VALÈNCIA. La tragedia de la Dana ha dejado una huella indeleble en la provincia de Valencia: 78 municipios afectados, miles de familias damnificadas y una sensación generalizada de abandono por parte de las administraciones públicas. Desde Utiel hasta Benicull, las historias de devastación se entrelazan con las denuncias de los ayuntamientos sobre falta de coordinación, lentitud en la concesión de ayudas y restricciones financieras que asfixian a estas entidades locales. "Hemos tenido que hacer frente a esta catástrofe prácticamente con nuestros propios medios, porque las administraciones superiores han tardado demasiado en reaccionar", ha lamentado la teniente de alcalde en Albal, María José Hernández.
Este martes, en el Congreso de los Diputados en Madrid, alcaldes y representantes políticos de los municipios más afectados han alzado la voz en una jornada organizada por la Associació de Juristes Valencians. Bajo la premisa de analizar el alcance de las actuaciones para la recuperación de la sociedad valenciana tras la Dana, la sesión ha expuesto las dificultades que enfrentan las localidades damnificadas, quienes exigen un "compromiso firme y efectivo" tanto por parte del Gobierno central como de la Generalitat Valenciana. En ese sentido, el tema principal del debate ha versado en el modelo financiero que regula el gasto municipal. Hernández ha expuesto la paradoja a la que se enfrentan muchos consistorios: "Tenemos millones de euros en el banco fruto de una buena gestión, pero no podemos usarlos para atender a nuestros vecinos porque la normativa nos lo prohíbe. Mientras tanto, nos piden que esperemos ayudas que llegan tarde y mal".
Desde 2012, las restricciones de gasto recogidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria han impedido a los ayuntamientos contratar personal adicional, incluso en situaciones de emergencia. Un bloqueo legislativo que ha denunciado la alcaldesa de Benicull, Amparo Giner: "No tenemos recursos humanos suficientes para gestionar las ayudas. Nuestros equipos están sobrepasados, y eso ralentiza el apoyo a los vecinos que han perdido todo". Por otra parte, el alcalde de Tuéjar, Carlos Tarazón, ha asegurado que la falta de reconocimiento oficial como municipio afectado por la Dana ha agravado la situación. "Con poco más de 100.000 euros asignados, no podemos ni empezar a cubrir los tres millones en daños que hemos estimado. Es imposible reconstruir sin recursos suficientes", ha afirmado.
El impacto de la Dana difiere de un municipio a otro, pero todos ellos comparten una "sensación de soledad y abandono". En Utiel, el río Magro alcanzó niveles inéditos el pasado mes de octubre, con lo que anegó cientos de viviendas, así como explotaciones agrícolas y ganaderas. "El agua superó tres metros por encima del suelo, algo que jamás habíamos contemplado en los planes de emergencia", ha explicado el alcalde de esta localidad, Ricardo Gabaldón. Durante horas, Utiel quedó aislado, sin posibilidad de recibir apoyo externo. "Nos enfrentamos a lo imposible con lo poco que teníamos a mano", ha asegurado Gabaldón durante su intervención en el Congreso.
En la misma línea, la alcaldesa de Benicull ha descrito una situación crítica: "En cuestión de una hora, el agua inundó toda la zona rural, dejando atrapados a muchos vecinos en sus casas. La Guardia Civil intentó rescatarlos, pero la magnitud de la inundación lo hizo imposible en un primer momento". La teniente de alcalde de Albal ha recordado que su labor durante los primeros días de la tragedia consistía en coordinar el desalojo de sótanos y la limpieza de lodos con la ayuda de voluntarios y agricultores. "No podíamos esperar a que llegara ayuda externa. Tardaron cinco días en enviarnos maquinaria pesada. Mientras tanto, sacamos adelante a nuestro pueblo como pudimos", señaló.
Pero, más allá de lidiar con la catástrofe natural, los ayuntamientos han denunciado los obstáculos burocráticos que enfrentan las familias para acceder a las ayudas prometidas. La teniente de alcalde de Cheste, María Ángeles Llorente, ha explicado cómo muchos damnificados han perdido incluso las escrituras de sus viviendas, lo que complica aún más el proceso. "Les pedimos que rellenen formularios interminables para obtener apenas 6.000 euros iniciales. Es indignante", ha afirmado.
Por su parte, la concejala de Cultura, Patrimonio y Participación Ciudadana sde Alaquàs, Marta Murciano, ha insistido en que su municipio ya había alertado sobre los riesgos de construir en zonas inundables; un aviso que, según ha denunciado, ha pasado "sin pena, ni gloria" entre las administraciones superiores. De este modo, Murciano ha recordado que la recuperación debe centrarse en "restaurar nuestras comunidades con una planificación que prevenga futuras tragedias". De hecho, los alcaldes y representantes políticos han coincidido en que reconstruir no es suficiente; lo imprescindible es invertir en prevención.
Por ejemplo, en Utiel, Gabaldón ha insistido en la urgencia de desviar el cauce del río Magro, mientras que el resto de alcaldes han señalado la necesidad de actuar en consecuencia sobre el Barranco de Poyo. "Estas obras llevan décadas en los cajones. Si no actuamos ahora, volveremos a enfrentarnos a otra catástrofe", ha advertido la teniente de alcalde de Albal. Por otro lado, los alcaldes han pedido una mayor flexibilidad financiera para poder gestionar los fondos de manera autónoma y rápida. "Si no podemos usar nuestros propios recursos ni contratar personal, estamos condenados a una gestión lenta e ineficaz, y eso afecta directamente a nuestros vecinos", ha concluido la alcaldesa de Benicull.
La jornada se ha clausurado con un mensaje de unidad y resistencia. "El pueblo valenciano siempre ha sabido levantarse, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos que el Gobierno actúe de manera inmediata y comprometida", ha afirmado Tarazón. La Dana no solo ha expuesto la vulnerabilidad de las infraestructuras en la provincia de Valencia, sino también las carencias de un modelo financiero que, según los alcaldes, "ahoga" a las entidades locales y dificulta la recuperación de los municipios más afectados. Por parte de los ayuntamientos valencianos, la petición hacia el Gobierno central y la Generalitat parece clara: es el momento de actuar con rapidez y decisión.