lo necesiten y cumplan con una serie de requisitos. Y esa lista de espera para adjudicarse un inmueble ha crecido paulatinamente. Así, mientras en 2019 las peticiones sin resolver alcanzaban las 9.583, un año más tarde se elevaban a 12.572 y actualmente están en 13.413, lo que supone un aumento del 40% en estos dos últimos años, según los datos facilitados por la Conselleria de Vivienda.
Por provincias, Valencia centra el mayor volumen de peticiones, 7.040; mientras que en Alicante hay 5.039 y, en Castellón, 1.334. En los tres casos, la mayoría son para acceder a una vivienda pública en las capitales, aunque también hay localidades que concentran un importante volumen de solicitudes. Este es el caso de Elx, donde existen 506 peticiones, pero también de Gandia, con 450, o de Paterna, con 484 inscritos. También destacan Sagunto, con 425 demandantes; San Vicente del Raspeig, 392; Alcoi, 335; y Aspe, 135. En Castellón, la mayor parte se localizan en Burriana, 155 peticiones, y la Vall d'Uixó, 116.
Una vez un solicitante se inscribe en el registro de la EVha, se elabora ese listado y, en base a la oferta existente y a una serie de criterios, se adjudica el inmueble. Para baremar las peticiones la Generalitat ha establecido un orden de prioridad para las personas que vayan a ser desahuciadas por impago de la cuota de la hipoteca o del alquiler, personas con diversidad funcional, hijos dependientes, víctimas de violencia de género, menores a cargo o personas mayores de 60 años.
Paralelamente, los inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda de InfoHabitatge también han ido al alza. Aunque su función no es la de adjudicar vivienda pública, sino servir para testar el mercado, los datos evidencian las necesidades habitacionales en la Comunitat Valenciana. Así, mientras en 2019 el registro contabilizaba 15.231 peticiones, en 2020 la cifra aumentó a las 18.268, un 20% más; mientras que, en los que llevamos de año, el número se ha disparado hasta las 27.162, esto es, un 78% más respecto al año previo a la pandemia, de acuerdo con los datos de la Conselleria de Vivienda.
Unos datos que ponen de manifiesto la alta demanda existente en el mercado para acceder a un inmueble, especialmente de alquiler, ya que este segmento concentra el mayor número de solicitudes, presumiblemente por el aumento de precios en el mercado en la mayoría de ciudades españolas. Además, la provincia de Valencia es la que acapara la mayoría de solicitudes.
Según explica a este diario el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, este crecimiento obedece a la situación de vulnerabilidad de muchas familias como consecuencia de la pandemia, lo que ha provocado que las necesidades se agudicen. Pero, también, considera que "la confianza del ciudadano en las políticas puestas en marcha por la Conselleria de Vivienda y la atención que se ha prestado a la emergencia habitacional ha propiciado estos incrementos".
En cualquier caso, el actual parque público es insuficiente para atender toda esta demanda. De los cerca de 14.000 inmuebles que lo componen, la mayoría está actualmente en cesión, en diferentes regímenes, como alquiler social o asequible, mientras que otro importante volumen se encuentra 'okupado' y en proceso de regularización. Según las últimas cifras de la EVha, las viviendas con inquilinos ilegales ascienden a cerca de 1.300.
Además, un informe de Vivienda estima que 117.692 unidades de convivencia de la Comunitat Valenciana, el 5,9% del total, cumplen las condiciones que establece la Ley por la Función Social de la Vivienda para que la Administración tenga la obligación jurídica de ofrecer una solución habitacional a su disposición, en el caso de que lo pidieran. Según estos datos, las viviendas disponibles permitirían garantizar una solución habitacional a apenas un 7% de los hogares con derecho.
Ante la maraña de registros que existen actualmente y la confusión que pueden generar en los ciudadanos que precisen de una vivienda pública, la Generalitat Valenciana aprobaba este pasado mes de agosto una norma que pone en marcha la creación de un nuevo registro con el que se pretende unificar y clarificar en un mismo sistema la oferta y la demanda de vivienda pública, tanto de promoción pública como privada.
De esta forma, existirá un único listado con todas las solicitudes recibidas. "Hasta el momento, había demasiada distorsión con los datos para poder aplicar políticas públicas y lo que hemos hecho es poner orden", destaca el secretario autonómico de Vivienda. Además, el decreto fija la obligatoriedad de la inscripción para ser persona adjudicataria de vivienda de protección oficial, tanto de promoción pública como privada.
Entre sus novedades, incluirá un apartado para inscribir toda la oferta existente, tanto las viviendas del patrimonio público de la Generalitat como las de protección oficial de promoción privada.
