CASTELLÓ. Las Asambleas de Propietarios del Polígono Abastos-Collet de Benicarló y los de los Polígono de Belcaire y Polígono de Mezquita de la Vall han aprobado este viernes la constitución de sendas Entidades de Gestión y Modernización, culminando de este modo su adaptación a la Ley 14/2018 de Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana.
La decisión ha sido adoptada por mayoría de los propietarios que conforman el área empresarial de Benicarló, que ha respaldado con claridad una tramitación que arrancó hace más de un año. En el caso de la Vall el proceso requirió inicialmente de la solicitud formal por parte de un del 25% propietarios de los Polígonos de Belcaire y Mezquita y se consumó este jueves con la aprobación por parte de más del 51% de estos, cumpliendo así el requisito legal establecido en la Ley 14/2018 de Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana. Ahora serán los plenos municipales de ambos municipios los que deberán aprobar de forma definitiva esta creación.
Tal y como explican las gerentes de áreas empresariales pertenecientes a la Comisión Jurídica de FEPEVAL, Elena Álamo y Asun Roselló, que han estado asesorando en el proceso y trabajando por la constitución de todas ellas, las EGMs son una figura jurídica novedosa, creada a través de una Ley pionera en España, que busca ser un revulsivo para impulsar la mejora de la calidad del suelo industrial, favorecer la llegada de inversiones a través de la colaboración público-privada, profesionalizar la gestión de los parques empresariales y extender la implantación de servicios de valor añadido que beneficiarán a la competitividad de las empresas y al valor del área industrial.
Cabe señalar que las EGM son una figura jurídica novedosa no sólo en la Comunitat Valenciana sino en el conjunto del Estado Español, creada para impulsar la mejora de la calidad del suelo industrial y favorecer la llegada de inversiones a través de la colaboración público-privada.
Con las EGM se incrementa la profesionalización de la gestión de los parques empresariales y se abre una oportunidad para extender la implantación de servicios de valor añadido que beneficiarán a la competitividad de las empresas.
