Foto: GENERALITAT VALENCIANA CASTELLÓ (EP). Las medidas de carácter extraordinario y urgente destinadas a promover la mejora de los procesos administrativos e impulsar el desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana que establece el decreto-ley de simplificación "seguirán vigentes aunque sea tramitado como proyecto de ley". Además, la tramitación como proyecto de ley se llevará a cabo por el procedimiento de urgencia, lo que implicará un tratamiento "acelerado y prioritario" por parte de Les Corts.
Así lo explica el director general de Simplificación Administrativa, Francisco Ortega, respecto al decreto que fue convalidado este lunes por el pleno de Les Corts, donde se acordó por unanimidad que a partir de septiembre se tramitará como proyecto de ley.
Con la convalidación se asegura la "plena vigencia" del decreto y se garantiza que las medidas y disposiciones incluidas "siguen siendo efectivas y aplicables en la Comunitat Valenciana", señala el responsable autonómico en un comunicado.
Respecto a la tramitación como proyecto de ley, el director general avanza que "permitirá un debate más detallado y la posibilidad de introducir modificaciones y mejoras al texto original". Sin embargo, remarca que "mientras se realiza este proceso legislativo, el decreto ley convalidado permanece en vigor y sigue teniendo fuerza de ley".
La tramitación se llevará a cabo por el procedimiento de urgencia, lo que permitirá "una rápida adaptación y perfeccionamiento del texto, en beneficio de todos los ciudadanos".
Desde el Consell agradecen la colaboración y el trabajo de los grupos parlamentarios en este proceso y reiteran su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la implementación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo y bienestar de la Comunidad Valenciana.
El decreto-ley elimina o modifica 29 leyes, 37 decretos, ocho órdenes y más de 500 artículos vigentes que "lastran la tramitación administrativa" y que fueron identificados tras un proceso en el que participaron el sector empresarial, los colegios profesionales, los ayuntamientos y la ciudadanía.
Entre las medidas introducidas destacan las tendentes a clarificar el lenguaje administrativo y a eliminar trámites burocráticos. También las encaminadas a reducir el tiempo y esfuerzo requerido para cumplir con los requisitos administrativos, fomentando así un entorno más favorable para la actividad económica e impulsar el desarrollo.
En cuanto a las medidas dirigidas a la ciudadanía, se establecen mecanismos para acercar la administración a las personas, especialmente a las mayores, con diversidad funcional o afectadas por la brecha digital. También se incluyen medidas por sectores para mejorar y acelerar los procesos administrativos y asegurar la coherencia y eficiencia.
Paralelamente, el decreto regula medidas de simplificación de carácter interno, que implican cambios en el modelo operacional y organizativo de la administración, y otras de colaboración y organizativas para impulsar la simplificación administrativa en los ayuntamientos. El objetivo es asegurar que todas las administraciones de la Comunitat Valenciana ofrezcan soluciones únicas e integradas a la ciudadanía.
El texto normativo prevé que el Consell apruebe cada dos años planes de simplificación de la administración de la Generalitat y su sector público instrumental, a través de los que se concretarán los plazos de puesta en marcha de cada medida de las contempladas en el decreto.
