Antonio Galvañ, secretario autonómico de Empleo VALÈNCIA. La Sindicatura de Comptes insiste en las deficiencias en la gestión de Labora, en ámbitos que van de la gestión económica a las subvenciones. Así lo recoge el informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana sobre el ejercicio 2023 de Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, en el que revela incumplimientos tanto a nivel presupuestarios como en la concesión de subvenciones del organismo, reproches que ya planteó en el Govern del Botànic. Las conclusiones apuntan a problemas de control interno, falta de transparencia y errores en el registro de partidas económicas.
Entre los problemas destacados, el informe señala que Labora no ha podido verificar la valoración ni amortización correcta de su inmovilizado no financiero, lo que afecta la fiabilidad de su balance económico. Además, existe un sobrevaloración de 39,6 millones de euros en la partida de deudores debido a cobros no imputados correctamente. La memoria financiera del organismo tampoco informa adecuadamente sobre los criterios utilizados para valorar y amortizar sus activos.
En cuanto a la gestión de tesorería, la Sindicatura denuncia la falta de un plan claro de disposición de fondos, lo que dificulta el control y seguimiento de las transferencias que Labora recibe a través de la Generalitat, el Ministerio de Educación y el SEPE. Esta situación compromete la correcta asignación de los recursos públicos y afecta el cálculo de resultados económicos.
El informe también detecta irregularidades en el proceso de concesión de subvenciones, especialmente las financiadas con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). En este sentido, Labora no ha garantizado la declaración de ausencia de conflictos de interés en el personal que interviene en estos procesos, incluido su director general.
En el caso del convenio de colaboración con la Asociación Alanna, dirigido a mujeres en riesgo de exclusión social, persisten problemas ya señalados en informes anteriores, como la falta de criterios claros para seleccionar a las beneficiarias y para justificar gastos de personal o costes indirectos. Por otro lado, en las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, la Sindicatura advierte que no se acredita la ausencia de duplicidad en la financiación de los proyectos, lo que incumple las normas de control del gasto público.
El organismo tampoco ha contabilizado provisiones para cubrir posibles reclamaciones judiciales o litigios pendientes, que podrían ascender a 2,1 millones de euros. Además, existen problemas en el cálculo del remanente de tesorería y en la liquidación de subvenciones no aplicadas a su finalidad, generando riesgos financieros para la entidad.
El informe concluye con una batería de recomendaciones para que Labora mejore su control interno, actualice sus criterios de valoración patrimonial y refuerce los procedimientos de gestión y justificación de subvenciones. Como se apuntaba, la Sindicatura advierte de que varias de estas deficiencias ya fueron señaladas en ejercicios anteriores y siguen sin resolverse.
