Las ocho CCAA despobladas acercan su propuesta de financiación a la de Puig

VALÈNCIA. Ocho presidentes autonómicos se reunieron este martes en Santiago de Compostela para pedir conjuntamente medidas que eviten y palien la despoblación, entre ellas una reforma del sistema de financiación autonómica. Una reforma que no había irrumpido en el escenario nacional hasta estos últimos meses pese a que el modelo actual lleva caducado desde finales de 2013. Uno de los actores clave en atraer esta cuestión a la agenda política estatal ha sido el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ha venido tejiendo alianzas estratégicas con otras Comunidades Autónomas (CCAA) como Murcia y Andalucía con el objetivo de la remodelación que, cabe recordar, sitúa a los valencianos como grandes perjudicados en el reparto.

Este martes, sin embargo, el presidente valenciano no formaba parte de esta cumbre autonómica: el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se erigía como maestro de ceremonias de un encuentro entre los responsables políticos de las regiones con mayores problemas de despoblación. Es decir, un frente de la 'España vaciada' cuyas reivindicaciones no terminan de coincidir con las de otros territorios como Andalucía o la Comunitat Valenciana.

No obstante, la amplia declaración (ver la declaración de Foro Santiago) firmada por los presidentes de Galicia, Cantabria, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Castilla y León, contiene algunas posturas que permiten mantener algo de optimismo respecto a que existen posibilidades de acuerdo para la citada reforma del sistema. Una circunstancia fundamental especialmente en este momento, puesto que existe un compromiso público de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de presentar una primera propuesta de modelo este mismo mes de noviembre.

Así, algunas de las coincidencias relevantes con planteamientos que ha hecho Puig junto a otras regiones, se centran en el principio de suficiencia que garantice a las comunidades "recursos suficientes para prestar los servicios de su competencia tanto en el presente como en el futuro". Esto, unido a la premisa también reflejada de que ninguna CCAA reciba "menos financiación como consecuencia de la modificación del sistema", concuerda con el discurso que el Gobierno valenciano ha mantenido en los últimos meses. El Ministerio de Hacienda deberá poner más dinero -la cifra estimada oscila entre 13.500 y 16.000 millones de euros- para la financiación autonómica: tal y como refleja en la citada declaración, se debe aprovechar la definición de un nuevo modelo para "corregir los "déficits de financiación que sufren todas las CCAA en el modelo vigente, dotando al sistema autonómico de mayores recursos".

Un planteamiento de base que coincide con el propuesto por la Comunitat Valenciana y sus aliadas en el impulso de una reforma que, hasta ahora, había sido esquivada por buena parte de las regiones firmantes de esta Declaración de Santiago, puesto que el actual sistema les permite tener una financiación por habitante mucho más alta que el de las perjudicadas por el sistema. Sin embargo, y dado el creciente debate, este encuentro de ocho CCAA con el consiguiente manifiesto, acepta una reforma del sistema y enseña a la ministra Montero un camino no tan distinto en el marco general al reivindicado por las autonomías mediterráneas.

El criterio de 'población ajustada'

Más aún cuando en las 14 páginas de la declaración, y pese a que se pone el acento en diversos criterios e indicadores que para estas CCAA deben ser tenidos en cuenta en el diseño del nuevo modelo, no aparece un rechazo explícito a la propuesta de población ajustada que desde la Comunitat Valenciana se ha venido exigiendo y que ha defendido en público la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El criterio de población ajustada sirve para ajustar la población real para sobreponderar a algunas CCAA en función de variables que hacen que necesiten más recursos. El actual cálculo de población ajustada se hace en función de seis variables: superficie, dispersión, insularidad, población mayor de 65 años, población de 0 a 16 años y, la más importante, población protegida equivalente. Esta última variable, a su vez, divide y pondera en siete grupos de edad la población con cobertura sanitaria.

Tras ponderar las seis variables, la que más peso pierde en términos porcentuales es la Comunitat Valenciana, que tiene el 11,34% de la población de hecho de las 15 comunidades de régimen común pero cuenta como si tuviera el 11,04%, 133.000 habitantes menos, según las cifras de 2017, últimas publicadas. Incluso después de ese cálculo es la comunidad que menos recursos recibe por habitante ajustado debido a que en el reparto se introducen otros criterios más políticos a través de varios fondos que desvirtúan el criterio de población ajustada.

La posición firme de Montero en este punto parece haber rebajado la oposición del bloque de las ocho CCAA más despobladas, donde cinco están gobernadas por el PSOE. La intención de la ministra es partir de la base de la población ajustada, en cuyo cálculo ponderarían más variables y en mayor medida que ahora. Los integrantes de Foro Santiago no lo rechazan explícitamente. 

Los firmantes piden que se tenga en cuenta, sobre todo, el coste real de los servicios, que en sus CCAA es mayor que en las más pobladas, pero a continuación, introducen una lista de criterios que deberían tenerse en cuenta a la hora del reparto, que son los actuales de la población ajustada más otros nuevos como la orografía, un nuevo tramo de edad de mayores de 85 años, la baja natalidad, la pobreza o la tasa de paro.

José Antonio Pérez: "Su posición es defensiva pero hay coincidencias"

El Alto Comisionado de la Generaliatt para la Financiación Autonómica de la Comunitat Valenciana, José Antonio Pérez -recientemente nombrado secretario de Política Económica del PSPV-, explicó, preguntado por este diario, algunas de las cuestiones destacadas de la declaración firmada por estas ocho CCAA. "Para empezar, esto no es una propuesta de reforma en sí, sino una declaración más bien política", recalcó, para añadir que veía en el documento un tono "algo defensivo" aunque con "coincidencias que van en la línea que venimos defendiendo en la Comunitat Valenciana".

Así, Pérez, que es uno de los expertos que ha representado a la Comunitat Valenciana en el Comité Técnico Permanente de Evaluación del sistema de financiación, discrepó con la posición de este frente autonómico en que el reto demográfico, tal y como se plantea en la declaración sea "el desafío más importante de España". "Es un gran problema estratégico, sin duda, pero hay otros las desigualdades de renta per cápita que son superiores al 80% desde hace décadas o la precariedad laboral son problemas como mínimo al mismo nivel", recalcó, para puntualizar además que la herramienta para abordar este problema, a su juicio, "no es tanto la política de financiación autonómica sino el desarrollo de la política regional".

En cuanto a las coincidencias, Pérez celebró que los puntos 20 y 21 de la declaración especialmente, que versan sobre el principio de suficiencia y los mecanismos de nivelación, están en sintonía con las exigencias valencianas. "Lo llevamos diciendo desde el año 2017, cuando enviamos nuestra propuesta de reforma completa y detallada al Ministerio de Hacienda y a todas las Comunidades Autónomas", subrayó.

Por otro lado, también se refirió a los "condicionantes innegables" para calcular las necesidades de financiación que estas ocho CCAA exponen en su declaración: la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad o el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población. "No son factores que justifiquen diferencias de financiación por habitante del 30%, por eso digo que es una posición defensiva, tratando de proteger el statu quo vigente, aunque creo que se podría llegar a un acuerdo", comentó Pérez, quien recordó que lo fundamental para ello es que el ministerio presente el documento prometido: "Necesitamos que el ministerio ponga una propuesta encima de la mesa de reforma del modelo. No sólo de población ajustada, sino de muchas más cosas, de suficiencia, de nivelación total o no; de qué porcentaje va a quedar para la ordinalidad… en definitiva, una propuesta con todos los elementos detallados y el engranaje".