Foto: VPVALÈNCIA. La Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo anunció hace apenas un mes las grandes líneas del decreto con el aterrizará la ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Una norma por la que la Generalitat Valenciana convocará una Oferta de Empleo Público extraordinaria de 3.833 plazas (3.094 de estabilización y 739 de promoción interna) de las cuales 2.520 serán por concurso, es decir sin examen, y 574 por concurso-oposición. ¿El objetivo? Reducir la temporalidad en la Administración, puesto que representa el 32% del total de la plantilla.
Esta OPE extraordinaria sigue sin contar con el aval de sindical -tan solo suman el apoyo de CCOO-. De hecho, UGT-PV anunció esta semana concentraciones los próximos días 21 y 23 de junio al considerar que este decreto que busca reducir la temporalidad no contiene todas las plazas susceptibles de salir a oferta.
Y es que Función Pública ha dejado fuera de estas convocatorias a varios colectivos que no tendrán opción de consolidar sus plazas, como es el caso de Abogacía de la Generalitat o de los orientadores de empleo de Labora. En el caso de los primeros, la conselleria de Bravo había contemplado 6 plazas para sacar a concurso. Sin embargo, los propios abogados de la Generalitat advirtieron en un informe que el acceso al cuerpo de Abogacía se realiza mediante un concurso-oposición, tal y como establece la ley 10/2005 de asistencia jurídica de la Generalitat, por lo que Función Pública acabó retirando las plazas.
El resultado de todo, de esta manera, resulta significativo dada la alta temporalidad que existe en este cuerpo, principalmente, por la dificultad de los exámenes a los que se enfrentan los aspirantes.
El caso de los orientadores de Labora es distinto. En las oposiciones ordinarias de 2017 y 2018 se convocaron 120 plazas, que son la totalidad de las que estaban cubiertas de forma interina. Por lo que la Generalitat no ha podido incluir ahora esta categoría en su decreto.
Una circunstancia por la que este colectivo queda en cierto modo 'atrapado' en unas oposiciones clásicas donde sí hay una primera fase de oposición que supone el 60% de la nota y que, además, es necesario aprobar para poder sumar los méritos (40%).
En este punto, cabe recordar además que, como ya informó este diario, los resultados de los exámenes esas OPE de 2017, 2018 y 2019 en las convocatorias del plan de estabilidad para el personal interino no han sido, de momento, satisfactorios ni para la Generalitat ni para los examinados, pues la tasa de aprobados apenas alcanza el 15%.
En la misma situación se encuentran también los investigadores del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), cuyas plazas ya fueron convocadas en la última Oferta Pública de Empleo y, ahora, no tienen manera de consolidar sin enfrentarse a un examen como sí harán otros colectivos con el decreto nuevo.
Más allá de grupos que han quedado fuera de la normativa, también existe malestar entre los sindicatos porque las plazas que se han ofertado en algunas categorías son insuficientes. En el cuerpo de Administración General, de grupo A2, Función Pública ha sacado 101 plazas, pero la tasa de temporalidad supera los 200 nombramientos. Es decir, el doble de los puestos ofertados.
También en el cuerpo de informáticos o técnicos de Seguridad y Salud la Generalitat se ha quedado corta, a juicio de los sindicatos. En el primer caso, solo podrán consolidar cinco interinos, mientras que en el segundo, tan solo lo hará una persona.
Unas cifras que, en definitiva, para UGT ponen de manifiesto por qué el sindicato no ha respaldado esta OPE . La consideran "insuficiente" porque "deja en la estacada a cientos de interinos".
