VALÈNCIA. El director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, ha comparecido este martes en Les Corts para dar explicaciones sobre dos posibles casos de acoso sexual en la entidad, así como de los expedientes disciplinarios abiertos a dos trabajadoras por saltarse la confidencialidad. En su intervención, ha defendido la gestión llevada a cabo desde la agencia y ha cargado contra el PSPV y UGT, a los que ha acusado –junto a otros partidos– de desprestigiar su trabajo por las investigaciones que ha realizado a lo largo de estos años.
Llinares ha expuesto la cronología de hechos. En el marco del primer plan de igualdad, ha dicho, se realizó una encuesta anónima a los trabajadores a comienzos de 2023. A ella respondió prácticamente el 100% de la plantilla y por parte de dos mujeres se señaló que habían vivido acoso sexual y que habían recibido mensajes de contenido sexual indeseado. A partir de ahí, ha señalado el director de la agencia, se abrió un expediente y se aplicó el protocolo antiacoso inmediatamente, pero no se produjo ninguna denuncia.
"Nos pusimos a disposición de cualquier persona que hubiera sufrido acoso e instamos a poner una denuncia por los canales de la agencia, al margen de si se llevaba o no a la Fiscalía. Se realizaron actuaciones de prevención y entrevistas personales. Las personas entrevistadas negaron que hubieran acoso o que tuvieran conocimiento de ello. Hay alguna que afirmó que pudo confundirse con lo vivido en anteriores puestos de trabajo, puesto que todos son funcionarios. En definitiva, no se acreditó ningún hecho concreto ni personas que hubieran cometido el acoso sexual, así que el expediente se archivó y finalizó", ha detallado.
Llinares ha remarcado que si hubieran tenido "hechos concretos, conductas o personas" lo habrían remitido "a la autoridad judicial ", y hubieran "protegido a la víctima o víctimas". Pero no fue así.
Posteriormente a ello, la agencia abrió un expediente a dos personas por haber incumplido la confidencialidad de comunicaciones internas de la entidad relacionadas con todo este asunto. Éstas trascendieron a los medios de comunicación y Las Provincias publicó lo ocurrido con los casos de acoso sexual.
Los sindicatos UGT y CCOO llegaron a denunciar que en esta investigación se accedió sin autorización a la cuenta de correo electrónico de trabajadores. Motivo por el que ambos presentaron un escrito de amparo a la Mesa de Les Cortos para exigir el cese inmediato de las actuaciones, ya que Antifraude depende del parlamento autonómico.
Llinares, sin embargo, ha defendido igualmente esta actuación por parte de la entidad que dirige. Así, ha explicado que se abrieron los citados expedientes disciplinarios sobre la presunta extracción de expedientes internos. A una persona fue con medida cautelar de suspensión de empleo y parte del sueldo. A la otra no porque estaba de permiso. En todo caso, esa medida fue anulada por vía judicial.
"Los correos se usaron con una finalidad que nada tenían que ver con la original. Se rompió la confidencialidad. Se inició un expediente de investigación para averiguar por qué se extrajeron esos correos. Eran cuentas corporativas de dos funcionarias de la agencia", ha comentado.
En su opinión, todo lo sucedido está relacionado con el cuestionamiento de la propia agencia y del trabajo que realiza. "El objetivo tal vez haya sido destruir Antifraude. Las críticas a mi persona las llevo en el cargo, pero cuestionar la honorabilidad del personal funcionario de la agencia ha sobrepasado todos los límites. Se han divulgado injurias y falsedades", ha afirmado.
Llinares ha incidido en que después de que la entidad "haya presentado una serie de periciales e informes que afectan a unos determinados sindicatos, aparece todo esto". Se refería a UGT. Pero también ha cargado contra el PSPV, partido de estrecha relación con ese sindicato. Así, ha mencionado que el abogado de las dos personas que se saltan la confidencialidad es el exnúmero dos de los socialistas valencianos Manolo Mata.
"He aguantado de todo estos seis años y medio de mandato. Pero esta última campaña en contra la hemos llevado con incomprensión. He recibido visitas de representantes sindicales diciendo 'este expediente lo tienes que archivar'. Y las dos expedientadas también son del mismo sindicato", ha insistido en referencia a UGT.
"Es una especulación, pero si no es por esto yo no me explico lo ocurrido. Ese sindicato ya intentó acabar con la agencia cuando en 2018 planteó una cuestión de inconstitucionalidad. Y debería preocuparse por las 34 personas protegidas", ha apuntado. En opinión de Llinares, "molesta la función protectora de la agencia". "No hay casualidad en política. Nuestro trabajo molesta y en vez de aceptar nuestras recomendaciones hay quien decide desprestigiar a Antifraude y su personal. Es la manera de atacar los informes de investigación. El final de todo esto es arrastrar a los partido que ahora tienen la mayoría a cerrar la agencia", ha remarcado.
A pocos meses de que finalice su mandato, ha expresado que le gustaría "que se encontrara la mejor persona posible" para sucederle y ha hecho hincapié en que la agencia "ha costado muchísimo" de poner en marcha, desde los espacios a las presiones por sus investigaciones. "Será un mal negocio si quieren cerrarla. Por cada euro que cuesta se recuperan tres", ha señalado.
Ante todas estas acusaciones, el diputado del PSPV José Muñoz ha mostrado su "indignación". "Se equivoca", le ha espetado a Llinares. "La agencia no es de una sola persona. Que nadie se crea que las instituciones son suyas vertiendo esos ataques. Tras su comparecencia de hoy no sabemos nada más que antes de que viniera. Lo que sí que sabemos es que estamos más preocupados por lo que ocurre en la agencia. Hay un riesgo de que la entidad caiga en una personalización que la aparte de los objetivos para los que fue creada", ha afirmado.
El PP y Vox, por su parte, han mostrado su "preocupación" por los ataques expuestos por Llinares. Los segundos han asegurado que no abogan por su cierre, aunque han puesto en entredicho sus labores. "Aspiramos a reorganizar y eficientar la agencia para reducir el presupuesto asignado y suprimir duplicidades con la Fiscalía", ha dicho la diputada Teresa Ramírez, quien a su vez ha considerado que "se está faltando al respeto a mujeres que sí han sido acosadas sexualmente" porque no se cree "que haya personas en la agencia que no sepan dónde ir a denunciar" si les ocurre.