La nueva etapa de Antifraude: resoluciones capadas e incompletas que lastran la transparencia

VALÈNCIA. La nueva etapa de la Agencia Valenciana de Antifraude dirigida por Eduardo Beut celebró este lunes una especie de puesta de largo con la publicación de casi una veintena de resoluciones que permanecían inéditas hasta ahora. Una primera tanda que ha puesto de manifiesto las reseñables diferencias que existen entre la manera de trabajar del anterior director, Joan Llinares, y el actual responsable, elegido para encabezar el organismo gracias a los votos de PP y Vox.

Sin duda, la transparencia es el factor que hace estas dos etapas casi opuestas. Tal y como informó este diario el pasado mes de octubre, la agencia llevaba tres meses sin colgar ninguna resolución, el mismo tiempo desde que Beut se hiciera responsable de la entidad. En aquel momento, fuentes de la agencia señalaron a este diario que el nuevo director quería "revisar la manera en la que se venía trabajando" antes de reanudar la publicación de las resoluciones de investigación. Una revisión que, por lo visto ahora, ha conllevado un cambio en la manera de afrontar la difusión y el contenido de lo que se investiga.

La primera diferencia, que salta a la vista, es la periodicidad de las resoluciones. En la anterior etapa, con Llinares al frente, se publicaba de forma periódica y el plazo de las mismas no solía superar los dos meses. Algo que, de momento, ya difiere con esta primera tanda con Beut como director, donde ahora en noviembre ven la luz resoluciones de julio.

Por otro lado, las resoluciones que solía publicar la agencia tenían una extensión considerable -no menos de una decena de páginas como norma no escrita- donde se exponían los antecedentes que habían motivado la investigación, además de cómo se había desarrollado el proceso de fiscalización, las peticiones de información a la administración demandada y un largo etcétera. Además, se incluían también las alegaciones que esta pudiera ofrecer, las respuestas y las principales conclusiones, además de plazos en los que debían subsanar la situación que había motivado la denuncia. Así mismo, en la denuncia se anonimizaba como máximo el nombre del demandante, pero no la administración demandada.

En cambio, a la luz de este primer grupo de resoluciones presentadas por la agencia, se observan notables diferencias. Ahora, apenas cuentan con una o dos páginas de extensión, ni se incluye qué administración es la infractora. Sólo se especifica de forma abstracta y abierta el motivo de la denuncia. Por ejemplo, que un ayuntamiento haya nombrado de forma accidental a un secretario y el proceso no ha sido el correcto, sin detallar cuáles ha sido el proceso de investigación llevado a cabo, por qué el procedimiento ha sido erróneo, ni tampoco en qué ayuntamiento ha ocurrido. Por tanto, no es posible conocer la magnitud de la infracción, a qué sanciones podrían exponerse, o si es motivo de intervención del ministerio fiscal, entre otras cuestiones.

 
Cabe recordar que, con el fin del mandato de Joan Llinares a la vista, PP y Vox modificaron la ley de la Agencia Antifraude el pasado mes de marzo para no necesitar los votos de la oposición para renovar al director del órgano fiscalizador. O dicho de otro modo: para no tener que verse obligados a consensuar un perfil con PSPV y Compromís que, al final, pudiera ser incómodo para dirigir Antifraude.  

En una primera instancia, Beut fue propuesto por la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública como candidato para relevar a Llinares  en el puesto. Pero fue excluido del proceso por recomendación de los servicios jurídicos de la Cámara. Tras esto, el PP, que se había desmarcado de la iniciativa de la asociación, se decidió finalmente a registrarlo como su candidato y salió adelante con sus votos y los de Vox. Los populares defendieron la trayectoria y prestigio profesional del elegido para el puesto, enviando a un segundo plano sus vínculos en el pasado con el expresidente Eduardo Zaplana y con el partido.

Una de las primeras decisiones del nuevo director fue despedir a la directora adjunta de la entidad y jefa de Asuntos Jurídicos, Teresa Clemente, y al director de Análisis e Investigación, Gustavo Segura, que había sido el candidato de continuidad a presidir la Agencia propuesto por varias asociaciones contra la corrupción. También decidió suprimir el Código Ético, y con ello el Comité de Ética, porque se adscribiría al que estaban elaborando Les Corts. Sin embargo el Parlamento le desmintió y los servicios de la Cámara aseguraron que no estaban trabajando en ningún documento similar.