CASTELLÓ. (EFE). El 62,5 % de la población de la Comunitat Valenciana está afectada por alguna situación de exclusión debido a la crisis por la pandemia, el 21,3 % (1.076.000 personas) de forma moderada o severa, un problema que incide especialmente en jóvenes de entre 19 y 29 años, mujeres y extranjeros. Estas son algunas de las conclusiones del Informe Foessa 2022 sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunitat Valenciana, que advierte de que el "tsunami" que ha supuesto la crisis derivada de la pandemia "se ha llevado por delante a un buen número de hogares que disfrutaban de una posición privilegiada de integración plena".
Durante la presentación del informe, Daniel Rodríguez de Blas, sociólogo del equipo de Estudios de Cáritas Española y coordinador de los informes territoriales, ha indicado que se constata que, a consecuencia de esta crisis, "la desigualdad ha crecido en un año tanto como durante toda la crisis del año 2008". Mientras que en 2018 más de la mitad de las familias de la Comunitat Valenciana se encontraban en esta situación, "ahora son solamente el 37,5 % de ellas las que no se ven afectadas por ninguna situación de exclusión", ha subrayado.
El informe ha sido entregado antes de la presentación al president de la Generalitat, Ximo Puig, y posteriormente se lo harán llegar a la a vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. Según el documento, en 2021 el 37 % de la población de la Comunitat Valenciana se encuentra en una situación de integración plena, el 41,2 % en una situación de integración precaria, el 9 % en una situación de exclusión moderada y el 12,3 % en una situación de exclusión severa.
El informe, que forma parte de trabajo en el ámbito estatal desarrollado por 30 investigadores, es una radiografía de la crisis covid-19 en toda España a través de encuestas en más de 7.000 hogares de toda España, 650 de ellos de la Comunitat. Del mismo se desprende que en la Comunitat Valenciana la exclusión "se ha agudizado notablemente" y se han incrementado los casos más severos, que ahora afectan a unas 94.000 personas más que en 2018.
Asimismo, el estrés generado por las situaciones de dificultad ha erosionado la resistencia y relaciones en las familias, especialmente entre aquellas que se encuentran en exclusión severa, incrementándose un 129 por ciento respecto al informe anterior. La desigualdad en términos de renta ha aumentado más de un 33 %, cifra superior al incremento que tuvo durante la crisis de 2008; la pobreza severa ha crecido un 35 %; y la privación material severa se ha duplicado "en un periodo de tiempo muy corto".
En la Comunitat Valenciana, esta crisis está feminizando aún más el espacio de la exclusión, ya que desde 2018 esa brecha se ha multiplicado por tres hasta afectar al 27,5 % de los hogares cuya sustentadora principal es una mujer frente al 18 % donde esa figura es un hombre. Además, casi la mitad de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero se encuentran en situación de exclusión, y esto es casi tres veces más que en los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española.
Un aspecto novedoso de este informe con respecto a los anteriores es que uno de cada tres jóvenes entre 19 y 29 años está afectado por procesos complejos de exclusión social, lo que les impide realizar proyectos de vida para hacer la transición a la vida adulta.
Pese a las cifras positivas que se están registrando en los últimos meses en materia de empleo, la crisis sigue dejando graves consecuencias que se reflejan en la cantidad, distribución y calidad del empleo disponible. Así, durante esta crisis la precariedad laboral se ha duplicado y alcanza a más de 280.000 hogares (14 %) que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave.
Además, la situación de que el sustentador se encuentre en paro de larga duración ha alcanzado a 65.000 familias y el desempleo total familiar casi se ha duplicado.
En la actualidad, hay más de 185.000 núcleos familiares donde todas las personas activas están en paro y, a pesar del aumento de la protección social, no se ha logrado compensar esta situación, por lo que 76.000 familias carecen de algún tipo de ingreso periódico que permita una mínima estabilidad.
También han crecido durante la pandemia otros factores de exclusión como la salud y la vivienda, que en la actualidad afectan al 21 % y 19 % de la población respectivamente.
Así, más de 260 000 hogares (12,9 %) sufre falta de acceso a medicamentos o tratamientos por problemas económicos; y sufrir algún trastorno o dificultad mental ha aumentado en un 280 % respecto a 2018, alcanzando al 17 % de la sociedad valenciana.
En el ámbito de la vivienda, la combinación entre altos precios y bajos o inestables ingresos hace que más de 225.000 familias, una vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca, queden en situación de pobreza.
También se ha duplicado el número de hogares, pasando de 46.000 a más de 122.000, que sufrieron retrasos o no tuvieron dinero suficiente, para el pago de alguno de los gastos relacionados con la vivienda, como el pago del alquiler o la hipoteca.
Caritas ha elaborado un decálogo de propuestas para realizar las mejoras necesarias al sistema de protección social, entre ellas reforzar el acceso a derechos de todas las personas o mantener de manera estable las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud, la vivienda o la protección social. También mejorar la cobertura y la aplicación del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Valenciana de Inclusión, implementar medidas que reduzcan la precariedad y el desempleo de larga duración, o la puesta en marcha de marcha políticas frente a la exclusión residencial,
Asimismo, reclaman la implementación de los medios necesarios para que todas las personas puedan superar la brecha digital, y avanzar hacia servicios sociales adaptados a la realidad y hacia una sociedad que integre a todas las personas. Rodríguez de Blas ha estado acompañado del obispo auxiliar de Valencia, Arturo Ros; Ignacio Grande, director de Cáritas Diocesana de Valencia y presidente de Càritas Comunitat Valenciana; Juan Manuel Aragonés, director de Cáritas de Segorbe-Castellón y Víctor Manuel Mellado, director de Cáritas Orihuela-Alicante.