La vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal.CASTELLÓN. El caso de los supuestos sobres con propaganda electoral de Compromís ha dado otro giro en las últimas horas, al admitirse a trámite los recursos de apelación presentados por la vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal, y el exconcejal y secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu. Esto proporciona un balón de oxígeno a los investigados por presunta malversación y falsedad y traslada el foco de la Justicia hacia el PP, pues ahora deberá estudiarse la validez de las pruebas aportadas por el concejal Juan José Pérez Macián.
Mientras la Audiencia Provincial resuelve los recursos, las actuaciones quedan paralizadas, lo que significa que de momento ni se abrirán los sobres que el PP presentó como prueba ni se realizará ninguna otra diligencia de investigación, según ha explicado la coalición este lunes. La resolución puede tardar meses: de hecho, no se espera antes de febrero o marzo, lo que da un respiro a Compromís tras una semana convulsa.
Las defensas de Brancal y Nomdedéu pusieron en duda la validez de los sobres entregados por Pérez Macián desde el primer momento, pues tal y como se ha sabido durante la investigación, habían estado "a disposición del querellante desde 2014", según recuerdan, lo que quiere decir que el edil popular tardó cuatro años en interponer la denuncia. Además, de ser cierto que las cartas que supuestamente contenían propaganda electoral fueron enviadas por el grupo de Compromís a través del servicio postal municipal, el concejal del PP "habría interceptado la correspondencia", obteniendo las supuestas pruebas "de manera ilegal", señala la formación.
Por su parte, el PP no ha tardado en responder al anuncio de Compromís sobre la admisión a trámite de los recursos. "Que se dejen de maniobras y, si tan claro tienen que en los sobres no hay nada, que dejen que se abran y se vea lo que contienen en su interior", sentencia el edil Pérez Macián, quien considera que la coalición "le está haciendo un flaco favor a Brancal porque lo único que van a conseguir es dilatar en el tiempo el proceso y su calificación como imputada". Además, subraya que la tramitación de los recursos no paraliza el caso en sí, pues el proceso continúa abierto.
Así las cosas, Compromís puede ganar tiempo en los tribunales, pero el PP no tiene intención de darle tregua en el ruedo político. La vicealcaldesa sigue estando investigada y, por tanto, el PP va a seguir pidiendo la aplicación del Código de Buen Gobierno que determina la renuncia a los cargos municipales en supuestos casos de corrupción.
El grupo popular espera que, tras conocerse el informe de la Secretaría municipal en el que se admite la condición de Brancal como investigada, la comisión del próximo día 22 aborde de oficio la situación de la número dos del Ejecutivo local. Si no lo hiciera, los populares anuncian que adoptarán "las medidas oportunas hasta que se cumpla" el código ético del consistorio.
Por su parte, Compromís ya ha dejado claro que en este caso no cabe la aplicación del documento de Buen Gobierno, ya que el texto dice literalmente que se apartará de las funciones municipales a los concejales "imputados", no "investigados". Una diferencia terminológica, incorporada por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, a la que se acoge la coalición, pese a que se consideran figuras análogas a efectos procesales.
Además, en contra de lo que defiende el PP, la coalición asegura que la comisión del día 22 no puede abordar este asunto si no se presenta una iniciativa por parte de algún grupo municipal.
