Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. "El precio del módulo de la VPO sigue haciendo que los proyectos sean viables". Así lo considera buena parte del sector promotor valenciano, que defiende la necesidad de volver a actualizar el módulo, que rige el precio de la vivienda de protección. Y lo hacen en un momento en el que, además, la Generalitat ha licitado recientemente un concurso para ceder suelo a los agentes privados y construir más de 700 nuevos inmuebles con esta calificación para alquiler. Sin embargo, desde el sector advierten que o se sube el valor de la VPO o no se sumarán porque los números no salen y la convocatoria quedará desierta.
De hecho, el Consell ya ha iniciado la tramitación para sacar adelante un nuevo decreto que regule la vivienda protegida en la Comunitat Valenciana. Un nuevo texto normativo que sustituirá al decreto que aprobó el anterior Consell del Botànic tan solo dos semanas antes de que se celebran las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Una norma que, además, se negoció con el sector que, a priori, parecía favorable y la reclamó durante muchos años.
No obstante, con el cambio de color político y la llegada del PP y Vox al gobierno autonómico, esa conformidad inicial con el texto se convirtió en oposición de los agentes privados. Y la Generalitat tomó nota de ello. Así, hace ya unos meses que activó la maquinaria para reformar el decreto. La idea es generar un nuevo marco para ofrecer "mayor seguridad jurídica" y unificar en un único texto todas las disposiciones aplicables a las viviendas de protección pública.
Pero, también incluir algunas propuestas de los empresarios. Y en ello es en lo que se trabaja, según ha podido saber este diario. Concretamente, está encima de la mesa de la negociación aumentar el valor del módulo para las promociones de VPO privadas y pasar de los 2.200 euros el metro cuadrado útil que fija la ley a al menos 2.500. Incluso, se llegó a plantear que fuesen 2.700, pero desde la conselleria que dirige Susana Camarero lo rechazaron y parece que se está más cercano a elevarlo 300 euros.
Además, tal y como avanzó el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, hace meses en una jornada inmobiliaria, esta y otras normas del Botànic son "ideológicas", por lo que su intención es acometer una reforma para que sean "lógicas y sustentadas en criterios técnicos para que den respuestas solventes a las necesidades reales de las personas y, en definitiva, configuren un marco normativo seguro que atraiga inversión", afirmó.
Y más teniendo en cuenta que el gobierno de Carlos Mazón ha anunciado un plan para construir 10.000 nuevas viviendas a través de la colaboración público-privada. Uno de estos ejes pasa por la cesión del derecho de superficie, es decir, el traspaso de suelo a empresas durante un periodo de tiempo concreto, en este caso 55 años, prorrogables otros 20 más, para que construyan y operen un edificio en régimen de alquiler asequible. Una vez finalizado el plazo, los inmuebles pasan a la Administración.
La nueva convocatoria de la Generalitat Valenciana, licitada hace una semana, ofrece 8 lotes con 13 solares repartidos por las tres provincias valencianas por una valor total de más de 101,1 millones de euros. En total, la previsión es levantar 721 inmuebles para alquiler.
Sin embargo, de no cambiar los precios, los promotores tienen claro que no se van a presentar porque no es atractivo para su negocio. Ya llevan tiempo advirtiéndolo. "En este momento no es viable hacer VPO en la Comunitat porque los componentes y materiales han subido y habrá que ordenar la norma", remarcó Antonio Olmedo, presidente de la Asociación de Promotores de Valencia (Aprova) durante una jornada hace meses.
De ahí que ahora la negociación se centre en conseguir un acuerdo sobre el precio del módulo que permita levantar proyectos a la vez que siga haciendo accesible la VPO. En cualquier caso, se trata de precios máximos del módulo, por lo que no todos los proyectos estarán sujetos a estos valores.
Conviene recordar que el actual decreto de VPO, aprobado en mayo de 2023, actualizaba y unificaba las diferentes normativas existentes en esta materia -la de 2007, 2009 y 2013. Además, revisaba los precios de los módulos, que llevaban sin actualizarse desde hacia más de diez años, lo que impedía el desarrollo de proyectos con esta calificación porque sus valores ya no estaban ajustados a mercado. Ante esta situación, la ya extinta Conselleria de Vivienda creó una comisión junto al sector inmobiliario para renovar la normativa y pactar un nuevo articulado.
Como principales novedades, el decreto, actualmente en vigor, recoge la tan ansiada revisión de los precios y elimina las zonas geográficas, que diferenciaba el valor del módulo entre municipios. Ahora, hay un único valor máximo de venta en el territorio valenciano. El precio máximo de venta para una VPO de promoción privada se fijó en 2.200 euros por metro cuadrado de superficie útil. En cambio, las de promoción pública y las viviendas pertenecientes al patrimonio público se ha establecido en 1.530 euros por metro cuadrado útil.
También, establece la calificación permanente de las viviendas de protección pública para "evitar la especulación" y obliga al solicitante de una vivienda pública a estar inscrito en el registro de demandantes de vivienda de la Generalitat Valenciana. Además, todos los inmuebles que reciban la calificación de protección pública serán inventariados en el registro de oferta de vivienda de la Generalitat Valenciana para tenerlos registrados.
Asimismo, instaura una reserva preferente del 40% de las promociones públicas para alquiler asequible a jóvenes menores de 35 años. Una medida con la que la Administración Valenciana buscaba resolver el problema que este colectivo tiene para emanciparse ante el auge que los precios han experimentado en los últimos tiempos. Ahora, se inicia el trámite de exposición pública para generar un nuevo texto y "mejor el actual", que podrá, o no, mantener algunas de las medidas ya vigentes en la autonomía valenciana.
