Los rectores urgen conocer qué financiación tendrán para iniciar la nueva ley de universidades

VALÈNCIA (EP). La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), reunida en asamblea este jueves en Santiago, se dirige tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas para manifestar unánimemente "la urgencia de contar con una financiación" para poner en marcha la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada hace casi un año.

Así lo ha expresado la presidenta del CRUE y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, en una comparecencia ante los medios para trasladar la postura común de esta reunión celebrada en el Centro de Estudios Avanzados de la capital gallega y en la cual la LOSU y su aplicación efectiva a partir del curso 2024/25 ha sido el tema central.

"Para ello, es urgente que desde el Ministerio (de Ciencia y Universidades) y las comunidades autónomas nos digan en la mayor brevedad posible con la financiación que vamos a contar para ponerla en marcha", ha insistido, ya que esta norma exigirá la creación de más plazas de empleo y la incorporación de más personal.

Eso sí, Alcón no ha concretado cuántos fondos precisa el sistema universitario español. "En el CRUE no podemos entrar en el porcentaje de financiación", ha dicho, porque lo tendrán que definir el Gobierno central y los autonómicos a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

La presidenta de este órgano que agrupa a 77 instituciones académicas ha reconocido que "la preocupación es alta" en todas ellas, porque ya se encuentran "planificando" el próximo curso.

El Ministerio estima que la aprobación de la LOSU establece la creación de más de 4.000 nuevas plazas de profesores, la rebaja de la temporalidad a un máximo del 8% y el objetivo de que, para el año 2030, la financiación de las universidades públicas será el equivalente al 1% del PIB español.

Sobre este último asunto, Eva Alcón también ha dicho que habrá "que mirarlo" a largo plazo y a través de los marcos financieros plurianuales que tienen las universidades con las autonomías. Y es que hay que tener en cuenta que el objetivo del 1% podría suponer diferencias entre unos y otros territorios, en función de si calcula sobre el PIB estatal o el de cada comunidad.

Cotización de las prácticas

Otro de los asuntos abordados en la asamblea del CRUE ha sido la cotización obligatoria de los estudiantes de prácticas, que también entrará en vigor el próximo curso. Alcón ha reconocido que, en este tema, se ha "avanzado" con el Ministerio de Seguridad Social, que ya les ha resuelto "muchas de las dudas" que tenían al respecto.

Eran "dudas técnicas" -sobre los alumnos de Erasmus, los extranjeros y los que ya estaban trabajando, por ejemplo- que las universidades "no podían resolver". En todo caso, la presidenta del CRUE ha reivindicado que las instituciones académicas fueron las que "asumieron la gestión" de las altas y las bajas a la Seguridad Social, por "compromiso con el estudiantado".

Rector de la USC

También ha atendido a los medios el rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, que ha reconocido que todavía está "en una fase muy embrionaria" el definir "cómo se computa", si por el Estado o por las comunidades, y "cómo se reparte" ese 1% de PIB.

"Queda mucho camino por recorrer", ha recalcado el 'anfitrión' de la reunión del CRUE. En este sentido, ha admitido que si se computase el PIB regional se trasladarían la diferencia entre el PIB de cada autonomía al sistema universitario.

Preguntado sobre cómo la USC alcanzará la tasa de empleo temporal del 8% el curso que viene, el rector ha contextualizado que las tres universidades públicas de Galicia, en este sentido, está en una situación "muy diferente a la mayoría del territorio" español.

La de Santiago, ha dicho López, cuenta con un número "muy razonable" de profesores asociados y, por tanto, se considera que "ya" está por debajo de ese 8% gracias a la planificación de personal que se aprobó en el último consejo de gobierno.

Así, confía en que "en octubre" ya estará adaptado el personal de la USC "a los requisitos de la LOSU", que supondría la incorporación de otros 40 trabajadores. En cualquier caso, Antonio López ha dado la bienvenida a si hay "adotación adicional" de fondos.