Foto: ANTONIO PRADASCASTELLÓ. Los diferentes trabajadores interinos o temporales contratados por las administraciones públicas españolas, han convocado una manifestación en caravanas por el centro de 30 ciudades de todo el país el próximo 15 de marzo. En Castelló, el recorrido comenzará a las 11.00 horas y se alargará hasta las 12.30.
Los trabajadores y trabajadoras interinos o contratadas temporalmente y a cargo de servicios públicos de cualquier administración (Sanidad, Educación, Justicia...) quieren reivindicar con esta caravana motorizada "que cese el fraude, que se reconozca que existe un problema real y que influye en más de 8000.000 empleados públicos".
A través de un comunicado, las empleadas y empleados públicos aseguran que se les mantiene "con nombramientos o contratos inciertos y que cruzan el escalón del abuso llegando a sopesar que el legislativo activo, y sustitutos en el tiempo, no asumen las responsabilidades de sus cargos imponiendo los intereses económicos y presupuestarios a lo largo de años tras año, por su comodidad".
"No somos diferentes a los funcionarios públicos, realizamos el mismo trabajo y tenemos las mismas responsabilidades", apuntan. Asimismo, recuerdan que han acudido a "Europa (EU) y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y a la Comisión Europea (CE) para verificar (ya que toda Europa la cumple) que la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada cumpla sus objetivos". "Entre ellos, la eliminación del trabajo precario en toda Europa, el trabajo de incertidumbre en el que las Administraciones de las Comunidades Autonómicas del Estado español, nos están abocando a la inclusión social sin miramiento, sin reconocimiento del trabajo realizado a lo largo de 5, 10, 17 o 26 años sirviendo al Estado, a los Servicios Públicos" manifiestan.
Asimismo, aseguran que "otra incertidumbre la manifiesta la sentencia del 19 de marzo del 2020 del TJUE procedimientos C-103/18 y C-229/18 donde aconseja que los procesos de selección (oposiciones) no garantizan que los empleados públicos contratos en fraude de ley (existen demandas múltiples) accedan al reconocimiento de los servicios prestados y dan pie a su inclusión, ante todo, a los mayores de 55 años con una vida social y familiar marcada por los años sirviendo a la Administración Pública en el cargo correspondiente".
