CASTELLÓ. Los propietarios contrarios a la gestión que ha llevado a cabo la promotora Urbanización Golf Sant Gregori reclamarán al Ayuntamiento que paralice los embargos a los cerca de 150 afectados que no han pagado las 11 cuotas de urbanización del macroproyecto residencial. Así lo acordaron este martes en la reunión celebrada en Borriana, señalaron fuentes presentes en el encuentro.
La asamblea se celebró días apenas una semana después de que se conociera la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula el acuerdo transaccional que aprobó el pleno de Borriana en febrero de 2019 -y ratificó tres meses después-, para resucitar el macroproyecto urbanístico, el mayor en curso en la Comunitat Valenciana. Esa sentencia, recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, considera que la restitución de la mercantil Urbanización Golf Sant Gregori como agente urbanizador en mayo de 2019 fue ilegal porque se efectuó sin dar la oportunidad a otras empresas de que optaran a ejecutar el PAI.
Fuentes de los propietarios señalan además a Castellón Plaza que, de momento, no solicitarán la devolución de los cerca de 11 millones de euros pagados en 11 cuotas de urbanización a la promotora del PAI. Lo harán cuando la resolución judicial sea firme.
El Ayuntamiento tiene de plazo para recurrir la sentencia hasta el próximo 5 de julio. Si lo hace, bien el actual ejecutivo socialista en funciones o bien el nuevo gobierno municipal que sea investido el 17 de junio (casi con toda seguridad, formado por PP y Vox), habrá que esperar alrededor de un año hasta que el Supremo se pronuncie de forma definitiva. En este sentido, los propietarios señalan que habían invitado a la reunión de este martes a representantes del PP y de Vox, pero nadie acudió.
“Tenemos una absoluta desconfianza porque el propietario de la empresa urbanizadora, Sergio Beltrán, ya ha cobrado unos 11 millones de euros en cuotas pero las obras de urbanización van mucho más retrasadas y su empresa está en concurso de acreedores y no tiene la capacidad ni el dinero para sacar adelante este PAI”, advierten las citadas fuentes.
La promotora es titular de cerca del 30% del suelo del PAI. De los 620 propietarios iniciales solo quedan alrededor de 340. “Estamos a favor del PAI pero si lo hace una empresa solvente, no esta. El plan de viabilidad no se ha presentado pero han tirado adelante siguiendo un camino falso”, añaden fuentes de los propietarios.
Golf Sant Gregori, el mayor PAI en curso de la Comunitat, en el limbo
La sentencia que ha dejado el PAI del golf en el limbo considera que el Ayuntamiento de Borriana debió abrir ese acuerdo transaccional que resucitó el PAI a la concurrencia de más empresas, ya que modificaba sustancialmente el proyecto de urbanización que había sido aprobado en 2005. En concreto, el nuevo documento variaba el plazo de ejecución del contrato, las garantías hipotecarias y el propio contenido del proyecto de urbanización, entre otros aspectos. Por tanto, según la sentencia, entregar la condición de agente urbanizador a la mercantil Urbanización Golf Sant Gregori sin permitir que participaran otros licitadores en el proceso “vulnera la normativa de contratos de las Administraciones Públicas”.
El pleno del Ayuntamiento acordó a principios de año prorrogar hasta el 8 de julio de 2025 el plazo para culminar las obras de urbanización del PAI, que apenas se habían ejecutado en ese momento en un 6%.
Con este varapalo judicial que afecta de lleno a la legitimidad como agente urbanizador de la actual promotora y los propietarios afectados en pie de guerra, la incertidumbre vuelve a planear sobre las obras del macroproyecto inmobiliario más ambicioso de toda la provincia de Castellón.
