VALÈNCIA. Este jueves se votará en el Congreso la reforma del artículo 49 acordada por PSOE y PP. Una modificación que podría incluir también la recuperación del derecho civil valenciano, una reivindicación de las principales formaciones políticas de la Comunitat y de buena parte distintas organizaciones sociales y empresariales que lleva pendiente desde su anulación en 2016 por parte del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el pacto entre las direcciones nacionales de socialistas y populares no incluye esta posibilidad, por lo que a día de hoy las opciones de que pueda incorporarse la enmienda en este sentido presentada por Compromís-Sumar resultan escasas.
No obstante, la Associació de Juristes Valencians (AJV) presidida por José Ramón Chirivella, probó este lunes un último intento de acercar posiciones entre los principales líderes políticos de la Comunitat. Lo hizo convocando un encuentro con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, y el portavoz de Compromís, Joan Baldoví. Sólo este último aceptó acudir, mientras que los dos primeros aludieron a motivos de agenda, además de puntualizar que la cita se había planteado el mismo lunes y sin permitir la posibilidad de que acudiera otro cargo en su lugar.
Una medida desesperada de la AJV para intentar unificar una posición de las fuerzas políticas valencianas que permitiera aglutinar un frente de presión que pudiera hacer cambiar de idea a las cúpulas nacionales de los partidos y respaldar la enmienda que ha preparado Compromís-Sumar para incorporar la citada recuperación del derecho civil valenciano.
Cabe recordar que la reforma pactada por PSOE y PP sobre el artículo 49 incluye sólo el acuerdo para el término 'disminuidos' por 'personas con discapacidad', un trámite que la AJV ha querido aprovechar para incluir la mencionada recuperación, algo que ya hizo sin éxito en la pasada legislatura.
El cambio redactado por Juristes Valencians, según el texto al que ha tenido acceso este diario, es el siguiente:
— Se añade un segundo párrafo a la disposición adicional segunda de la Constitución, que queda redactado como sigue:
Texto que se propone:
«La competencia legislativa civil de las comunidades autónomas, asumida a sus propios estatutos conforme al artículo 149.1.8.ª de la Constitución, se extenderá a la recuperación y la actualización de su derecho privado histórico de acuerdo con los valores y los principios constitucionales.»
En cuanto a la justificación, la AJV explica que en febrero de 2020 Les Corts Valencianes remitieron al Congreso una "Proposición de reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución española para la reintegración efectiva del Derecho Civil valenciano" que coincidía exactamente con el texto objeto de la enmienda ahora presentada, además de recordar que esta iniciativa contó con el voto favorables en Les Corts del PP, PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem.
En el texto se recuerda que la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006 hizo posible que el Parlamento valenciano volviera a dictar leyes civiles como hacen también otras seis comunidades autónomas, corrigiéndose así la arbitrariedad derivada de la Batalla de Almansa y los Decretos de Nueva Planta de 1707. Así, se resalta que el ejercicio de la capacidad legislativa autonómica posibilitó que durante ocho años los valencianos dispusieran de leyes valencianas modernas de familia: la Ley 10/2007, del régimen económico matrimonial valenciano, la Ley 5/2011, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, y la Ley 5/2012, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana. Todas ellas fueron anuladas por las sentencias 82/2016, 110/2016 y 192/2016 del Tribunal Constitucional, quedando vacía de contenido la capacidad de autorregulación en materia civil de los valencianos.
En la justificación también se resalta que el TC determinó "la nulidad e inconstitucionalidad de esas leyes, pero sin declarar la inconstitucionalidad de la competencia prevista en diferentes artículos del Estatutos, y que en el Preámbulo se configura como fundamento de su condición de Nacionalidad histórica. Esta gran contradicción, disponer de una competencia no cuestionada pero reinterpretada por el Tribunal Constitucional con el efecto perverso de no poder producir normas civiles modernas, es el origen de la iniciativa reformista-reintegradora del parlamentarismo, el municipalismo y la sociedad civil valenciana".
Es por ello que desde la AJV propone "por economía procesal" tramitar conjuntamente la modificación del artículo 49 de la Constitución con la citada recuperación del derecho civil valenciano, algo para lo que se cuenta también con la opinión favorable del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Además, en el texto de la enmienda se recalca el amplio respaldo a esta propuesta: "Sindicatos, universidades, organizaciones empresariales, colegios profesionales, asociaciones culturales y de consumidores, así como 541 ayuntamientos, que representan a más de 5.000.000 valencianos y valencianas, las Diputaciones Provinciales, la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias han apoyado la reforma constitucional en defensa de un Derecho Civil propio, moderno, útil, próximo y social planteada por l´Associació de Juristes Valencians a les Corts Valencianes. Esta adhesión municipalista es superior a la que determinó el acceso a la autonomía en los años 1979-1981".
Por último, en la enmienda se transmite "el compromiso de Sumar de no incorporar cuestiones ajenas al debate sin ninguna posibilidad real de ser aprobadas" e insiste en que esta modificación parcial se limite "exclusivamente" a "estas dos reformas sociales de la Carta Magna, ya que pretenden adecuar la Constitución a compromisos políticos previamente adquiridos por las Cortes Generales".