CASTELLÓ. Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana ha celebrado este viernes su asamblea general ordinaria, en la que, pese a las restricciones propias de la covid-19, se han reunido representantes de más 60 cooperativas. En su intervención en la inauguración de la Asamblea, el presidente de Federació, Cirilo Arnandis, ha destacado en relación con la pandemia que durante el confinamiento “las cooperativas no solo siguieron trabajando, sino que redoblaron sus esfuerzos para garantizar la prestación de servicios y el abastecimiento de productos” y que “nuestra dedicación, y la del resto de agentes de la cadena, garantizó que los lineales estuviesen en todo momento abastecidos, asegurando con ello el clima de estabilidad social en un momento crítico para nuestro país”.
En el transcurso de la asamblea se presentaron los datos del Informe Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Valenciano correspondientes al cierre del ejercicio 2019. En este periodo, las cooperativas agroalimentarias valencianas facturaron de forma agregada 2.153 millones de euros, con un valor final de la producción comercializada de 1.263 millones de euros.
Las exportaciones crecieron ligeramente respecto al ejercicio anterior hasta alcanzar los 943 millones de euros, dirigidas en un 77% a la zona euro. Los principales destinos de exportación fueron, por este orden, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Portugal, Bélgica y Polonia.
Entre las cifras del sector, cabe destacar que está formado por 333 cooperativas, de las cuales 261 -que facturan en conjunto el 97% del total del sector- están asociadas a la Federació. Estas cooperativas aglutinan 178.264 socios y mantienen 19.397 empleos, de los cuales el 74% son fijos o fijos-discontinuos. Como avance de las cifras del ejercicio 2020, se ha destacado que ninguna cooperativa agroalimentaria valenciana presentó un ERTE y que, por tanto, el empleo y el ritmo de trabajo se mantuvieron estables, adaptándose a la exigencias sanitarias de cada momento.
Tras la asamblea ha tenido lugar una videoconferencia en la que ha participado Pasquale Di Rubbo, asesor de Políticas de la Dirección General de Agricultura (DG-Agri) de la Comisión Europea, quien ha explicado a los asistentes los pormenores de la estrategia De la granja a la mesa y las oportunidades que ofrece a las cooperativas agroalimentarias.
Di Rubbo ha destacado que el objetivo del Pacto Verde es alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono de la Unión Europea en el año 2050, y ha desglosado los ámbitos en los que debe afectar a todos los sectores de actividad económica. En este sentido, la PAC y las estrategias de Biodiversidad o De la granja a la mesa establecerán nuevos compromisos para los agricultores, responsables del 1% de todas las emisiones contaminantes del planeta. Desde el sector, se ha mostrado la preocupación por la falta de reciprocidad, ya que Europa no puede obligar a terceros países al cumplimiento de estos objetivos, y su impacto sobre la competitividad de la agricultura europea.
En el acto de clausura de la Asamblea han participado el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca; el presidente de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, Cirilo Arnandis; y la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà.
En su intervención, Villafranca ha destacado la potencia del movimiento cooperativo y, dentro de este, de las cooperativas agroalimentarias valencianas y ha reivindicado la importancia de los agricultores y las cooperativas durante la crisis de la covid-19. Asimismo, ha incidido en la necesidad de afrontar un proceso de relevo generacional que garantice la continuidad de la actividad y ha recordado, en referencia al presente y futro marco normativo comunitario, que la sostenibilidad medioambiental pasa previamente por la sostenibilidad social y económica del sector productor y de las cooperativas.
Por su parte, Arnandis ha incidido en que el futuro “tiene que estar protagonizado por las cooperativas, empresas con principios y valores, centradas en las personas, que revierten parte de sus beneficios en la sociedad y son un motor de avance y desarrollo de los pueblos y ciudades en los desarrollan su actividad”.
En lo referente a la situación del sector citrícola y la incidencia del cotonet de Sudáfrica, ha asegurado que “la prohibición del uso de metil clorpirifos ha disparado la incidencia y gravedad de esta plaga”, ha lamentado “el hecho de prohibir el insecticida sin evaluar lo que supondría para el sector”. Tras ello Arnandis ha recordado que el sector “acumula dos campañas con pérdidas inasumibles para muchos productores”, por lo que ha pedido “más dinero para investigar”, avanzar en técnicas de lucha biotécnica y biológica y “compensaciones para los que han perdido parte o la totalidad de sus cosechas”.
También ha reivindicado el papel de Federació, coordinador por delegación de la Conselleria de Agricultura de la red de Atria (Asociaciones para el Tratamiento Integrado en Agricultura) y su importancia en el escenario actual y futuro, reclamando mayor dotación para su gestión y mejora continua.
Sobre la PAC y su aplicación en España a través del Plan Estratégico Nacional, Arnandis ha declarado que “en esta negociación hemos salido perdiendo, como ya perdimos en la de la PAC 2014-2020”, en referencia a cuestiones como la continuidad de los derechos históricos hasta el año 2026, la no inclusión de nuevas hectáreas o la convergencia de derechos, y ha apelado a la Conselleria a “movernos más, y mejor, para imponer nuestras tesis, estableciendo alianzas con quienes las comparten y enfrentándonos a quienes no”.
Por último, la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, se ha comprometido a que los presupuestos autonómicos reflejen en 2022 un salto cualitativo en las líneas de colaboración existentes entre la Administración y la Federació, en respuesta a las demandas de Arnandis. Asimismo, ha manifestado su desacuerdo con la forma en que se ha mantenido el status quo de algunas regiones en la negociación del Plan Estratégico Nacional, por lo que supone para zonas como la Comunitat Valenciana.
