VALÈNCIA. El paro de los diputados es sin duda un tema que resulta conflictivo cada vez que se aborda por los partidos en Les Corts, pero al que sus señorías quieren poner solución de una vez por todas. Los síndics de PP, Compromís, PSPV y Vox, así como los miembros de la Mesa de estos partidos, se reunirán este martes en la Comisión de Gobierno Interior para pactar una solución que permita a los parlamentarios cobrar una suerte de prestación por desempleo. Eso sí, siempre y cuando no repitan en el escaño.
El debate es recurrente cada vez que se aproxima el final de un mandato ante el temor que existe al día de después de disolver la Cámara, pues a partir de entonces, salvo aquellos que tienen garantizada la vuelta a sus anteriores empleos (bien por excedencias en la empresa privada, o bien porque son funcionarios de carrera), ninguno tiene asegurado ningún tipo de ingreso. Sin embargo, los grupos parlamentarios nunca han logrado resolver esta cuestión porque cada vez que se aborda, las negociaciones acaban en enfrentamientos que dinamitan cualquier principio de acuerdo.
Como el Guadiana, que aparece y desaparece cíclicamente, ahora la cuestión vuelve a ponerse sobre la mesa, pero con una diferencia significativa respecto a ocasiones anteriores: el momento elegido para discutir sobre ello. Los partidos quieren solucionarlo ya para que no les pille el toro, que ningún adelanto electoral deje la cuestión sobre la mesa de nuevo o que acabe negociándose la letra pequeña a días de que se celebren unos comicios autonómicos como ocurrió ya en 2023. Lo que podría dar una imagen negativa de que sus señorías buscan hacerse algún tipo de "apaño", explican fuentes parlamentarias a este diario.
En este punto, cabe apuntar que los parlamentarios no tienen derecho a paro ni a indemnización alguna. En la legislatura de 2015 a 2019, así como en la pasada se cerró la puerta a que así fuera -bien por los límites legales que existían, o bien por lo estético que podría ser reservar un fondo exclusivo para pagar una indemnización después de no haber cotizado a la Seguridad Social durante cuatro años o que lo percibieran incluso aquellos que volvieran a su plaza en la Administración o a la empresa privada-.
No obstante, el planteamiento ahora sería distinto al abordarlo apenas año y medio después de las elecciones. Pues al no haber transcurrido siquiera la mitad de la legislatura, si se acometiera el cambio legal pertinente, los diputados podrían comenzar a cotizar a la Seguridad Social ya con la intención de poder cobrar posteriormente el subsidio por desempleo tras dos años de cotización.
El debate sobre el paro de los diputados es una cuestión sobre la que, a priori, existe cierta unanimidad entre todos los partidos. Independientemente del partido al que se le pregunte, la mayoría considera que es "de justicia" que una vez finalice su etapa como representantes públicos, puedan cobrar el paro para tener "una transición al mundo laboral igual de amable como la que tiene cualquier trabajador". Más aún, defienden, si se tiene en cuenta las incompatibilidades que adquieren tras ser parlamentarios a la hora de trabajar en las empresas privadas.
A pesar de que hay cierto consenso en el fondo, no obstante, existe cierto recelo a la imagen pública que podría generar un acuerdo de este tipo. Con todo, no obstante, no sería necesaria la unanimidad para aprobar un pacto al respecto, señalan fuentes parlamentarias que negociaron antaño esta cuestión, si bien sí sería lo deseable.
Los salarios de los diputados de la Cámara valenciana rondan los 50.000 euros más o menos. Una horquilla de retribución que aumenta en función de si se ostenta la portavocía en alguna comisión parlamentaria o si el diputado es de fuera de Valencia -pues entonces percibirá una indemnización para sufragar los gastos de alquiler o del kilometraje para desplazarse a la capital-. La cifra sube más aún si se pertenece a la Mesa de Les Corts o si se ocupa algún puesto concreto de la dirección del grupo parlamentario: síndic, adjunto o coordinador. En definitiva, los 50.000 euros en la mayoría de casos termina siendo el salario base y engorda fácilmente hasta los 60.000 con la ayuda de diferentes complementos.
Los diputados quisieron que cambiara su particularidad -querían cotizar y por tanto tener derecho a paro- en el mandato pasado sin éxito, pues la potestad para modificar el convenio especial de los Parlamentos autonómicos con la Administración de la Seguridad Social recae en el Congreso de los Diputados. Y aunque este fue modificado en su día para garantizar que los concejales cobrasen la prestación por desempleo una vez cesaran en el cargo, no ocurrió lo mismo con los parlamentarios autonómicos, que a día de hoy siguen excluidos.
La puerta a cobrar paro, por tanto, se cerró en 2019. Y no son pocos los que en la legislatura pasada señalaron al expresidente de Les Corts, Enric Morera, como el responsable de ello por no haber promovido el cambio legal pertinente en Madrid como representante de la institución. "No fue valiente para hacerlo", se quejaba un diputado en privado a este diario.
Con este escenario, el mandato pasado la única vía que veían viable a punto de vencer la legislatura era activar una indemnización. Algo que también llegó a ponerse sobre la mesa en 2019 y, de nuevo, en febrero de 202 pero que al final terminó volviéndose a guardar en un cajón porque nadie quiso asumir el coste de tal petición.
En concreto, en diferentes comisiones de Gobierno Interior los grupos parlamentarios PP, Ciudadanos, Compromís, PSPV, Unides Podem y Vox debatieron la posibilidad de fijar una indemnización como ya habían hecho otros parlamentos como el extremeño. El límite sería una aportación similar al paro de un año, por lo que supondría que cada uno de los 99 diputados cobrase 35.000 euros netos aproximadamente. Unos cálculos que, en suma, hubieran supuesto cerca de 3,5 millones de euros en año electoral. Es decir, que Les Corts debían aumentar en torno a un 8% su presupuesto, cosa que finalmente no ocurrió.