Los alcaldes del PP piden que el Gobierno central asuma el coste de las obras de las desaladoras

CASTELLÓ (EP). Los alcaldes del Partido Popular de la provincia de Castellón han mantenido una reunión para alertar de la "preocupación creciente" por el efecto de las desaladoras entre los usuarios de la provincia. Los alcaldes y portavoces del Partido Popular han trasladado a los parlamentarios nacionales su preocupación ya que, tal y como ha advertido el alcalde de Moncofa, Wences Alós, "el acuerdo impuesto por el PSOE hipoteca el futuro de los cinco municipios afectados, es decir, Moncofa, Xilxes, Oropesa, Cabanes y Benicàssim".

Los alcaldes del PP consideran que la imposición que se puso en su día a los ayuntamientos es "inasumible" en la actualidad para las administraciones locales "y el Gobierno debe implicarse y tomar medidas".

La reunión la han mantenido los alcaldes y portavoces de Moncofa, Benicàssim, Xilxes, Oropesa y Cabanes junto a los dos senadores de Castellón y el diputado nacional del PPCS.

De hecho, según los 'populares', la intención del Gobierno central es que sean los ayuntamientos los que paguen el coste de las obras -106 millones de euros solo en el caso de la provincia de Castellón-, lo que supone "un grave perjuicio para los vecinos de los municipios afectados" puesto que "el agua no solo se destina a los vecinos de las localidades en las que están las plantas desaladoras".

Los alcaldes consideran que el Gobierno central debe asumir el coste de las obras, "de la misma forma que hizo en el caso de otras comunidades autónomas como en Cataluña, donde se pagó hasta el 80 por ciento del coste de las obras".

El PP ha recordado que los ayuntamientos implicados -Moncofa, Xilxes, Benicàssim, Oropesa y Cabanes- tuvieron que firmar un pre acuerdo en 2008 con Acuamed, "ya que en caso de no firmarlo, no podían solicitar licencias de obra o, por ejemplo, no se aprobaba la instalación de empresas en el término municipal". Pero, -ha añadido- "la realidad de 2020 es muy distinta a la de 2008, ya que el proyecto de entonces contempla un crecimiento urbanístico irreal" por lo que "los vecinos de cinco municipios no pueden ser rehenes de una decisión equivocada".