Foto: JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANESVALÈNCIA (EP). La Sindicatura de Comptes insta a la Conselleria de Educación a elaborar un procedimiento de contratación de los servicios de los comedores escolares que "respete los principios generales del sector público", así como a "rediseñar un sistema justo de financiación". El órgano de control también anima a la administración a "avanzar hacia un sistema universal y gratuito para el alumnado en riesgo de pobreza".
Estas son algunas de las principales recomendaciones que figuran en la Auditoría operativa de los comedores escolares en los centros de educación primaria --ejercicio 2022--, que ha elaborado la institución.
El Consell de la Sindicatura de Comptes acordó incluir en los programas anuales de actuación de 2022 y 2023 la auditoría operativa de los comedores escolares en los centros de educación primaria. El objetivo de esta fiscalización, explican desde el organismo, es evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía la gestión del servicio de comedor escolar en los centros de educación primaria de la Comunitat Valenciana.
En particular, se analiza si la gestión de los recursos humanos, materiales y de los fondos presupuestarios se ha desarrollado de forma económica, eficiente y eficaz en el logro de los objetivos previstos.
En concreto, se plantean cuestiones como si el modelo implantado en la Comunitat Valenciana garantiza una gestión adecuada del servicio de comedor y cumple las exigencias normativas; si existe un adecuado sistema de control de la gestión del servicio de comedor; si el servicio de comedor escolar fomenta una alimentación saludable y sostenible, si la prestación del servicio de comedor escolar beneficia a las familias y a los usuarios del servicio o si la Generalitat ejerce algún tipo de control sobre el comedor escolar de los centros concertados.
Entre las conclusiones extraídas de este trabajo destaca que el procedimiento de contratación instruido por la Conselleria de Educación "no respeta los principios generales de contratación del sector público, ignorando aspectos esenciales previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público".
"El incumplimiento de principios básicos en la contratación --apunta el análisis-- lleva aparejado una elevada variabilidad en el coste del menú pagado a los proveedores".
El informe hace notar que han transcurrido 8 años desde que la Sindicatura recomendó acudir a sistemas para la racionalización de la contratación.
Por otra parte, en cuanto a la financiación del servicio, la Conselleria "realiza aportaciones periódicas para los gastos de funcionamiento del servicio y concede las becas individuales de comedor". En el primer caso, la aportación no llega a cubrir los gastos de funcionamiento, mientras que el importe de las subvenciones supera el coste de la actividad subvencionada. Como consecuencia de todo ello, la Sindicatura observa "una elevada dispersión de resultados económicos entre los centros docentes".
Añade el órgano que la normativa no especifica debidamente el sistema de control de la gestión del comedor escolar. La Inspección de Educación supervisa el funcionamiento del comedor, mientras que la Dirección General de Salud Pública revisa la calidad de la oferta alimentaria de los centros. El cumplimiento de las atribuciones de los responsables de la gestión del servicio en los centros públicos es, en términos generales, adecuado, pero existen "algunas debilidades de control interno".
En cuanto al grado de adecuación de los menús de los comedores escolares a las exigencias normativas y a las recomendaciones sanitarias, se califica de elevado. No obstante, se advierte que "existe margen de mejora para conseguir menús totalmente saludables y sostenibles".
El informe recalca que el servicio de comedor facilita "una alimentación sana, la conciliación familiar, la equidad educativa, la función pedagógica, la participación y la transparencia". Las actividades educativas programadas en el horario de comedor desarrollan buenos hábitos alimenticios, la salud y la higiene, así como habilidades sociales, la cultura, el deporte y el ocio. Las ayudas actúan apoyando no solo económicamente a las familias, sino también proporcionando al alumno un espacio seguro donde puede recibir una alimentación equilibrada que contribuye a su crecimiento y bienestar general.
En este sentido, subraya que la administración "debe avanzar hacia un sistema universal y gratuito para el alumnado en riesgo de pobreza, en que cada niño, niña o adolescente tenga oportunidades para su bienestar y desarrollo independientemente de la situación familiar y las capacidades de su hogar".
Por otra parte, la Sindicatura llama la atención sobre "la capacidad limitada" de la administración autonómica para interferir en la organización y funcionamiento de los comedores escolares de los centros concertados.
En este sentido, detalla que la jurisprudencia ha incidido en el diferente marco normativo aplicable al servicio de comedor que ha provocado una limitación al alcance de nuestra auditoría. No hay evidencias de que la Conselleria haya cumplido con las "escasas atribuciones" de que dispone sobre los comedores escolares de la red concertada.
Una de las "cifras clave" que refleja la Sindicatura es el precio medio del menú en los centros, que alcanza los 6,75 euros. Es un 58,8% superior al precio del menú máximo de los centros públicos (4,25 euros). En este punto, recuerda que la Conselleria no realiza aportaciones adicionales a la red de centros concertados para financiar otros gastos de funcionamiento del comedor más allá de las aportaciones en concepto de becas.
Entre las recomendaciones que la auditoría hace en su informe, la Conselleria debe "concluir el diseño de un procedimiento que respete los principios generales de la contratación en el sector público, garantice una competencia legítima entre los potenciales licitadores, facilite el acceso a las pequeñas y medianas empresas, fomente la participación de las empresas de economía social y solidaria, permita lograr la eficiencia en la gestión de recursos públicos y pondere buenas prácticas de sostenibilidad medioambiental".
Y asevera que este procedimiento ha de venir precedido de "una modificación de la normativa que regula la gestión económica de los centros educativos, que data de 1995 y que no responde a los retos que la modernización de la administración exige".
Además, la Conselleria "debería realizar un análisis económico exhaustivo y rediseñar un sistema justo de financiación del servicio de comedor, garantizando que las becas financien únicamente el coste subvencionable".
