CASTELLÓN. Las siete rectoras de las universidades públicas españolas han elaborado la Declaración de Castellón tras reunirse el 26 de noviembre en la Universitat Jaume I de Castellón con el fin de poner en común la situación actual de las universidades públicas españolas en materia de igualdad y establecer una hoja de ruta que permita abordar la reducción de los desequilibrios y desigualdades de género y la potenciación de la igualdad de oportunidades y de trato de mujeres y hombres desde el ámbito de la Educación Superior.
Así, en dicho manifiesto reconocen que las universidades presentan una fotografía de la equidad de género con rasgos "muy similares": segregación laboral horizontal y vertical, áreas de estudio masculinizadas y feminizadas, invisibilización de las mujeres en la ciencia y en la vida académica, infravaloración y resistencias a las políticas de igualdad, brechas en la conciliación, sexismo y violencias sexistas.
Aseguran que la igualdad es una herramienta valiosa para avanzar hacia una sociedad más justa y que la lucha contra cualquier discriminación requiere del compromiso social y las universidades tienen la responsabilidad de liderar estos procesos.
Las rectoras, reconociendo esta situación, han considerado "prioritario" consolidar la incorporación de la perspectiva de género en los planes de estudio a través de asignaturas específicas e incluir competencias transversales de género y crear un área de conocimiento específica para los estudios feministas y de género.
Así mismo, apuestan por favorecer mediante acciones colaborativas y alianzas estratégicas con las etapas educativas previas a la universidad -primaria, secundaria, ciclos formativos- la reducción de la brecha de género actual existente en algunos áreas de estudio tales como STEM -Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-, "altamente masculinizadas", o las relacionadas con las Ciencias de la Salud o de la Educación, con una presencia de mayoritaria de mujeres, contribuyendo también a un equilibrio en su valoración y prestigio social.
Además, creen que es necesario generalizar la formación en igualdad y género a toda la comunidad universitaria desde los equipos de gobierno y cargos de dirección hasta el alumnado, pasando por el PDI y el PAS, así como introducir medidas de acción positiva en los planes de investigación propios de cada universidad para favorecer una mayor presencia de las mujeres investigadoras, especialmente como IP.
Las rectoras también apuestan por modificar las normativas de publicación de la universidad para que el formato de citaciones y referencias bibliográficas académicas contemplen el nombre completo de la autora o autor y pedir a la CRUE que traslade esta propuesta a las agencias científicas de referencia, así como por visibilizar a las mujeres investigadoras y científicas y sus aportaciones, mediante una mayor presencia en reconocimientos públicos y en la denominación de espacios o en premios.
Además, creen "prioritario" proponer la creación de un grupo o comisión de trabajo que estudie y genere documentación sobre la "necesaria" incorporación de la perspectiva de género en el proyecto de la nueva Ley de Universidades, y que nutra las 3 mesas técnicas ya establecidas al efecto.
También consideran necesario apoyar al Grupo de Políticas de género de la CRUE, a través de la Comisión Permanente, instando a las universidades a su máxima implicación en el mismo, facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal mediante una cultura de corresponsabilidad, con acciones positivas, al PAS y al PDI, y velar por que las normativas existentes contemplen los periodos de inactividad que afectan de manera particular a las mujeres investigadoras.
Es manifiesto además pide potenciar la corresponsabilidad de los hombres de la comunidad universitaria, revisar los usos de los tiempos académicos mediante estudios y favorecer el work-life balance, poner en valor y situar en prioridades de agenda universitaria las políticas de igualdad, fortalecer las Unidades de Igualdad, tanto en su posicionamiento institucional como en la competencia de sus estructuras.
Las rectoras finalmente apuestan avanzar hacia presupuestos con perspectiva de género y aumentar las dotaciones presupuestarias para llevar a cabo políticas de género, conseguir cotas de equilibrio y paridad en todas las composiciones organizativas de la universidad, potenciar la formación para el empoderamiento y liderazgo de las mujeres, normalizar el uso del lenguaje no sexista y la comunicación inclusiva e instaurar una política universitaria de tolerancia cero frente a violencias machistas.