Las concesiones sanitarias se le atascan al Consell: 41 liquidaciones pendientes, algunas desde 2009

VALÈNCIA.  La prioridad del Govern del Botànic de atajar con la mayor premura posible las concesiones sanitarias no aplica de igual manera a la reversión como al cierre de ejercicios. Y es que, la Generalitat Valenciana tiene pendiente de aprobar un total de 41 liquidaciones anuales de los cinco contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral. 

El Gobierno liderado por Ximo Puig lleva acumulando durante años -como también lo hizo el PP- la compensación de cada anualidad con las distintas empresas que gestionan o gestionaban los departamentos de La Ribera, Torrevieja, Denia y Elche, gestionados por Ribera, y Manises, en manos de Sanitas.

Por varias razones, desde cuestiones judiciales a la falta de acuerdo en las comisiones mixtas, la Conselleria de Sanidad y las concesionarias no avanzan en la cuestión. De hecho, ni siquiera el departamento de Alzira, revertido a la gestión pública en 2018 tras la gestión de la compañía liderada por Elisa Tarazona, tiene finalizadas dichas liquidaciones ya que las correspondientes a 2016, 2017 y 2018 continúan en trámite.

Así lo recoge el informe de fiscalización de la cuenta general de la Generalitat correspondiente al ejercicio de 2020 de la Sindicatura de Comptes. A día de hoy, los importes de las liquidaciones pendientes ascienden a 639,3 millones a favor de la Generalitat, mientras que los expedientes de resarcimiento por servicios prestados fuera de contrato se sitúan en 147,7 millones, lo que arroja un saldo provisional de 491,6 millones a favor de la Generalitat.

Agilizar el trámite para evitar la prescripción

"Los órganos gestores responsables deben agilizar la tramitación de las liquidaciones de los contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral a fin de evitar una posible prescripción del derecho a liquidar o la caducidad de los procedimientos de liquidación", advierte la Sindicatura. Y es que, en casos como el de Manises, gestionado por Sanitas, la judicialización de las cantidades ha llevado a no tener cerrada ninguna liquidación desde que en 2009 se pusiera en marcha la concesión.

Por prácticamente el mismo camino transita el departamento de Elche, que no tiene aprobada la liquidación de ningún ejercicio desde su puesta en servicio en 2010. Mientras, a Torrevieja, cuya reversión se produjo el pasado 16 de octubre, le quedan pendientes las enmarcadas entre 2013 y 2020, y Dénia, recientemente adquirida por Ribera, tampoco tiene cerrados los ejercicios de entre 2014 y 2020.

A vueltas con los importes 

Por el momento, las liquidaciones pendientes arrojan en todos los casos importes a favor de la Conselleria de Sanidad menos el departamento de Torrevieja, donde los 33 millones recaen a favor de la concesionaria. Mientras, es Sanitas, concesionaria de Manises -que hace años judicializó sus cuentas con Sanidad- la que debería pagar un mayor importe con 373,1 millones de liquidación, a pesar de los 92,6 millones de expediente de resarcimiento. No obstante, desde la Sindicatura tienen claros que tal vez éstos no sean las cifras definitivas.

"Estos importes estimados pueden verse afectados por las distintas fases de tramitación en que se encuentran las liquidaciones en la Comisión Mixta de Seguimiento, así como por la documentación justificativa de los gastos a indemnizar, a presentar por las concesionarias", señala el ente fiscalizador. Además, destaca la necesidad de tener en cuenta las discrepancias de criterios existentes. 

En este sentido señala las "elevadas probabilidades" de interposición de recursos administrativos y contencioso-administrativos ante los tribunales de justicia, con posible efecto en los importes y plazos de las liquidaciones. "Todo ello introduce elementos significativos de incertidumbre sobre el impacto de la situación anterior en la Cuenta de la Administración del ejercicio 2020", continua.

A esto se suma, según el organismo que dirige Vicent Cucarella, la necesidad de que Sanidad acometa las gestiones necesarias para la valoración y recepción definitiva de los bienes y servicios de la concesión del departamento de salud de La Ribera, como consecuencia de la finalización del contrato.