Los jueces de la Comunitat revisan más de un centenar de sentencias por la ley del 'solo sí es sí'

VALÈNCIA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha comunicado que las Audiencias Provinciales del territorio se encuentran revisando más de un centenar sentencias por la ley del 'solo sí es sí', impulsada por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero. Se trata de casos que se están comprobando o bien de oficio o bien a instancias de parte y se trata de una cifra provisional que previsiblemente siga creciendo porque no existe un registro estadístico. 

Algunos tribunales han dictado providencias para dar traslado a la Fiscalía, de manera que ahora las partes personadas tendrán que pronunciarse sobre si procede la modificación de las penas a los agresores sexuales condenados. Una vez recibidos los informes de las partes, los tribunales emitirán las resoluciones pertinentes.

La incidencia de la aplicación de la ley en la Comunitat es, por el momento, baja. Hasta la fecha, según informa el TSJCV, no se ha dictado ningún auto que acuerde la modificación de penas ni, por consiguiente, la excarcelación de los condenados. 

Este mismo lunes, la Fiscalía General del Estado (FGE) dictó un decreto de obligado cumplimiento para los fiscales en el que señalaba que la revisión sólo procederá cuando la pena efectivamente impuesta exceda en abstracto de la que correspondería imponer en aplicación de los preceptos de la nueva legislación penal". Aun así, cada procedimiento deberá ser analizado individualmente.

Es probable que en la Comunitat Valenciana, al igual que en otros territorios, los jueces esperen al pronunciamiento del Tribunal Supremo, que tiene sobre la mesa varios recursos contra sentencias por delitos sexuales donde los condenados han solicitado que se tenga en cuenta el cambio operado en la ley del 'solo sí es sí'. 

Aunque cada caso habrá de analizarse de manera individual, si el Supremo resuelve uno que pueda tener traslación al que lleve algún juzgado de la Comunitat, será determinante su posición sobre la modificación de las penas.