La reforma laboral: un bien menor

Mucho se ha hablado estos días de la reforma laboral. Mucho de la forma en la que se ha aprobado, mucho de las malas formas del bipartidismo de siempre y poco del fondo de esta. No podía pasar otra cosa, cuando se hace política a golpe de tuit. Cuando se juega al chantaje y a excitar los sentimientos más bajos ya solo funcionan la política de gestos y el lenguaje soez. Lo vimos la semana pasada en el Congreso. El bochornoso vodevil que inundó los informativos y las tertulias se tragó el acuerdo como si nunca hubiera existido. Quienes vivimos con lástima y vergüenza ajena esta esperpéntica votación plagada de errores, rumores y revanchismo exigimos que se aclare cuanto antes, con todas las garantías y que se deje de arrojar sospechas sobre nuestras instituciones.

Hecha esta denuncia sobre las formas, es preceptivo e indispensable entrar en el fondo de la cuestión.

El marco laboral español se diseñó para proteger el statu quo y adaptarse lo mínimo a los cambios de nuestra sociedad. Es duro decirlo, pero más rígido es nuestro sistema. Es el que tenemos, porque así lo hemos heredado, y ni PP ni PSOE han movido un dedo en 40 años para mejorarlo.

Las consecuencias son conocidas: la media de paro en las últimas cuatro décadas ha sido del 17% (nunca, ni en las mejores épocas, ha bajado del 10 %) y la tasa de temporalidad está disparada en el 25 % (el doble de la media de la UE). Por supuesto, estas cifras empeoran considerablemente cuando hablamos de la población joven. ¿Somos los españoles diferentes, para mal, del resto de Europa? ¿Arrastramos una maldición bíblica con el paro que no seremos capaces de sacudirnos durante generaciones? Resulta menos estrafalario reconocer que no, que estos datos se deben a un marco laboral que no estaba a la altura de la realidad cambiante de la economía. Así pues, aunque la reforma del Estatuto de los Trabajadores que se convalidó la semana pasada debió haberse aprobado hace 10 o 15 años, no podemos sino calificarla de tímidamente positiva, porque supone un avance y porque mejorará la vida de miles de personas. Esta reforma no es un mal menor, sino un bien menor -no es, por supuesto, la terrible involución que habría supuesto su derogación o haber dejado que Bildu y ERC metieran sus zarpas, troceando el mercado laboral y creando trabajadores de primera y de segunda-, una propuesta que se queda muy corta, pero en la dirección adecuada, sobre la que debemos seguir avanzando.   

¿Por qué es un bien menor? Porque tras años insistiendo (y, por qué no, amenazando) con la derogación de la reforma laboral que impulsó el PP en 2012, lo mejor de este acuerdo entre los agentes sociales y el Gobierno es que no deroga nada, más bien deja intactos los elementos más positivos de la reforma de Fátima Báñez (PP) y consolida una regulación que dotará de seguridad jurídica nuestra legislación laboral. Porque ya nadie pone en duda la reforma laboral de 2012, ni PP ni Cs ni Vox, por supuesto, ni tampoco, desde ahora, PSOE y Podemos, con esta reforma que legitima en todo el espectro de izquierda todo lo que mantiene de la de 2012. Por tanto, hay cosas –todas las buenas- que estaban en la reforma de 2012 y que ahora repiten que tienen consenso absoluto.

Podemos decir que, en términos generales, es una buena reforma. No sólo porque conserva el contenido esencial del vigente Estatuto de los Trabajadores, tampoco porque intente atajar la temporalidad y la precariedad, ni porque las concesiones a sindicatos sean más cosméticas que sustantivas, que también. Esta reforma es una buena reforma también porque nace del acuerdo social, un acuerdo equilibrado y consensuado entre patronal y sindicatos que protege la libertad de empresa, dota de flexibilidad a la contratación y otorga estabilidad y seguridad al trabajador. Como nos exigían desde Europa, por cierto, para desbloquear una parte importante de los Fondos Next Generation.

En sus principales propuestas, la reforma recoge muchas de las necesidades que durante estos años veníamos reclamando desde Ciudadanos. En particular: la reducción del menú de contratos laborales. Se avanza por fin hacia el contrato único para tratar de paliar la alta temporalidad del mercado laboral. El mantenimiento de la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, salvo en materia salarial. La introducción de una penalización por exceso de uso de contratos temporales (malus), si bien creemos que se queda cojo si a la par no se incentiva la contratación indefinida. Un malus tiene que ir acompañado de un bonus.

Por su parte, la única reforma en la que de manera evidente se han impuesto los sindicatos ha sido la reinstauración de la ultraactividad aplicativa de los convenios. Pero sobre esto, no obstante, cabe matizar que la reforma del PP no obtuvo el efecto buscado y la propia negociación colectiva (75% de los convenios) ha venido incluyendo cláusulas de ultraactividad.

¿Podemos decir entonces que es la regulación menos sanchista de cuantas ha propuesto este Gobierno? Por supuesto.

¿Podemos decir que se queda corta? También. Sobre todo para los liberales, que tenemos vocación reformista y estamos deseando acometer las reformas para modernizar un país que PP y PSOE se han dedicado a parchear durante 40 años.

Tenemos un mercado de trabajo injustamente binario: temporal o indefinido, laboral o autónomo, protegido o vulnerable, insider o outsider. Ampliando el foco, y no es cuestión menor, incluso con sindicatos de primera y de segunda.

Desde Ciudadanos abogamos por una reforma ambiciosa del mercado de laboral que supere estas divisiones binarias. Esto no significa desproteger a los trabajadores, sino todo lo contrario: igualar al alza. Encontrar un marco regulatorio único que pueda acoger la totalidad de las relaciones laborales y que adecúe los derechos y obligaciones al grado de dependencia del trabajador frente a la empresa.

Una solución integral, flexible, que ponga a los trabajadores en el centro y les dé la libertad de elegir, que les proteja sin menoscabar la innovación y que les permita desarrollar una carrera laboral en plenitud.

Seguiremos peleando por un mercado laboral adecuado para nuestro país, que no condene a la precariedad y la temporalidad. Defenderemos la flexiseguridad, el contrato único o la mochila austríaca. Políticas basadas en la evidencia del éxito, sensatas y liberales para tener un mercado laboral adaptado a los retos de la economía del siglo XXI.