La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Castelló y diputada provincial, Cristina Gabarda.CASTELLÓ. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Castelló y diputada provincial, Cristina Gabarda, acusada de un supuesto delito de injurias, puede ver comprometido su futuro político si se aplican los estatutos del partido. Las normas internas de la formación naranja recogen que los representantes institucionales deben "poner su cargo, y en su caso el acta, a disposición del Comité Ejecutivo" si resultaran acusados por la Fiscalía "por la comisión de cualquier delito", un precepto que se cumple en su caso.
El ministerio público pide para la también candidata de Ciudadanos a Les Corts el pago de una multa de 7.200 euros por injurias al presidente del PP provincial, Miguel Barrachina, por publicar en 2015 a través de las redes sociales un fotomontaje del dirigente popular en el que aparece vestido de presidiario con la frase "Imputado por corrupción". En el juicio, celebrado este martes, la Fiscalía ha ratificado los términos de su acusación contra Gabarda, tras oír a los distintos testigos y a las partes implicadas.
Los estatutos de Ciudadanos, que se pueden consultar en la página web del partido, establecen además que "el Comité Ejecutivo, consultado quien hubiera designado a la persona afectada, podrá mantener la confianza en el cargo público u orgánico, previo examen detallado de las circunstancias concurrentes". Es decir, no ordena el cese inmediato del cargo -como sí ocurriría en caso de ser investigado por un supuesto delito de corrupción o si fuera condenado-, pero obliga a revisar su situación.
