Alemania, Países Bajos, Francia… La agricultura expresa muestras de rebeldía en países tradicionalmente considerados como ejemplo de la agricultura europea más rica. Resulta plausible que el malestar existente cunda porque el sector agrario también se encuentra sometido a procesos de transición que se aceleran a medida que avanza el tiempo. Toda transición alberga una lucha entre intereses contrapuestos. Ahora, en la agricultura, la lucha más visible es la que gira en torno a la transición climática y ecológica y sus consecuencias: la implantación de nuevos impuestos de carácter medioambiental, la aprobación de medidas disuasorias que persiguen la reducción de emisiones, el sostenimiento de la biodiversidad o la conservación de la calidad del suelo y de las aguas, tanto subterráneas como superficiales… Un factor productivo básico, el agua, perjudicado por el cambio climático si admitimos su incidencia sobre la sequía.
Sin embargo, la resistencia que se alza ante las nuevas regulaciones del sector no se debe únicamente a la adición de obligaciones. Existen causas previas que conviene recordar. De entrada, la PAC ha sido objeto de deseo recurrente de las instituciones comunitarias cuando se ha buscado reorientar el presupuesto europeo. El elevado peso que alcanzó esta política en el pasado se ha liofilizado ante la emergencia de nuevas prioridades, la presión de países terceros y la pérdida de peso demográfico y electoral del campo. Una transformación que ha contado con argumentos poderosos porque la PAC había alcanzado un grado de complejidad, despilfarro e inequidad que abatía cualquier intento de justificación.
Con todo, las reformas se han podido percibir como una penalización de la actividad agraria; en particular, cuando la multifuncionalidad de la nueva PAC no ha equilibrado la reforma de los mercados con la densidad de los apoyos a las transformaciones estructurales precisas para combatir las debilidades de fondo que lastran diversas producciones del sector, perturbando el modo de vida del medio rural. Debilidades exacerbadas por circunstancias de reciente aparición.
En particular, la evolución de la PAC ha desvelado la existencia de cierto vacío político tras la aparición de la pandemia, las guerras en Ucrania y Palestina y la erosión de las redes de suministro internacionales. No se advierte la presencia de un plan que acomode a las nuevas circunstancias lo que parece ser la conveniente recuperación del valor estratégico que, en origen, la PAC atribuyó al sector agrario europeo. Una mirada actualizada de qué desea, espera y necesita la sociedad europea de su agricultura en la tercera década del siglo XXI.
A la anterior ausencia se ha sumado la colisión entre el campo y sus principales clientes. Más aún cuando, como sucede en la agricultura valenciana, existe una distante accesibilidad de los sectores económicos a las economías de escala que permiten la reducción de los costes unitarios cuando se amplía la producción.
Las actividades que constituyen interlocutores habituales de la actividad agraria, -la industria alimentaria y la distribución comercial-, se han especializado en la consecución de tales economías. Pero en el sector agrario la situación es más complicada: existen grandes explotaciones, a menudo vinculadas a operadores comerciales, conviviendo con una miríada de medianas y pequeñas explotaciones que se encuentran abocadas a una lucha desigual en el mercado. Ni siquiera la agrupación de productores en cooperativas consigue salvar con seguridad la altura de los obstáculos, como lo demuestra la existente reestructuración de esta modalidad empresarial. La dispersión y fragmentación de la propiedad y de la actividad comercial, pese a la presencia en la Comunitat Valenciana de entidades coagulantes como ANECOP, representan obstáculos formidables a la racionalización económica de las explotaciones agrarias. Existen respuestas positivas, aunque todavía minoritarias, en la diversificación productiva, pero no en el aumento del tamaño operativo rentable de la pequeña y mediana actividad.
A la anterior desigualdad se añade el envejecimiento de la población agraria y la inexistencia de relevo generacional. Un problema que afecta al conjunto de la Unión Europea, con un alcance que trasciende el efecto demográfico: la ausencia de agricultores jóvenes multiplica la dificultad de asimilar nuevo conocimiento, introducir innovaciones y abandonar aquellos usos que disponen de alternativas más eficientes.
Objetivos como los anteriores, -apoyo a la transición climática, una nueva estrategia agraria en un tiempo de fragmentación geopolítica, equilibrio de fuerzas en el mercado y renovación del capital humano agrario-, conciernen a las instituciones de la Unión, pero también son de aplicación a la Generalitat. Resulta llamativo que, tras la reforma de l’Estatut d’Autonomia de 2006, la agricultura recibiera, en el artículo 21, un grado de reconocimiento inexistente para otras actividades:
<<Desde el reconocimiento social y cultural del sector agrario valenciano y de su importante labor en la actividad productiva, en el mantenimiento del paisaje, del territorio, del medio ambiente, de la cultura, de las tradiciones y costumbres más definitorias de la identidad valenciana, la Generalitat adoptará las medidas políticas, fiscales, jurídicas y legislativas que garanticen los derechos de este sector, su desarrollo y protección, así como de los agricultores y ganaderos.>>
Ahora, 17 años después, y en un tiempo que parece ofrecer al suelo agrario la alternativa de su uso para la obtención de energías renovables, cabría conocer qué se tiene previsto en el inmediato futuro para que la acción del Consell se corresponda con la ambiciosa redacción estatutaria. En concreto, sería deseable que desaparecieran las dudas sobre el motivo por el que un partido como VOX ha reclamado la cartera de agricultura o medio rural en las cinco Comunidades donde gobierna junto al Partido Popular. Con mayor motivo cuando, en otras partes de Europa, se advierte una fijación similar de la extrema derecha con el territorio agrario. Siendo la PAC una política europea, ¿estará el interés de VOX en reconstruirla positivamente o en regresar a un caducado y estéril paternalismo inflamado con simplezas, falsedades y ensoñaciones autárquicas? ¿Desde su negacionismo, lo estará en emplear el sector como freno a las políticas de cambio climático?
