MURCIA. (EFE/Lucía Ruiz Simón). Hacer la compra es un 9 % más caro que hace un año y productos como el simbólico aceite de oliva ha subido un 66,7 %, con lo que los españoles se ven obligados a hacer malabares para llenar la nevera, pese a la bajada del IVA, los esfuerzos en promociones y el avance sostenido de la marca blanca.
Con los últimos datos sobre la mesa, el incremento de precios de la cesta básica casi triplica el encarecimiento de la vida en general que se ha quedado, según el IPC de noviembre, en un 3,2 %.
Para describir una realidad con tentáculos macroeconómicos, pero con un reflejo cotidiano y directo en el bolsillo de los españoles, utilizar el clásico esquema de responder a las 5W del periodismo ("what" (qué), "who" (quién) "when" (cuándo), "where" (dónde), y "why" por qué) puede resultar práctico para resumir las claves de la inflación alimentaria en 2023, que acumula ya dos ejercicios históricos.
Aunque el encarecimiento de alimentos y bebidas no alcohólicas es de media un 9 %, ha habido casos paradigmáticos como el del aceite de oliva virgen extra, santo y seña de la mesa y de la dieta mediterránea, con elevaciones de hasta un 44,5 % anual.
Le siguen otros componentes básicos de este patrón alimenticio como son las legumbres y hortalizas frescas (+16 %).
También por encima del 10 % están la carne de porcino (12,9 %) y las frutas frescas (10,1 %); mientras que la referencia de frutas en conservas ha sido la menos inflacionista (2,3 %), seguida de la carne de ave (2,4 %).
Ante esa situación, se han tomado medidas excepcionales como la rebaja del IVA de los alimentos -eliminado desde hace un año para los alimentos básicos y reducido al 5 % para aceites y pasta-, con la que España estrenó el año y que, según los datos de Hacienda, ha supuesto una merma para los ingresos del Estado de 1.294 millones de euros hasta septiembre.
Esta medida, que se amplió en junio y que seguirá vigente a partir de enero según se comprometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura, ha sido aplaudida por todo el sector, si bien la considera insuficiente al no incluir pescados y carnes, en lo que coincide el Partido Popular.
Durante todo el año, la subida de precios por hacer la compra se ha traducido en un susto mensual; el año arrancó con una subida interanual del 15,4 % en enero y tocó techo un mes más tarde, con un 16,6 %.
No ha sido hasta octubre cuando ha bajado de la barrera psicológica de los dos dígitos y ha registrado ligeras bajadas, en parte también por el efecto comparativo en 2022, cuando los precios eran ya muy altos.
El Gobierno apostó por esta medida relativa al IVA para contener una inflación que afecta de lleno a las familias de rentas más bajas, pero el anterior Ejecutivo no eliminó la sombra de la duda sobre la actuación de las empresas, especialmente las de distribución acusadas por algunos directamente de "forrarse".
Durante la campaña electoral, Podemos llegó incluso a proponer la creación de supermercados públicos.
Si bien es cierto que todos los portavoces patronales y empresariales han reconocido una elevación de precios incluso "bárbara", los informes del Banco de España y el de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia abundan en la idea contraria, es decir, que la distribución no se ha "aprovechado" de la inflación.
En el origen de la subida de precios hay varios factores, como la subida de insumos como la electricidad, los carburantes y las materias primas que, a su vez, tiene su origen en tensiones geopolíticas como la guerra en Ucrania.
No es óbice, en este caso, la "ayuda" del clima con una sequía extrema que ha impactado en algunas producciones a la baja, como el caso de la aceituna.
También ha afectado la aplicación normativa, con leyes de bienestar animal que han restado posibilidades a la producción de huevos y otras como la de cadena alimentaria que han impulsado el precio que reciben algunos eslabones tradicionalmente más débiles como los ganaderos de leche.
Y otras tasas que han gravado a toda la cadena y que se terminan trasladando a los precios, según las empresas, como el impuesto al plástico.
No hay excepciones; los alimentos se han encarecido en todas las comunidades autónomas -con Melilla (11,3 %), Canarias (11,1 %) y Castilla-La Mancha (9,7 %) a la cabeza- y en todos los formatos comerciales, desde las tiendas de proximidad al hipermercado, pasando por el supermercado.
El informe de la OCU de septiembre apuntaba que las cadenas grandes más baratas son Family Cash, Alcampo, Supeco, Consum y Mercadona.
La cadena valenciana sigue siendo la que acumula, con diferencia, gran parte de este mercado; los datos de la consultora Kantar relativos al primer semestre situaban su cuota en un 26,1 % y subrayaban el impacto de su anuncio en abril de bajar los precios en 500 artículos; le siguen Carrefour y Lidl.
Los consumidores se han convertido en expertos en precios y promociones; para controlar su gasto, según datos de la consultora Circana facilitados a Efe, buscan productos envasados a un precio fijo, optan por envases más pequeños y "reevalúan" sus compras para hacerlas más asequibles.
Así, han optado por el trasvase a alimentos de la misma familia pero más baratos; por ejemplo, han comprado un 15,3 % menos de cordero, pero un 6,7 % más de pollo y un 27 % más de huevos de clase M, frente a la caída del 7,8 % de la talla XL.
Todos los estudios confirman el impacto de la marca blanca en este contexto: si desde la Asociación de Fabricantes y Distribuidores Aecoc se subrayaba en septiembre que España era ya el país con más marca blanca en gran consumo de la Unión Europea, los datos de Circana sobre la penetración en alimentación de estas enseñas la cifran en un 55, 9 %; en el caso de las bebidas es sólo del 30,4 %.
Dos meses de bajada y por encima del 10 % anual apuntan a un escenario de, al menos, estabilización de precios; aun así, desde la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) ya han advertido de que los precios no van a bajar y desde el Ministerio se ha apuntado a un "aterrizaje suave".