Foto: LA UNIÓVALÈNCIA (EP). La Unió Llauradora ha pedido a la Generalitat, a través de un escrito remitido a la Conselleria de Justicia, que permita la quema de restos agrícolas en las parcelas ubicadas a más de 100 metros de distancia de terrenos forestales, los colindantes y aquellos situados en la zona de influencia forestal, cuando las condiciones meteorológicas sean de riesgo bajo.
La organización agraria ha indicado que en los últimos días se han registrado temperaturas "más bajas de lo normal y algún episodio de lluvias", por lo que ha habido "varias jornadas con riesgos bajos de alertas de Preemergencias meteorológicas y sin alertas de incendios por ausencia de riesgo". "De ahí la importancia de gestionar los restos de poda cuando la situación meteorológica lo permita como ahora", ha señalado en un comunicado.
El pasado 15 de abril se publicó una resolución de la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales por la cual se modifica el periodo de quema de márgenes de cultivo o de eliminación de residuos agrícolas o forestales mediante uso del fuego. De forma general se prohíben las quemas agrícolas en la Comunitat Valenciana en todos los terrenos forestales, los colindantes y aquellos situados en la zona de influencia forestal hasta el 15 de octubre. Además, en la nota informativa referida a esta Resolución, la prohibición se centra en las parcelas situadas a menos de 500 metros de distancia de terrenos forestales, los colindantes y aquellos situados en la zona de influencia forestal.
La Unió ha expuesto que el sector agrario valenciano se encuentra en pleno periodo de poda de muchos cultivos leñosos que "solo se pueden gestionar de forma viable por dos vías, mediante la trituración o a través de la quema en aquellas parcelas donde no es factible esta".
En este segundo caso, y con la prohibición, La Unió considera que la situación es "muy grave puesto que se están acumulando los restos de poda en las parcelas y si tienen que estar en el campo secándose hasta el 15 de octubre, va a suponer un peligro adicional porque es un combustible para potenciales incendios".
En palabras del secretario general de La Unió, Carles Peris, "los restos de poda acumulados en los campos totalmente secos y con la subida de las temperaturas pueden ser un polvorín y aumentar el peligro de incendios si deben permanecer hasta mediados de octubre, así como un aumento de la fauna silvestre".
La Unió considera que "prohibir de forma generalizada las quemas agrícolas no es la solución". "No se puede aplicar la misma normativa para todos, pues no es lo mismo una determinada zona que otra y no se pueden prohibir las quemas agrícolas cuando los avisos meteorológicos adversos de calor y temperaturas elevadas sean bajos o moderados", ha defendido Carles Peris.
En este sentido, Peris ha insistido en que "el período de autorización de las quemas agrícolas y márgenes se adapte a la realidad agrícola de cada año y zona según las necesidades de las diversas localidades y sobre todo a las circunstancias meteorológicas". Para ello, la organización agraria ha abogado por dotar a los Ayuntamientos de más competencias para gestionar las quemas y delimitar las zonas en sus términos municipales.
La Unió ha señalado que "de forma mayoritaria" ya no se queman los restos vegetales, principalmente la poda, porque es más costosa que la trituración. Aun así, ha indicado que "a veces es necesario quemar" porque "hay zonas donde no hay posibilidad de trituración de los restos de poda al tener un difícil acceso para las trituradoras o un marco de plantación que no lo permite, así como para los casos de arranque de plantaciones para implantar un nuevo cultivo".
La Unió también ha apostado por incentivar la ganadería extensiva para prevenir incendios y por "pagar a los agricultores y ganaderos por los servicios que prestan a la sociedad".
En ese sentido, ha propuesto una ayuda por cultivar las franjas agrícolas que limitan con las áreas forestales, algo que "evitaría un gran número de incendios y ahorraría una gran cantidad de dinero público, ya que esos terrenos agrícolas son los primeros que se abandonan por su baja rentabilidad".
Las ayudas del segundo pilar de la PAC --desarrollo rural-- son en las que los Estados y, sobre todo las comunidades autónomas, disponen de un cierto margen de maniobra para su enfoque y ahí podrían incluirse estas. "Sería el pago de un trabajo ecosistémico a los agricultores y ganaderos por cultivar, del que se beneficia posteriormente toda la sociedad", ha asegurado Carles Peris.
