Los hermanos Graco

El precio y la escasez de los alimentos ha sido a lo largo de los siglos quizá el más potente inductor de los levantamientos populares que han marcado nuestra historia. La genealogía de las llamadas revueltas del hambre jalona la historia no solo europea sino en todo el mundo. La Revolución francesa primero y la Revolución rusa más tarde se produjeron en contextos de una enorme carestía de los medios más básicos para sostener la vida. Por ese motivo, los Estados se han visto impelidos de forma recurrente a intervenir en la producción, la distribución y la fijación de precios de los alimentos. Normalmente lo hicieron a raíz de situaciones de inestabilidad, interior y exterior, pero las medidas que introdujeron llegaron para quedarse.

Uno de los precedentes históricos más célebres en ese sentido es el de los hermanos Graco durante la república de Roma con la aprobación de una legislación que planteó no sólo la regulación de precios sino también lo que en términos modernos denominaríamos una reforma agraria. La expansión de Roma había provocado la llegada masiva de esclavos que las grandes familias patricias usaban para explotar sus tierras dejando sin trabajo a los ciudadanos libres. Estos se veían obligados a emigrar a la ciudad donde malvivían como podían mientras se cocía el descontento entre la falta de empleo y el enriquecimiento abusivo de las familias más poderosas.

Lo que ocurría en aquella época es que las conquistas cada vez mayores de Roma suponían una creciente adquisición de tierras para el erario público que luego los patricios compraban a bajo coste, normalmente mediante prácticas corruptas. Los Graco cambiaron aquello. Obligaron a los patricios a devolver la tierras compradas reembolsándoles el pago y determinaron que las tierras públicas deberían distribuirse entre los ciudadanos más humildes, estableciendo además un límite a la extensión que un solo hombre podía llegar a poseer. En una palabra, proveyeron a los ciudadanos plebeyos de tierra y trabajo limitando los privilegios de los más ricos y poderosos. Por supuesto, estos se lo hicieron pagar con la vida.

Además, los Graco establecieron un control del precio del grano y garantizaron el suministro a la ciudad para evitar la especulación. Es decir, convirtieron al Estado en el garante último de que ningún ciudadano pasara hambre. A partir de entonces, para los romanos fue considerado un signo de barbarie y brutalidad el que existieran gobernantes que mantuvieran a su población en el hambre.

Con esto no pretendo idealizar lo que ocurría en Roma. Lo cierto es que buena parte de su población, los esclavos, estuvieron excluidos siempre de todo derecho y el trato hacia ellos era absolutamente inhumano. Pero creo que estos antecedentes sirven para ilustrar, que la regulación de los precios de los alimentos ha sido a lo largo de la historia un medio usual para atajar el problema del hambre y de la especulación.

Que ningún pretendido liberal de hojalata les trate de convencer de que se trata de una extravagancia. Incluso en los países más liberales que se les puedan ocurrir, han existido fortísimas regulaciones sobre la producción y la comercialización de los alimentos, incluyendo por supuesto a los Estados Unidos con su política comercial proteccionista y sus subsidios estatales al sector primario todavía vigentes. Exactamente igual de intervencionista que la UE a través de la PAC y los tratados de libre comercio, si bien, su orientación ha sido durante las últimas décadas la de debilitar el campo y utilizarlo como moneda de cambio en las negociaciones sobre aranceles. Desregular un sector no supone menos intervencionismo que regularlo, el grado de intervención estatal que requiere apoyar un sector o destrozarlo es exactamente el mismo.

Por supuesto, el contraejemplo que utilizan estos pretendidos liberales para oponerse a la regulación es, como siempre, la Unión Soviética y particularmente en estos momentos, la hambruna que, a comienzos de los años 30, asoló particularmente a Ucrania. Hablemos de eso. No es muy conocido, pero durante la década anterior hubo un intenso debate acerca de como afrontar la cuestión agraria en el marco de la reconstrucción de la economía soviética tras la guerra civil. Las dos grandes figuras de aquel debate fueron, por un lado, Preobrazhenski, encuadrado en la llamada oposición de izquierda, y por otro lado, Bujarin, en un primer momento detractor de la NEP y más tarde su mejor paladín. La tesis del primero consistía en que, con una economía todavía fundamentalmente agrícola, era necesario utilizar los excedentes económicos generados en el campo para acelerar lo máximo posible el proceso de industrialización, siendo el mejor modo la centralización de la producción mediante la creación de grandes granjas estatales. Bujarin en cambio defendía que debía producirse un desarrollo más harmonioso de los distintos sectores productivos de modo que si la agricultura se recuperaba también mejoraría su productividad, su capacidad de proveer a las ciudades de alimentos y además generaría una creciente demanda interna para los productos industriales. La posición de Stalin en ese debate primero fue aceptar las tesis de Bujarin utilizándolas para barrer a la oposición de izquierda y, a continuación, apropiarse de sus tesis, liquidar a Bujarin y llevar a cabo una política de “deskulakización” y de estatalización rápida de la agricultura. Visto en perspectiva, el más grave de los errores de aquella época, con consecuencias que hoy todavía resuenan en la Guerra de Ucrania, fue asumir una concepción del desarrollo económico que contraponía agricultura frente a industria, campo frente a ciudad, producción de los alimentos frente a su distribución. Un problema que no se limita a la experiencia soviética y una tentación recurrente para la izquierda ha sido replegarse en las ciudades y obviar el trabajo político en el campo.

Volviendo al presente, el problema del alza de los precios de los alimentos persiste en España y afecta de lleno a las economías de las familias, en mayor medida cuanto menor es su renta disponible. Para sorpresa de nadie, la bajada del IVA de los alimentos no ha repercutido en una disminución de precios. Los datos de los últimos meses apuntan a una caída sostenida de la tasa intermensual de inflación gracias, principalmente, a la regulación de los precios de la electricidad pero también apuntan a que la cesta de la compra no ha dejado de encarecerse.

Parece obvio que el Gobierno debe tomar medidas adicionales a tenor del provecho que las grandes cadenas de supermercados le están sacando a la actual coyuntura. Ahora bien, el problema debe abordarse en su conjunto. El sector primario ha tenido que hacer frente a un incremento enorme de costes por la subida no solo del combustible y de la electricidad sino también de los fertilizantes. Ese shock se ha producido sobre un sector en declive a pesar de su incontestable importancia estratégica. El incremento de precios de los alimentos hoy no debe hacernos olvidar que durante las últimas décadas estos se han mantenido realmente bajos merced a la presión que los intermediarios han hecho sobre los productores haciendo caer en picado la rentabilidad de las actividades del sector primario. Y a esto hay que añadir un tercer elemento, la competencia de las grandes superficies ha ido pulverizando al comercio local. Las tiendas de alimentación general o las droguerías prácticamente han desaparecido ya de nuestros barrios. Resisten algunas carnicerías, pescaderías, fruterías y panaderías, de las que cada vez quedan menos. Estos pequeños comercios también han tenido que hacer frente a la subida de los costes de sus materias primas y, especialmente en el caso de las panaderías, de los costes energéticos.

Las medidas que tome el Gobierno deben tomar en consideración estas tres vertientes de un mismo fenómeno que tiene en su epicentro la posición de dominio sobre el mercado de las grandes cadenas de supermercados. La regulación de precios, siendo necesaria en este contexto, debe llevarse a cabo tomando en consideración tanto la necesidad de asegurar precios justos a los productores como protegiendo al pequeño comercio local que cumple una función no solo económica sino también social fundamental. Sería un error catastrófico que adoptáramos una posición que contrapusiera los intereses de aquellos sectores más golpeados por la inflación en lugar de hilvanarlos en un frente común que sitúe el problema donde verdaderamente ha estado siempre desde los tiempos de los hermanos Graco.