VALÈNCIA (EP). La Unió Llauradora i Ramadera ha presentado una serie de propuestas al Ministerio de Hacienda para "mejorar el tratamiento fiscal" al sector agrario en la orden por la que se desarrollan, para el año 2023, el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial del Impuesto sobre el Valor Añadido (Orden de módulos).
El objetivo de estas propuestas es "paliar la grave crisis de costes que el sector productor de la Comunitat Valenciana ha sufrido en 2022 y los efectos que tengan en 2023", ha explicado la Unió en un comunicado.
La organización profesional agraria ha incidido en que en 2022 se ha dado un "fuerte incremento de casi todos los costes de producción", pero especialmente de los esenciales (fertilizantes, piensos y gasóleo agrícola). De media, de enero a octubre de 2022 se sitúan "como mínimo entre un 27% (determinados tipos de piensos) y hasta un máximo del 143% (determinados tipos de fertilizantes), con respecto al precio promedio de 2021", ha lamentado la Unió.
"Este incremento en los costes de producción, sin embargo, no se habría visto repercutido en su totalidad en el precio percibido por el productor por las deficiencias y desequilibrios que tiene la cadena alimentaria, hecho que refuerzan también los datos de Eurostat para el primer semestre de 2022 de índices de precios pagados e índices de precios percibidos", ha expuesto la asociación.
En este contexto, propone que, de cara a garantizar la viabilidad económica de las explotaciones que estarían asumiendo el incremento de estos costes de producción, "los signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del IRPF se reduzcan en la misma proporción que la subida de costes de producción en cada sector".
Además, ha pedido también que la reducción sobre el rendimiento neto del 35% del gasto en gasóleo se aplique igualmente para la factura de la electricidad utilizada en el sector agrario, los piensos y los fertilizantes. Para estos últimos la reducción contemplada en el proyecto de Hacienda es del 15%.
La organización ha señalado que estos costes son los capítulos de gasto más importante para las explotaciones y que las medidas previstas en el borrador de la orden de módulos no son suficientes para compensar las subidas de precio experimentadas.
En el escrito, ha reclamado también un tratamiento más favorable para las ayudas directas de la PAC y que, para las explotaciones afectadas por causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, tributen por el mismo módulo que se aplica a las producciones de cada explotación, y no al 56%, tal y como prevé ahora la norma para 2022 cuando no haya ningún ingreso por venta y para 2023 cuando los ingresos por venta representen menos del 25% de los agrarios.
"Al corregir este hecho, en esta situación tan crítica para el sector y, sobre todo si se han producido situaciones especialmente desfavorables, se permite que las ayudas puedan cumplir el papel que les otorga la PAC de garantizar las rentas agrarias", ha afirmado la Unió, que recuerda que éstas dependen de media un 30% de las ayudas, necesarias para remunerar el alto nivel de exigencias de nuestro modelo productivo.