Los ayuntamientos se exponen a gastos millonarios por aplazar expropiaciones pendientes

VALÈNCIA. Imagine que es propietario de una parcela. Su ayuntamiento modifica el planeamiento y sobre los planos ubica, en su suelo, una dotación pública: una escuela, un hospital, una biblioteca, un jardín, una calle, etcétera. Para hacerla realidad, la administración le deberá expropiar y pagarle una indemnización. Pero, ¿y si pasa el tiempo y esto no ocurre? En la práctica, usted no tiene ni suelo -no puede hacer allí nada-, ni indemnización. Una situación en la que se encuentran muchos propietarios de la Comunitat Valenciana y que ahora el Tribunal Constitucional examina.

La normativa valenciana fija que los propietarios pueden pedir a las administraciones la expropiación rogada cuando se superen los cinco años desde la aprobación de los planes urbanísticos. Una herramienta para forzar a los ayuntamientos a que ejecuten dichas expropiaciones y paguen las indemnizaciones correspondientes. Pero los elevados costes para los ayuntamientos motivaron la suspensión temporal de esta posibilidad.

En tiempos de la burbuja económica, estas expropiaciones se hacían por un precio muchas veces por debajo del entonces pujante mercado inmobiliario. Pero tras estallar la burbuja, muchos ayuntamientos congelaron sus planes urbanísticos y, pasados los cinco años que marca la ley, los propietarios empezaron a reclamar sus indemnizaciones. Pero en este nuevo escenario, con el sector paralizado y en una situación financiera delicada de las corporaciones, las expropiaciones se pagaban a precios superiores a los de mercado, lo cual beneficiaba a los propietarios.

Así, el marco legal con el que habían actuado los ayuntamientos se acabó convirtiendo en su propio maleficio, puesto que estaban obligados a pagar las indemnizaciones aunque no tuvieran consignación presupuestaria. Y para proteger a las corporaciones ante las indemnizaciones millonarias que tenían que abonar, Les Corts ha ido aplazando esos pagos introduciendo sucesivas moratorias casi anualmente, y perjudicando así a los propietarios de los terrenos, que ven como su ayuntamiento gana tiempo para pagarles. Y para colmo, sin intereses por estas demoras.

Desde 2016, Les Corts Valencianes han ido aprobado en sucesivas ocasiones la suspensión de los plazos. Se hizo primero entre 2016 y 2018; más tarde, se prorrogaron los plazos anualmente hasta 2020, cuando se prorrogaron de golpe hasta 2023. Así pues, pasado tanto tiempo, y ante lo que los propietarios consideran un abuso por parte de la administración, un particular ha llevado el asunto a la justicia, y el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha elevado la cuestión de inconstitucionalidad al Constitucional.

En la Generalitat Valenciana, y concretamente en la Conselleria de Territorio y Obras Públicas, que dirige Rebeca Torró, entienden que "no existe inconstitucionalidad" y defienden que las suspensiones aprobadas "dan una solución a un problema institucional". Pero si el Constitucional acaba fallando la inconstitucionalidad de las prórrogas, las corporaciones municipales tendrán que hacer frente a las expropiaciones que no se han ejecutado ni antes de las moratorias ni durante las mismas.

Una sangría en València de 40 millones de euros

Según explican diversas fuentes, es complicado cuantificar cuánto dinero deberían desembolsar los ayuntamientos por las expropiaciones rogadas que no se han ejecutado hasta el momento, dado que los precios a desembolsar por cada terreno se fijan cuando se inicia el proceso de expropiación.

Sin embargo, el último dato que se tiene de València ciudad puede dar una idea de lo que supone. De hecho, el elevado coste que estaban suponiendo al Ayuntamiento de València las indemnizaciones fue uno de los motivos por los que los partidos introdujeron las sucesivas moratorias en el parlamento valenciano. En 2016, la factura de la desidia costó al consistorio del Cap i Casal más de 40 millones de euros, un 4,7% del presupuesto total del ayuntamiento. Y la medida permitió ahorrar otros 60 u 80 millones en los dos años siguientes.

Por ello, el entonces síndic del PSPV, Manolo Mata, insistió en "poner coto a las expropiaciones rogadas" al lamentar que si los consistorios no tienen dinero para hacer el proyecto público previsto se vean obligados a pagar por la expropiación programada para ello. Una postura refrendada por el entonces edil de Hacienda, también socialista, Ramón Vilar, quien reclamó que los fondos de expropiaciones han de tener "un uso lógico y racional acorde con el desarrollo urbanístico y no marcado por sentencias".