El l exministro de Transportes José Luis Ábalos en una imagen de archivo. Foto: A.PÉREZ MECA/EPVALÈNCIA (EP). La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha atribuido al exministro de Transportes José Luis Ábalos un "papel relevante" y de "responsablidad" en la presunta trama del 'caso Koldo' y ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que le investigue.
En un nuevo informe, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes inciden en que "la enumeración lógica de indicios expuestos hasta este momento ofrece una aproximación a los hechos en la que Ábalos adquiere un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo (García, su exasesor), (Víctor de) Aldama y la organización criminal dinamizada por este último".
Así las cosas, el Instituto Armado sostiene que "se debería investigar qué relación tendría el exministro" con la "organización criminal y los hechos investigados, para lo cual se requeriría iniciar una investigación sobre esta persona, actualmente aforada".
Entre la batería de "indicios" a los que hace referencia la UCO, los investigadores explican que -gracias a las "evidencias intervenidas a Aldama y Koldo" y las conversaciones interceptadas- han "hallado una relación de carácter económico entre De Aldama y Koldo - Ábalos".
La Guardia Civil también precisa que "las conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos permiten apreciar de manera indiciaria como De Aldama se valió de su relación con Koldo-Ábalos para influir en la concesión final del rescate a Air Europa".
Según consta en el informe, "el 16 de julio de 2020 se habrían reunido el presidente del Gobierno, a quien De Aldama en conversaciones con personas de su círculo más próximo se refiere como 'el 1'; Nadia Calviño, a quien denomina "la de Hacienda"; y Ábalos".
Los agentes recalcan que el día que se celebró dicha reunión, De Aldama y el entonces consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo habrían acudido al Ministerio de Transportes para reunirse con Ábalos.
Al margen, la UCO señala que Ábalos informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, haría una visita privada a España y que le había pedido verse "discretamente". Según dijo, el jefe del Ejecutivo no puso "pegas".
"La vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda", reza el mensaje enviado por Ábalos a Sánchez, del que consta una captura de pantalla en el informe de la UCO.
Los agentes consideran que de dicho mensaje, que Ábalos remitió en una captura de pantalla a Koldo, "se aprecia" que se "obtuvo el beneplácito del presidente del Gobierno para la visita de Delcy".
A su vez, apuntan que -durante la permanencia de Ábalos y Koldo en el Ministerio- De Aldama, realizó "habitualmente" diversas actividades como "labores de intermediación entre España y Venezuela". También se comunicó con Delcy Rodríguez para trasladarle un mensaje "del jefe" en relación a la reunión del opositor venezolano Leopoldo López con Pedro Sánchez en la sede del PSOE, según el informe.
La UCO subraya que De Aldama y la 'número dos' de Nicolás Maduro trataron "asuntos de gran sensibilidad" para ambos, incluido temas ligados con la compraventa de oro venezolano.
Además, los investigadores insisten en que hay indicios suficientes, "obtenidos de manera directa del material obrante en la causa", que "vincularían la participación de Ábalos en los contratos investigados, con la compra por parte de De Aldama de un chalet para el propio exministro".
Sobre este extremo, precisan que De Aldama -considerado el presunto conseguidor de la trama- "gestionó la compra del chalet, inicialmente a través de una serie de ciudadanos venezolanos que se inicia pero no culmina de manera existosa", y, posteriormente, "valiéndose económicamente de una presunta trama dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos".
La UCO apunta que Ábalos llegó a "disponer" del chalet 'La Alcaidesa' -situado en La Línea de la Concepción- y pudo incluso poner "en alquiler y poder obtener así rendimientos económicos". Dicha propiedad, señalan los agentes, fue adquirida por De Aldama por valor de 526.000 euros empleando sociedades presuntamente controladas por Claudio Rivas, socio del empresario.
En el informe figura también otro inmueble. La UCO ha hallado "evidencias" de que un presunto "testaferro" pagó 82.298 euros para alquilar un piso en Plaza España, Madrid, en el que residía J.R.G., pareja de Ábalos.
De las conversaciones intervenidas, los investigadores señalan que la mujer tenía un contrato laboral con INECO -empresa dependiente del Ministerio de Transportes- y estuvo en la empresa pública TRAGSATEC -dependiente de la SEPI-.
En el marco del informe, la Guardia Civil recopila información relativa al funcionamiento de la presunta trama y la actuación de Koldo García y Víctor de Aldama: "Se ha explicado ya la permanente mediación de Koldo con los departamentos ministeriales que fueran necesarios en cada mediación de momento, tras las peticiones directas de De Aldama que le aportaban la correspondiente retribución".
Según los agentes, Koldo habló directamente en 2020 con la entonces presidenta de Islas Baleares y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, para conseguir que contratara a una empresa de la presunta trama de compraventa de mascarillas, pero para adquirir PCR. "Vale, cariño, te mantengo informada de todo", dijo a la dirigente socialista.
Ese mismo año, Koldo también habló con la entonces presidenta de La Rioja, la socialista Concepción Andreu, para introducir a la presunta trama de compraventa de mascarillas en esa comunidad autónoma.
Al hilo, la UCO da cuenta de las gestiones llevadas a cabo por los investigados para adjudicarse contratos para la venta de test PCR en Canarias y Baleares a fin de que se hicieran los primeros "vuelos seguros" durante la pandemia de coronavirus.
Además, los investigadores apuntan que Koldo organizó un encuentro entre el director de Gabinete del Ministerio de Industria -entonces dirigido por Reyes Maroto- y el presunto director de la trama de estafa en el sector de los hidrocarburos, Claudio Rivas, a De Aldama.
La pretensión de dicha reunión fue, según la conversación que mantuvieron Aldama y Rivas, conseguir que el Ministerio otorgase "la condición de operadora de productos petrolíferos al por mayor" a la empresa Villafuel SL.
Por último, el informe evidencia que la 'trama Koldo' también propuso a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) una "oferta de negocio para la realización de test de detección del COVID" en eventos deportivos.
Ante esto, Ábalos ha rechazado mostrarse sorprendido por la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de imputarle por su presunta implicación en el 'caso Koldo' ya que considera que "era de esperar", pero en todo caso ha reiterado que él no forma parte de "ninguna trama".
El que fuera secretario de Organización del PSOE ha dicho no temer su imputación porque "todo es posible" y, en todo caso, cree que, una vez conocido el informe completo, "podrá defenderse mejor que hasta ahora" sobre este asunto.
Ante los periodistas, Ábalos ha insistido en negar que forme parte de la trama: "No formo parte de ninguna trama y lo que es más importante, no me he beneficiado económicamente de esto".
Además cree que pensar que pudo utilizar teléfonos del Gobierno o pedir ayuda para asegurar que no estuviesen pinchados refleja "no entender cómo funciona el Gobierno". "Me parece obvio y es desconocer cuál es el sistema de seguridad de un Gobierno", ha sentenciado.
En un informe reciente, la UCO recoge que Koldo García, el ex asesor de Ábalos, preguntó al agente de la Guardia Civil asociado a la trama e investigado por la Audiencia Nacional antes del estallido de la operación si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el entonces titular de Fomento tenían los teléfonos "pinchados".
A su vez, el Gobierno se ha mostrado partidario de que se lleven a cabo todas las investigaciones pertinentes y que exista colaboración por parte de los implicados. Así lo han indicado fuentes gubernamentales, después de que el juez del 'caso Koldo' pidiese al Congreso de los Diputados que certifique si Ábalos es diputado, lo que puede suponer un paso previo a una eventual imputación.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha sido interrogado al respecto en una rueda de prensa en La Moncloa después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reuniese con el presidente de Aragón, Jorge Azcón.
Sin embargo, Torres ha evitado entrar en detalles y ha señalado que únicamente conoce la petición al Congreso de los Diputados para que aclare si Ábalos es parlamentario. "Es al Congreso y desde el Gobierno no podemos decir más", ha indicado.
El ministro también ha sido cuestionado por la decisión del PP de convocar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a la comisión en el Senado sobre el 'caso Koldo' y, en este sentido, se ha quejado de que los de Alberto Núñez Feijóo no han querido prorrogar la comisión en el Congreso sobre la compra de mascarillas y tampoco apoyan otras comisiones en parlamentos autonómicos de comunidades donde gobiernan.
"O sea, es muy exigente en los órganos que tienen mayorías absolutas, pero luego da la espalda a comisiones de investigación en el Congreso o en comunidades autónomas donde ellos tienen presidencias autonómicas", ha recriminado. "Si realmente queremos luz y taquígrafos, como ellos demandan, ¿por qué tienen miedo?" a apoyar el resto de comisiones, ha terminado.
