Cuando se habla de la Responsabilidad Social Empresarial, debe de partirse de una premisa básica la cual gira en torno a la idea de que no existe un único código o estándar. Cada empresa es diferente, con necesidades distintas y con una cultura empresarial propia, todo lo cual afecta de forma particular a los terceros que rodean dicha empresa. Así, la responsabilidad social empresarial se ha convertido en una de las materias cuya dificultad estriba en que no existe una única guía, sino centenares de ellas que tratan de responder a las necesidades y prioridades de cada sector empresarial. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU son un ejemplo de cómo debe de implementar una empresa criterios de respeto al medioambiente, de impacto social y de respeto a los Derecho Humanos, así como criterios de transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción.
La aplicación de estos objetivos nos conducen a considerar si verdaderamente la responsabilidad social empresarial canalizada a través de los principios, guías, códigos, etc., referidos, generan de alguna manera un impacto positivo, no solamente en la empresa que los implementa, sino en los terceros interesados (stakeholders) que experimentan la aplicación de tales principios, es decir, cómo pueden ayudar a las empresas a conseguir sus objetivos en un amplio espectro. Lo cierto es que un efectivo código de conducta o estándar puede ayudar a: sensibilizar a las propias compañías de la importancia de la responsabilidad social empresarial, asistir a la empresa a establecer estrategias y objetivos, ayudar a su implementación y al control, asistir en evitar o limitar escándalos para la empresa, fomentar el diálogo y la colaboración con las principales partes interesadas, mejorar la unidad y la identidad entre empresas divergentes. En resumen, a corto plazo el código puede ayudar en una crisis interna de la empresa sobre su gestión, a medio plazo el código puede prevenir una crisis y a largo plazo permite implementar los principios cuyo objetivo vienen a mejorar la condición de los trabajadores, accionistas, clientes, promover la confianza en el sector mercantil de la propia empresa, mejorar su rendimiento, etc.
La Ley 11/2018, de 28 de diciembre en materia de información no financiera y diversidad, y la Directiva 2024/1760 sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, han impuesto sobre las grandes empresas (léase: 250 empleados o más de 1.000 empleados y volumen de negocios superior a 40 millones o 450 millones de euros, según la norma), la obligación de divulgar anualmente información sobre cómo se implementan las guías, códigos o estándares de responsabilidad social empresarial con el fin de que expliquen cuál es el impacto que genera su negocio. Además, se imponen sobre los administradores de estas grandes empresas la obligación de que en su actividad, velen para que la empresa que gestionan respete los Derecho Humanos y el medioambiente.
Estos objetivos son ciertamente loables, pues nadie discute que las grandes empresas deben salvaguardar los principios más elementales de respeto al ser humano y el clima. Además, la normativa parece realista, pues son verdaderamente las grandes empresas las que generan un impacto importante en el desarrollo de su negocio, lo que comporta que se le impongan obligaciones con el objetivo de cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
A priori, todas estas obligaciones no son de aplicación a las pymes, de modo que las que deseen implementar estas obligaciones de forma voluntaria, bienvenido sea. Sin embargo, esta voluntariedad queda en entredicho cuando estas pequeñas y medianas empresas suministran a las grandes. Aquí la cosa cambia, pues son las grandes las que exigen, dentro de la cadena de actividades, la obligación de que las pymes den cumplimiento del mismo modo a los códigos, estándares, principios de responsabilidad social empresarial asumidos por ellas. Esta circunstancia seguramente debería celebrarse, pues todas las empresas, con independencia de su tamaño deberán respetar los principios de responsabilidad social sobre Derechos Humanos, medioambiente y lucha contra la corrupción. En este sentido, el entramado legal parece perfecto.
Sin embargo, no todo son parabienes. Nuestra legislación es garantista en la gran mayoría de los aspectos relacionados con la responsabilidad social empresarial. Si bien es cierto que siempre existe un margen de mejora, cuyo ámbito es ocupado por los principios mencionados. Con todo, la imposición a las pymes de principios de responsabilidad social empresarial conlleva un notable incremento de gasto, pues es necesaria la contratación de profesionales que ayuden a implementar los principios, códigos, estándares exigidos por las grandes empresas. Este incremento de gasto redunda, como no podría ser de otra manera, en el consumidor final, quien verdaderamente paga este cambio de paradigma en la forma de hacer negocio por parte de las empresas.
A vista de dron, no debe de despreciarse la implementación en las empresas de principios de responsabilidad social empresarial pero, a su vez, analizados el detalle, debe de estarse por la aplicación de un principio de proporcionalidad en aras a garantizar la supervivencia de la pyme. Empresa que sustenta una gran masa de negocio y de empleo.
Javier Vercher Moll es profesor doctor de Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia