Foto: LA UNIÓVALÈNCIA (EP). La Unió de Llauradors ha exigido este jueves que se dé una "solución inmediata" a la confusión existente por las quemas agrícolas y ha subrayado que instará "a la desobediencia" si finalmente se prohíben, "porque solo se dispone de lo que queda de mes para deshacerse de los restos de poda en las explotaciones agrarias".
La organización profesional agraria ha reclamado a la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, que destituya al o los responsables de esta administración que no alegaron contra la nueva Ley de ámbito estatal 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y que "deja en el aire la posibilidad de quemar con dos artículos bien diferentes, en uno la prohíbe y en otro la exime".
Por ejemplo, ha apuntado que el artículo 3,2.e) señala que esta Ley no se aplica a la paja y otro material natural, agrícola o silvícola, no peligroso, utilizado en explotaciones agrícolas y ganaderas, en la silvicultura o en la producción de energía a base de esta biomasa, mediante procedimientos o métodos que no pongan en peligro la salud humana o dañen el medio ambiente.
"Alguien en Madrid dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha legislado sin conocer la realidad agraria y algunos en València, dentro de la Conselleria, no han sabido frenar a tiempo este desaguisado y, por tanto, no han defendido convenientemente los intereses de los agricultores valencianos, por lo que habría que depurar responsabilidades", han apuntado desde La Unió.
Según subraya la entidad, como todos los años, desde el 1 de junio al 16 de octubre "ya no se podrá quemar atendiendo a la normativa autonómica en prevención de incendios y por ello quedan pocos días para deshacerse de los restos de poda, dejando en una clara situación de indefensión a numerosos agricultores justo en un momento donde muchos cultivos precisan de esta práctica".
En este sentido, señala que hay localidades de la Comunitat Valenciana que se están acogiendo a esa "supuesta prohibición" de las quemas de la Ley de Residuos y las han prohibido, mientras que otras "sí las están autorizando".
La Unió considera que no se puede publicar una normativa y prohibir alguna de las actuaciones contempladas "de la noche a la mañana". Por ello, la organización aboga por establecer un "periodo de transición y adaptación" de unos cinco años, mediante el cual se realice un "debate público y participativo para resolver los problemas de las quemas agrícolas en aquellos sitios donde resulta imposible triturar en el campo".
Además, ha criticado que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, "responsable última de todo este asunto, echa balones fuera y traslada la problemática a las comunidades autónomas instando a pedir certificados fitosanitarios para poder quemar, algo totalmente impensable en la Comunitat Valenciana que convertiría en un interminable suplicio burocrático para los agricultores con cada permiso solicitado y colapsaría también los servicios de la Conselleria", asegura el responsable de La Unió, Carles Peris.
La Unió ha insistido en que los restos de poda "son un subproducto de material vegetal que se gestiona (quema o tritura) en la misma explotación y nunca pueden ser considerados como un residuo que sí queda sujeto obligatoriamente a su tratamiento posterior en una planta".
"Una vez más se nos trata de imponer una norma emanada desde los despachos de Madrid, sin tener en cuenta la realidad del campo que es muy dispar según comunidades autónomas y cultivos. Hay que trabajar con los territorios y no a espaldas de ellos buscando el enfrentamiento absurdo e innecesario entre el mundo urbano y rural", ha concluido el secretario general de La Unió.
En este sentido, el diputado y portavoz de Compromís en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de Les Corts, Josep Nadal, ha presentado una propuesta para que el Consell inste al Gobierno de España a revisar la prohibición de las quemas agrícolas, prevista en la Ley estatal de Economía Circular, y que adopte medidas transitorias.
Según ha señalado Nadal en un comunicado, "la Ley ha cambiado la naturaleza jurídica de los restos agrícolas y forestales puesto que ahora se consideran, a efectos legales, como residuos. Esto ha provocado un desconcierto en el sector y lo que tendría que hacer el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico es clarificar qué entiende por residuo agrícola en aquello que afecta a las quemas agrícolas".
"Nos encontramos con que la ley cuestiona la necesidad del uso del fuego como sistema de eliminación de restos agrícolas. Pero hay que decir que su prohibición total, sin una transición gradual y una programación realista, resulta muy difícil porque no existen, a priori, alternativas que puedan, por ejemplo, servir para eliminar materia vegetal de ribazos o que hagan viable técnicamente y/o económicamente otra alternativa inmediata", ha expuesto el parlamentario.
Aun así, ha hecho hincapié en que, entendiendo la diversidad territorial en todo el Estado, "su prohibición no es viable y eficiente, entre otros casos, en explotaciones agrarias de escasa dimensión, muchas de ellas situadas en territorios de dificultad orográfica".
Según expone, este es el caso de la estructura agraria valenciana, "donde las explotaciones se estructuran en abancalamientos de escasa anchura que tienen que ser protegidos para evitar la erosión", ha explicado el diputado de Compromís. "Además, hemos de tener en cuenta que la quema de rastrojos y de restos de poda se emplea para mantener una adecuada sanidad vegetal, y también para prevenir una acumulación de material combustible que podría desencadenar incendios graves", ha detallado.
