Cobrar por recuperar el saldo o por salir y entrar: la OCU denuncia por "malas prácticas" al FIB

MADRID (EP). La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante las autoridades de consumo de las correspondientes comunidades autónomas las malas prácticas observadas en los festivales de música al aire libre FIB, en Benicasim (Castellón); Monegros Desert Festival en Fraga (Huesca); Puro Latino en sus cinco localizaciones; Sonórica en Castro Urdiales (Cantabria) y Zevra Festival en Cullera (Valencia).

Estas denuncias se suman a las ya presentadas por la organización contra otros dos festivales: el Bilbao BBK Live y el Fortaleza Sound en Lorca (Murcia). En su conjunto, los abusos detectados podrían afectar a hasta 947.000 asistentes.

Concretamente, la OCU alerta de que los siete festivales coinciden en cobrar una comisión de entre 2 y 3 euros para poder recuperar el saldo que quedara en la tarjeta 'cashless', un medio de pago obligatorio que "limita" el derecho de los asistentes a usar el efectivo, según han informado en un comunicado.

Además, aseguran que en ocasiones los festivales imponen un plazo de unos pocos días para reclamar la devolución -cinco días en el caso del FIB-, superado el cual se pierde el dinero, lo que supone un "enriquecimiento injusto" del promotor.

Otra de las malas prácticas señaladas se trata del cobro de otra tasa por salir y volver a entrar al festival -que puede alcanzar los 25 euros-, lo que afean que puede considerar "una retención ilegal". Además, los festivales también incurren en la prohibición de entrar con alimentos y bebidas, que OCU considera que es "abusiva".

También consideran que es abusivo el cobro por los vasos reutilizables, sin posibilidad de reembolso, como sucede en el FIB -donde el vaso alcanza los 2,5 euros-, o el alquiler de vasos para poder beber agua potable, observado en el Fortaleza Sound. En este sentido, OCU recuerda que debe haber suficientes puntos de agua potable gratuita; lo contrario puede causar problemas de hidratación y supone un peligroso riesgo de aglomeraciones.

Por ello, OCU ha animado a los afectados a solicitar hojas de reclamaciones y urge a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas donde se han detectado estos abusos para que determinen el carácter contrario a la normativa de protección de los consumidores, impongan las sanciones establecidas y obliguen a la empresa a devolver los cargos indebidamente cobrados.

Aún así, remarca que "lo ideal" sería que el Ministerio de Consumo desarrollara una normativa homogénea sobre los derechos de los asistentes a este tipo de eventos, estableciendo a su vez compensaciones automáticas en caso de malas prácticas. Salvo en el caso de Asturias, agravan que la legislación autonómica es "permisiva y generalmente favorable a los intereses de los promotores".