El presidente del Consejo de Transparencia, Ricardo García Macho. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La situación dentro del Consejo de Transparencia parece que se va agravando con el paso del tiempo y ante los retrasos en su renovación, ya que lleva en funciones desde diciembre de 2020. Tal como figura en su página web, han pasado más de tres meses desde que publicó la última resolución. Dependiendo de a quién se pregunte, le da mayor o menor importancia a estos plazos. Pero lo que de manera generalizada se destaca es que la no renovación, además de otras cuestiones, está pasando factura.
El Consejo de Transparencia se dedica, entre otras cuestiones, a garantizar, valorar y mediar en el acceso a la información pública, además de resolver otras cuestiones en materia de transparencia. En este momento, forma parte de los entes de la Comunitat Valenciana pendientes de nuevos mandatos. Éstos han de ser aprobados por los partidos políticos, que han de llegar a un acuerdo en Les Corts. Así, se suma a la lista de otros como la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu y el Consell Valencià de Cultura.
Los grupos han sido incapaces de desbloquearlos en los últimos años. En la pasada legislatura, las negociaciones entre la izquierda (PSPV, Compromís y Unides Podem) y el PP encallaron especialmente a la hora de establecer el reparto de nombramientos del Consell Jurídic Consultiu (CJC). En el resto, a priori, había acuerdo. A la situación, desde luego, no ayudó mucho que se abordara el tema en los últimos meses antes de las elecciones autonómicas de mayo.
En el inicio del nuevo curso político con la derecha en el poder, el PP retomó las conversaciones con la oposición, aunque se frenaron. Posteriormente, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, incluyó los órganos estatutarios en la oferta de pactos sobre agenda valenciana que desplegó ante el PSPV y Compromís. Ambos lo rechazaron como era previsible, por lo que volvió a quedar todo en el aire. Y así sigue, puesto que en la ecuación ha entrado ahora la dirección de la Agencia Antifraude.
Actualmente, el Consejo de Transparencia está integrado por cuatro miembros: Ricardo García Macho, a propuesta de Podem en la pasada legislatura, ocupa la presidencia; Lorenzo Cotino también es vocal del órgano a propuesta de Ciudadanos; Sofía García Solís fue la candidata a vocal propuesta por Compromís en la legislatura pasada cuando Isabel Lifante abandonó el cargo; y Emilia Bolinches, a propuesta del PSPV, es la cuarta vocal del Consejo. Hasta hace unos meses estaba el diputado por Vox Carlos Flores, que era vocal a propuesta del PPCV.
Según fuentes conocedoras del funcionamiento de este órgano –independiente de la Generalitat, aunque adscrito a Presidencia puesto que tiene las competencias de Transparencia–, no existe una regla o una cadencia fija en la que habitualmente se cuelgan las resoluciones, sino que se suele hacer cuando el personal tiene tiempo de traducirlas, formatearlas y colgarlas. Una vez al trimestre, en todo caso, sería lo mínimo.
De acuerdo con las fuentes del Consell consultadas, si no se han subido las resoluciones es porque el presidente del Consejo no las ha firmado todavía y lo hará en los próximos días. De hecho, el Servicio de la Oficina de apoyo al Consell está tramitando la publicación de las resoluciones rubricadas en el mes de noviembre. Aun así, no depende de la Generalitat directamente pese a que facilite los medios materiales y personales.
Aunque destacan que el periodo de publicación se enmarca dentro de lo razonable en los plazos de actualización advertidos en el Portal de Transparencia, otras fuentes admiten que la oficina sufre algunos problemas de carencia de personal que están siendo abordados.
