CASTELLÓ. Las universidades públicas valencianas y su actividad asociada generan 2.090 millones de euros de renta en la Comunitat y 44.202 puestos de trabajo, lo que supone el 1,9% del PIB y el 2,3% del empleo valencianos, según revela el cuarto informe La contribución socioeconómica de las universidades públicas valencianas, elaborado por el equipo investigador del Ivie y presentado este lunes en la sede de la Universitat Jaume I de Castelló.
Según el estudio, el sistema universitario público valenciano (SUPV) permite devolver a la sociedad, a través de la recaudación fiscal adicional generada por sus titulados, 2,7 euros por cada euro que las administraciones públicas invierten en su funcionamiento, según concluye el análisis. Frente a los 770 millones anuales en transferencias corrientes públicas que recibe el SUPV, sus titulados aportan 2.088 millones de euros más en impuestos de los que hubieran generado si no tuvieran esos estudios universitarios, dado que tienen más empleo y obtienen mayores ingresos.
El estudio ha sido presentado por el director de Investigación del Ivie, Francisco Pérez, en un acto que ha contado con la participación del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y de las rectoras y rectores de las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana. Durante su intervención, la rectora de la Universitat Jaume I y presidenta de turno de la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Públicas Valencianas (Crupv), Eva Alcón, ha reivindicado una estrategia valenciana de universidades que permita dotar al sistema de un marco financiero estable y suficiente como para acometer sus funciones de servicio público de formación e investigación superior.
Las cinco universidades que forman el SUVP –Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández, Universitat Politècnica de València, Universitat de València y Universitat Jaume I de Castelló- concentraron el 85% de los estudiantes de grado, el 68% de los de máster, el 96% de la producción científica y el 100% de las patentes nacionales obtenidas por el total de universidades ubicadas en la región durante el curso 2017-2018. En conjunto, las cinco instituciones ofrecen 554 titulaciones y obtienen un rendimiento 8 puntos por encima de la media nacional, según los datos de U-Ranking . Estas cifras positivas se alcanzan pese al entorno económico menos favorable en el que se encuentran respecto a otras universidades españolas, ya que la Comunitat Valenciana se sitúa 12 puntos por debajo del promedio nacional en PIB per cápita y la productividad por ocupado es 4,5 puntos inferior.
Las universidades públicas valencianas se han visto afectadas por la profunda crisis padecida por la economía española en la última década, que ha provocado la caída de los ingresos públicos y de los recursos del SUVP (en 2017 suponían el 91% de los que tenían en 2009). Durante el periodo de recesión, según se recoge en un comunicado emitido por la UJI, también se bloqueó el proceso de rejuvenecimiento y desarrollo de la carrera de los investigadores y docentes, ya que se limitó la tasa de reposición de profesorado en plantilla, lo que obligó a recurrir más a la contratación de asociados. Estos ajustes incidieron en la capacidad de investigación e innovación de las universidades y en los ingresos destinados a las actividades de I+D+i, que se redujeron un tercio desde 2009.
Las dificultades para las universidades públicas valencianas también han llegado desde la competencia, tanto con la expansión de las instituciones privadas, que han pasado de formar al 8,6% del alumnado en 2007-2008 al 18,5% hoy en día, como por la mayor demanda de la formación no presencial y el aumento en la movilidad de los estudiantes que, en mayor medida, deciden formarse fuera de la Comunitat Valenciana. El informe alerta, además, de los cambios en la composición de las demandas de estudios y, particularmente, la caída en un 33%, entre el curso 2000-2001 y el 2017-2018, del número de estudiantes que se matriculan en un grado o máster en las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), pese a la fuerte demanda del mercado de trabajo de estos titulados.
El retroceso en el número de estudiantes totales derivado fundamentalmente de causas demográficas -en el curso 2017-2018 había un 20% menos de estudiantes de grado de los que había en licenciaturas y diplomaturas en 2009-2010- no puede ocultar el importante poder de atracción de alumnado de fuera de la Comunidad que han demostrado las universidades públicas valencianas. El 13% de los alumnos de grado y el 32% de los de máster procede de otros países u otras autonomías españolas, según se señala en el estudio y tal como se destaca en el comunicado emitido tras el encuentro.
Junto a la contribución económica de las universidades públicas valencianas el informe presentado este lunes estudia sus relevantes aportaciones a la sociedad y al bienestar de las personas. En primer lugar, la universidad favorece la movilidad social ascendente, gracias a las mejores oportunidades laborales que tienen los titulados, y reduce el riesgo de pobreza, que en el caso de los titulados en educación superior es del 14,8% mientras que para las personas con educación primaria se eleva al 44,5%.
Sin embargo, las universidades no consiguen igualar completamente las oportunidades de acceso de los jóvenes a la educación superior, ya que solo un 12,9% de los hijos de familias de estratos sociales bajos cursa estudios universitarios frente al 44,7% en el caso de las familias de grupos sociales altos.
La universidad también contribuye a reducir las desigualdades de género, aunque no las elimina. Las diferencias salariales entre hombres y mujeres son menores entre las personas con estudios universitarios que para la media de ocupados. Aun así, los salarios medios de mujeres universitarias son un 95,2% de los de los hombres con titulación superior.
Por último, el estudio destaca los efectos positivos de la universidad en la participación social, la conciencia medioambiental y la salud de las personas que cuentan con titulación universitaria. El 42% de los poseedores de estudios superiores se interesan mucho por el medio ambiente, frente al 26% de los que no tienen esos estudios. Además, tienen mayor esperanza de vida y presentan un mejor estado de salud física y mental, tanto objetiva como auto-percibida o subjetiva, como consecuencia de los trabajos que desempeñan y de sus estilos de vida más saludables.
A pesar del indiscutible papel de las universidades públicas valencianas en el desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana, el SUVP afronta grandes retos que no podrá obviar si quiere mantener su posición y contribuir más y mejor a la transformación de su entorno económico y social. Uno de ellos es la transformación tecnológica y la digitalización, que obliga a las instituciones a replantearse qué y cómo van a preparar a sus titulados para responder a unas profesiones, en parte nuevas, que exigen nuevos desempeños y mayores competencias digitales. Este desafío se asume, además, con unas plantillas que se han visto envejecidas como consecuencia de la crisis y en las que solo el 5,6% del profesorado tiene menos de 35 años.
Con el auge de los centros privados y la oferta online, la competencia es otra de las principales amenazas que afrontan las universidades públicas, que además tienen más limitadas las sinergias con el entorno porque el tejido productivo valenciano no destaca frente al de otros territorios por su empleo intensivo en conocimiento, lo que le impide aprovechar mejor el capital humano generado en las universidades valencianas. En este contexto, el documento que analiza la contribución socioeconómica de las universidades públicas valencianas plantea algunas sugerencias para responder a los grandes retos de las universidades públicas valencianas en un futuro cercano y que los autores sintetizan en cinco necesidades: por un lado, un marco normativo externo flexible que permita incentivar la eficacia, la eficiencia y la productividad y reduzca la tolerancia al bajo rendimiento.
Por otra parte, propone un modelo de gobernanza universitaria más potente que el actual y más eficaz, orientando la gestión con objetivos de medio plazo. A esto se añadiría unos recursos financieros adecuados a los objetivos perseguidos y cuyos criterios de asignación se basen en resultados y no en la inercia.
La cuarta de estas grandes necesidades serían establecer unos sistemas de información actualizados que puedan ayudar en la toma de decisiones sobre, por ejemplo, el ajuste de la oferta de titulaciones a la demanda y que ofrezcan información sobre la inserción laboral y el desarrollo profesional de los titulados. Por último, está un sistema de evaluación de resultados de las universidades y sus unidades que sea transparente.
(Fotos: Manuel Casañ)