Francisco Llopis, portavoz de Aecova. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EP). La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV) ha anunciado este martes que espera que la Generalitat Valenciana le conceda una prórroga de los contratos de concesión que acaban este año para compensarles por el lucro cesante forzado por la Covid-19.
La asociación cree que esa extensión del contrato debería ser de entre seis meses y un año, a tenor de los indicadores jurídicos y financieros que maneja la entidad "a la espera de que los técnicos de la Conselleria se pronuncien sobre el tiempo que les corresponderá de facto".
La asociación que integra a las siete entidades concesionarias de la Comunitat Valenciana para la ITV anunció el pasado mes de mayo que pediría una prórroga de la gestión indirecta del servicio con motivo del parón sufrido por las estaciones a consecuencia de la pandemia, ante la finalización del contrato de concesión el próximo 31 de diciembre.
Semanas antes, la Generalitat anunció la creación de un grupo de trabajo con las empresas para lograr un proceso de reversión a gestión pública "amable" a partir de 2023, cuando expira la actual concesión de 25 años, un servicio que asumirá a partir de la fecha la Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles.
Ahora, la asociación ha fijado en ese periodo la prórroga y se ha ofrecido a facilitar los datos que maneja a la Conselleria "para ayudarles a determinar con precisión el tiempo que continuarán prestando el servicio de la ITV en la Comunitat Valenciana más allá del 1 de enero de 2023".
"Nuestros servicios jurídicos y financieros ya han delimitado esa horquilla de referencia, de seis a doce meses, en función de la singularidad de cada lote que forma parte de la asociación", ha explicado en un comunicado el portavoz de Aecova, Francisco Llopis.
Llopis se ha referido a dos ejemplos de otras comunidades autónomas, la de Madrid y La Rioja, "en los que tenemos conocimiento de que la administración prorrogó contratos como consecuencia de los daños producidos por la pandemia por un periodo similar de tiempo".
Así se refiere, por un lado, al contrato de gestión del servicio público de explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas, de la Comunidad de Madrid. En este supuesto, explica, "la Comunidad de Madrid reconoció la procedencia del reequilibrio económico del contrato" por las consecuencias derivadas del Covid-19 para el ejercicio 2020 ,en aplicación del artículo 34.4 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia y de la normativa de contratos públicos".
Por otro lado, cita la prórroga limitada de seis meses en el concierto sanitario entre el Gobierno de La Rioja y Viamed-Los Manzanos.
Así, las empresas concesionarias de la ITV en la Comunitat Valenciana mantienen su ofrecimiento "para ayudar a la Generalitat con transparencia, lealtad institucional y vocación de servicio público". Asimismo, Llopis pone sobre la mesa la "solvencia técnica y experiencia en la gestión de las ITV" de la entidad y "los indicadores jurídicos y económicos, que nos hacen defender una transición ordenada al nuevo modelo de gestión que pretende establecer el Consell".
Con todo, AECOVA subraya su ofrecimiento para "seguir prestando el servicio el tiempo que sea necesario, ya que contemplamos que van a tener serias dificultades para asumir la prestación del servicio en los tiempos que se han marcado".
