La situación económica dificulta los Presupuestos de la Generalitat

Equilibrar los Presupuestos de la Generalitat para el 2024, misión casi imposible para el Gobierno PPCV y Vox, tras la herencia recibida. Se impone la necesidad de recuperar el modelo concesional y la colaboración público-privada para seguir invirtiendo en Infraestructuras Prioritarias, palancas del crecimiento económico y social.

Aunque ya ha venido siendo comentada por los medios de comunicación y muy especialmente por la Sección de Economía de Valencia Plaza… que amablemente acoge mis artículos de opinión, nuestra preocupante situación financiera, entiendo que hay que dar a conocer a los valencianos (lectores) la herencia que el tripartito del Botánic (PSOE-PSPV, Compromís y Unidas Podemos), tras sus ocho años de gestión, ha dejado al Gobierno, ahora presidido por Carlos Mazón (PPCV y Vox).

La deuda de la Generalitat que en junio de 2015 el PP de Alberto Fabra dejó a Ximo Puig ascendía a 40.063 M€ (datos oficiales del Banco de España) que suponía el 39,9 % del PIB-CV. El ejecutivo liderado por Ximo Puig incrementó en ocho años la deuda recibida del PP, pasándola a junio de 2023 a 57.246 M€. Un aumento de 17.182 M€ que supone un 42,90% sobre la herencia recibida. Este incremento de deuda del Botánic ha supuesto que cada día los valencianos nos hemos sobreendeudado a razón de 5,88 M€/día… Todo ello,  supone que cada valenciano (individualmente, aparte de nuestra deudas domésticas o profesionales) carguemos con una deuda de 10.860 €/cápita.

Ante ello hay que preguntarse, ¿nos hemos endeudado para incrementar nuestro PIB autonómico o nuestra Riqueza individual? la respuesta es: ¡desgraciadamente no!

Mientras en el año 2015 nuestro PIB-CV era de 100.245 M€ y suponía que aportábamos tan sólo el 9,32% del PIB nacional –no olvidemos que en habitantes éramos el 10,62 % de la población española- en junio 2023  nuestro PIB-CV, si bien alcanza los 131.600 M€, supone el 9,10% del PIB nacional. Hemos perdido peso, y por lo tanto productividad ante el resto de España.

Si analizamos la riqueza individual (renta/cápita), en 2015 un valenciano tenía 20.324 €/habitante, que suponía el 0,877 de la riqueza media del español medio (23.162 €/hab./Nacional). Pues bien, en junio 2023 nuestra riqueza es de 24.967 €/hab que tan solo supone el 0,839 de la riqueza media del español medio (29.720 €/hab/Nacional).

En consecuencia, en junio 2015 los valencianos, alicantinos y castellonenses somos un 16% más pobres (menos ricos) que el resto de los españoles.

Sin ánimo de pecar de meticuloso en cifras y ratios, solamente apuntar, que con el déficit alcanzado en el primer trimestre 2023 que supone 1.860 M€ (1,42 % del PIB autonómico) sin duda superaremos, a ese ritmo, el agujero de déficit del 2002 que fue de 3.800 M€.

Todo ello sumando a una serie numerosísima de gastos comprometidos y no satisfechos; cánones aplazados y no provisionados; gastos sociales y pago a residencias concertadas, con demoras en pagos de hasta dos años, y sin actualización de módulos/residente/día; reversiones precipitadas, onerosas e innecesarias –ejemplo tenemos en la reversión de las ITV (Inspección Técnica de Vehículos) en pleno caos, demoras insufribles en dar cita, graves problemas salariales..., y sin justificación, ni estudio financiero, asumimos 1.200 empleados públicos–  y, además, innumerables "facturas en los cajones". Todo ello, aderezado con una financiación de la deuda con unos intereses desbocados (Euríbor a 1 año al 4,49 % s/Banco España 02/10/2023), hace dificilísimo cuadrar los Presupuestos de la Generalitat para el 2024.

Por ello, hay que insistir tanto el Gobierno de la Generalitat (ejecutivo) como el arco parlamentario de Les Corts (legislativo) y la Sociedad Civil en las asignaturas eternamente pendientes.

Reforma de nuestra Financiación Autonómica, ya que tanto en la establecida inicialmente por el Gobierno Aznar (SFA-2002), como con la reforma del Gobierno de Rodríguez Zapatero en el año 2009, que debería haberse revisado en 2014 –¡queda  casi ya 10 años pendiente!– nuestra Comunitat sale notoriamente perjudicada (avalado por estudios de IVE, FEDEA, BBVA Rechearch, etc.)

No puede mantenerse que la Comunidad Valenciana subsista gracias a una aportación del 83,5% del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica).

Analizando la financiación definitiva de las CCAA a competencias homogéneas por habitante ajustado, la Comunidad Valenciana, sobre un índice medio 100 en el año 2021 (último índice publicado por el Ministerio de Hacienda) presentamos un 92,1. Cuando se estableció el sistema (SFA) en 2002 un índice 93,9. Nunca hemos llegado al 100 de media, mientras que Madrid tiene el 102,1, Cataluña 101,7, Galicia 101,3, Castilla-León un 106, 3... y Cantabria un 115,3 (¿?)

En base a ello, debemos exigir una quita de la deuda generada por esta infrafinanciación, ya endémica. Nuestra actual carga financiera alcanza el 49,3 sobre los ingresos. Recordemos que según el artículo 14 de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) establece que la carga financiera (pago de intereses más amortizaciones) no puede súperar el 25% de los ingresos corrientes, y nosotros con el 49,3% somos los que presentamos la mayor vulnerabilidad. ¡Somos el furgón de cola de España!

De ahí que el presidente Mazón haya tomado el testigo de sus predecesores quizás con mayor ahínco y ninguna atadura partidista/sumisión, en esta reivindicación. Los valencianos nos negamos a ser permanentemente una autonomía subvencionada a través del FLA o cualquier otro mecanismo coyuntural/dadivoso… No queremos quedar como unos "mantenidos y despilfarradores" ante el resto de los españoles cuando lo que pedimos es que se nos dé lo que se nos debe. "Queremos cañas y aparejos para pescar, no que se nos regale el pescado".

Aunque los Presupuestos de la Generalitat no se cerrarán y posteriormente se debatirán en Les Corts, hasta el próximo 1º de noviembre… sí que podemos anticipar, a grandes rasgos y sin temor a equivocarnos, que dado el incremento presupuestario para atender las necesidades sociales y en el no dejar a nadie atrás, se traducirá en dedicar alrededor de unos 5.000 M€ a la  Vicepresidencia 2ª de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda; a la Consellería de Sanidad, aproximadamente deberemos asignar no menos de otros 6.400 M€; a la Educación y Cultura, unos 4.000 M€; el Servicio de la Deuda, quizás alcance unos 7.500 M€ (intereses más amortizaciones) y unos Gastos de personal que a pesar del importante recorte en Asesores y Altos Cargos (-20 M€) un quitar grasa de la Administración, etc., supondrá más de 7.500 M€. Luego para inversiones generadoras de actividad económica y creadoras del empleo quizás no podamos dedicar apenas el 5 % del Presupuesto.

En este contexto, y con la seguridad de que el Gobierno PPCV y Vox no incluirá la partida ficticia reivindicativa de 1.300 M€ que venía manteniendo el Botànic, sí incluirá ingresos reivindicativos como la deuda de los desplazados sanitarios y, por supuesto, contando con un incremento importante de ingresos generados (P.P. de Impuestos y TASAS) por las empresas valencianas y el tejido empresarial en general. Dada la reforma fiscal y la seguridad jurídica que ha impulsado el Gobierno actual autonómico, cabe esperar además que la colaboración público-privada, con esquemas tanto de concesional, como fórmulas de pago diferido por parte de la Administración (Generalitat), tome un fuerte protagonismo en la financiación de Infraestructuras Prioritarias (Agua y Medio Ambiente: Depuración Saneamiento, Prevención de inundaciones y Gestión de Recursos Hídricos; Movilidad y Logística: Transporte público; Intermodalidad, Cohesión Territorial FGV y Cercanías, Logística Portuaria y Sanidad: Incrementar y adecuar la capacidad hospitalaria y ambulatoria, etc.

Las fórmulas de colaboración público-privada permiten iniciar las obras sin necesidad de contar con la total disponibilidad de fondos, ya que el socio privado adelanta la inversión y el pago queda laminado a lo largo del periodo concesional. 

El agrupar el diseño, construcción, mantenimiento y explotación (todo el ciclo de la vida de la Infraestructura en un mismo consorcio) da mayor eficacia y eficiencia).

Los Contratos de Concesión garantizan que los activos (Obras y Servicios) se mantengan y se exploten con un determinado nivel y calidad de servicio durante el periodo contractual, al llevar implícita su conservación.

El retorno fiscal de este tipo de contratos frente a la contratación directa de obra es importante. Al Impuesto de Sociedades (IS) y el de Valor Añadido (IVA) (que se extienden no solo a la vida del proyecto sino también a la vida del contrato concesional) hay que añadir el Impuesto de Bienes Inmuebles, que solo se aplica en el caso de CPP a los municipios en donde está ubicada o transcurre territorialmente la Infraestructura.

Finalmente, y sin que pretendamos acotar las ventajas de la CPP, existe una eficiencia derivada de la equidad intergeneracional, que supone una mayor justicia distributiva, ya que no solo pagan los ciudadanos que la ven construir, sino todos los que la van a disfrutar durante su vida útil y concesional.

Los Contratos de Concesión, también presentan importantes incentivos a la innovación: La participación del sector privado en Contratos de Gestión de Infraestructuras de largo plazo basados en objetivos sociales, para diferencia de los competidores, obligan a los licitadores, a plantear soluciones nuevas que reduzcan los costes del ciclo del proyecto y maximicen los ingresos.

Los Contratos CPP, según estudios prestigiosos, entre ellos Innovation in Public-Private Partnersships (Public Money & Management), en comparación con modelos de contratación convencional han supuesto una ganancia de eficiencia, una mayor calidad de la Infraestructura (Obra Civil, Edificación Social /Sanitaria, Servicios Municipales de Agua, Saneamiento, Movilidad, etc.) y los Servicios prestados y ha generado una mayor innovación.

Por todo lo expuesto y enumerado desde la Cámara de Contratistas, no tanto como ejecutores de Obra Pública, como en cuanto a vectores económicos y empresariales, solicitamos y brindamos a la Generalitat Valenciana que nuevamente la Colaboración Público-Privada asuma un papel protagonista en la financiación de infraestructuras, en su sentido amplio y generalista.  No acometerlas tendrá un enorme coste de oportunidad para economía valenciana y el bienestar de nuestros conciudadanos.

Manuel Miñés es director-gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana (CCCV)