Los agricultores, excluidos de la 'fiesta' de la gigafactoría

VALÈNCIA. La confirmación de la llegada de la gigafactoría de Volkswagen a Parc Sagunt II desencadenó rápidamente una celebración global ante la incorporación que transformará el territorio industrial: un impacto económico directo de 650 millones de euros en la Comunitat Valenciana y un ingreso de 15,6 millones de euros netos en Sagunt. A priori, una gran 'fiesta del dinero' en la que todo el mundo tiene cabida... ¿o no?

Con una inversión total de 4.500 millones de euros en el periodo 2023-2026, la multinacional alemana busca posicionarse como uno de los principales motores de desarrollo económico, llegando a generar hasta 40.000 empleos. Puede parecer complicado salir perjudicado de esta situación, pero, a pesar de los millones recibidos, los propietarios de los terrenos, la mayoría agricultores, se sienten no invitados a la celebración, puesto que la Generalitat se niega a pagar los precios decretados por el Jurado Provincial de Expropiaciones (JPE).

Este organismo de arbitraje ha actuado como intermediario para solucionar las discrepancias entre las valoraciones ofrecidas por la Administración y las solicitadas por los agricultores. Su resolución fue favorable para el colectivo agrícola y dictaminó que el precio de las parcelas era mayor al fijado por la Generalitat. Una respuesta que la empresa pública Espais Econòmics Empresarials (EEE) -responsable de la gestión del parque y participada al 50% por la Generalitat- no acepta, por lo que ha interpuesto 800 recursos contencioso-administrativos contra el justiprecio marcado por el jurado.

"La Administración se niega a pagar las subidas que ha dictaminado el jurado, dicen que son inasumibles. Le han vendido la parcela a Volkswagen por 63 millones de euros a razón de unos 49 euros el metro cuadrado sin urbanizar; prácticamente se la han regalado. Todo son ayudas y apoyos para Volkswagen y a los agricultores se nos está ninguneando y despreciando", lamenta Juan Manuel Peiró, responsable del departamento de expropiaciones de Ava-Asaja. 

Peiró añade: "Hemos hecho una estimación y Espais Econòmics intenta evitar pagar en torno a 25 millones de euros, que son migajas en comparación a la lluvia de millones que le dan a VW. Desde la Asociación Valenciana de Agricultores no lo vamos a consentir".

Casi 150.000 euros en procuradores

Según detalla, en algunos casos hay subidas de 200 euros y en otras de 100.000, mientras que el incremento medio es de un 65%. Incluso en las resoluciones más bajas, de 200 euros de diferencia, se han interpuesto recursos con el fin de no pagar más a los agricultores afectados. Desde la Asociación critican este hecho puesto que, para afrontar el proceso judicial, "van a destinar 145.000 euros de dinero público en contratar procuradores", una cuantía que consideran que podría destinarse a los propietarios.

Ante esto, Francisco Campillo, presidente de Ascosa AVA Sagunto, manifiesta: "Estamos muy preocupados, vamos a tener unos gastos y la gente no está para tirar cohetes. Si unos jueces que se dedican a valorar tierras han puesto unos precios, lo normal es que cuando vayamos al contencioso administrativo piensen que es correcto. Creemos que lo tenemos prácticamente ganado, pero si tenemos que manifestarnos haremos todo lo posible para que esto llegue a buen puerto".

Asimismo, insiste en que "no se puede perjudicar a unos para beneficiar a otros". "No estamos en contra de las empresas, eso siempre es empleo para el pueblo y para la ciudad, pero no a costa de los agricultores. Necesitamos mantener a nuestra familia, trabajar y ganar nuestro sustento", defiende. 

La crisis del sector

"Nos hemos sentido desprotegidos e incluso abandonados. Ximo Puig debería pensar en los agricultores, que lo estamos pasando muy mal, nos ha subido todos los precios y costes", afirma Campillo. De esta manera, piden a la Generalitat que recapacite a la vez que tratan de sobrevivir en un sector marcado por una profunda crisis. 

La alta subida de costes energéticos y materias primas, las sequías, la competencia con productos internacionales y la falta de relevo generacional forman parte de una larga lista de problemas a los que se enfrenta actualmente la agricultura de la Comunitat Valenciana, que tiene la edad media agraria más alta de España con 64,4 años. 

Por ello, desde hace meses, el colectivo pide con urgencia políticas que favorezcan el desarrollo de su oficio y que permitan conseguir, al fin, una estabilidad. No obstante, aún están lejos de alcanzar ese bienestar y critican la "estricta normativa" vigente que dificulta la compra de productos de proximidad y la libre actuación en el campo. 

Según alertaba el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, en una conversación con Valencia Plaza el pasado mes de agosto: "Si vamos por el camino que vamos, posiblemente lloraremos algún día porque en un futuro muy cercano los agricultores van a faltar. Eso será un problema tremendo, tendremos que depender de países terceros y posiblemente a un precio mucho más caro".

Ahora, con la llegada de la multinacional a Sagunt, los trabajadores de la comarca Camp de Morvedre se vuelven a sentir "maltratados" por el Gobierno, al que acusan de darles la espalda. Tal y como declara uno de los agricultores envueltos en la problemática, Carlos Lledó, se perderá mucho trabajo agrícola y más de 3.000 hanegadas, un hecho que afectará a los más jóvenes. 

Para su compañero Eliseo Durbá, la cifra que les han ofrecido en relación a la rentabilidad de los terrenos es "ridícula" y teme lo que pueda suceder en un futuro: "Las empresas multinacionales hoy están aquí y mañana allá. Van a dejar el término destrozado, son miles de árboles los que arrancan y a la persona que se dedica a la agricultura, y a sus hijos, les van a quitar todo eso. Al menos, que lo paguen bien y la gente se vea recompensada. Es un atropello, no quiero que se aprovechen de nosotros; hacen unos negocios terribles y que eso se haga por medio de la Generalitat es lo más grave", denuncia.

Generalitat: "Nuestra obligación es defender el interés general"

Pese a la fuerte movilización del colectivo, la Generalitat mantiene su posición. "Nuestra obligación es defender el interés general y haber hecho las cosas bien", responde a preguntas de este periódico Mako Mira, secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación y presidenta de Espais Econòmics Empresarials.

Según Mira, "EEE ha realizado tanto la valoración del suelo como el pago del justiprecio correspondiente en el proceso de expropiación de Parc Sagunt II respetando la legalidad vigente". Añade que "EEE ha seguido un criterio unitario en la valoración del suelo y vuelo de las parcelas en base al procedimiento de tasación conjunta", tramitación que, sostiene, "se caracteriza por ser mucho más garantista y respetuosa con los legítimos intereses de los expropiados".

Los datos de EEE muestran que de 1.414 expedientes, 924 no aceptaron la valoración de 17,88 euros el metro cuadrado, por lo que acabaron siendo expropiados a un precio de 14,09. Tras recurrir al Jurado Provincial de Expropiaciones, este fijó un precio algo superior a los 20 euros. Esto es lo que ahora ha recurrido la Generalitat y EEE al entender que no está bien calculado.

Según Mira, los afectados no necesariamente tienen que gastar dinero en abogado y procurador, ya que el JPE a través de la Abogacía del Estado es parte y defenderá su valoración frente a la Generalitat.